El procedimiento disciplinario del personal de Justicia

Según el art. 27.4, contra los acuerdos sobre abstención y recusación no cabe recurso: la cuestión se lleva al recurso contra la resolución final. Por eso son falsos la alzada y la reposición contra el rechazo; pero tampoco queda firme sin más: la recusación puede alegarse en el recurso contra el acuerdo que cierra el expediente.

El art. 23 encarga la audiencia a la unidad administrativa a la que corresponde la gestión de personal, que después eleva lo actuado a la autoridad competente para resolver. Instructor y secretario son figuras del expediente por falta grave o muy grave, que en la falta leve no se instruye. A los funcionarios de esa unidad se les aplican las mismas reglas de abstención y recusación.

El art. 29.1 da un mes desde la notificación de la apertura; si no procede pliego, el instructor propone el archivo. Quince días es la ampliación que puede pedir, una sola vez y por causas justificadas, a la autoridad que ordenó la incoación; sube a otro mes si espera el resultado de diligencias de prueba. Diez días es lo que tiene luego el interesado para contestar el pliego.

El art. 26.2 le pide tres cosas: ser funcionario público, no estar destinado en la misma unidad que el expedientado y no haber intervenido en la información previa. El grupo igual o superior es el distractor que más se elige porque es real, pero el art. 26.1 se lo exige al instructor, no al secretario. Ningún cuerpo concreto se exige.

El art. 22.1 fija dos techos: seis meses si la falta es muy grave y tres si es grave. Seis meses es la trampa: es el techo de la falta muy grave. Además, en las faltas graves la medida es excepcional y solo cabe si no adoptarla pudiera perjudicar a la Administración de Justicia, a los intereses generales o a los ciudadanos afectados.

El art. 31.1 exige 48 horas de antelación cuando se admiten pruebas distintas de la documental, para que el interesado pueda intervenir en su práctica. Las 72 horas y los siete días son plazos de la falta leve (art. 23): el aviso de que los testigos se niegan a comparecer y la citación a la audiencia. Para practicar las pruebas, el instructor dispone de un mes.

El art. 25.4 cierra la puerta entera: a la denuncia anónima no se le da trámite, ni siquiera para la información previa del art. 21. La información reservada es la salida tentadora, porque existe y sirve justo para cuando la denuncia no basta para decidir; pero solo cabe con una denuncia que no sea anónima. La gravedad de los hechos no cambia la regla.

El art. 37.3 traza la línea entre los hechos y su calificación: la resolución no puede aceptar hechos distintos de los del pliego y la propuesta, pero sí valorarlos jurídicamente de otro modo. Los hechos nuevos son el error opuesto. Si a la autoridad le faltan diligencias, el camino es devolver el expediente al instructor (art. 36), no completarlo ella.

El art. 38 fija doce meses y añade que no hay caducidad si el expediente se paralizó por causa imputable al interesado. Seis meses es la cifra que se cruza: es la paralización que, según el art. 540.3 de la LOPJ, hace volver a correr la prescripción de la falta, y también el techo de la suspensión provisional por falta muy grave.

El art. 22.1 reparte los papeles: acuerda la autoridad que ordenó la incoación y propone el instructor, mediante resolución motivada y previa audiencia del interesado. El secretario da fe de las actuaciones y ordena el expediente, y la unidad de gestión de personal solo interviene en las faltas leves; ninguno de los dos propone la medida.

El art. 28.2 manda empezar tomando declaración al interesado, a quien se da copia, y practicando las diligencias que se deduzcan de la denuncia y de lo que él haya alegado; en ese acto designa domicilio para las notificaciones. El pliego de cargos llega después, a la vista de esas actuaciones (art. 29), y la puesta de manifiesto del expediente es ya posterior a la prueba (art. 32). La suspensión provisional no la resuelve el instructor: la propone.

El art. 23.a) exige citarle con al menos siete días de antelación, con copia de la documentación existente y la advertencia de que puede comparecer con letrado o con los representantes sindicales que elija. Las 72 horas también salen en ese artículo, pero son otra cosa: la antelación con que el funcionario debe avisar de que sus testigos se niegan a comparecer, para que se les cite de oficio.

El art. 29.3 le da diez días para contestar con alegaciones, aportar documentos y proponer las pruebas que necesite. Quince días es el plazo para alegar frente a la propuesta de resolución (art. 33.2), y un mes, el del instructor para formular el pliego. Frente al pliego son diez días; frente a la propuesta, quince.