Las sanciones y la extinción de la responsabilidad disciplinaria

El art. 16 da cinco causas: el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del funcionario, la prescripción de la falta o de la sanción, el indulto y la amnistía. La cancelación borra la anotación de una sanción y evita que cuente para la reincidencia, pero no figura entre ellas; reparar el daño solo modula la duración de la suspensión (art. 14.4), y el perdón del perjudicado no aparece en el reglamento.

El art. 17 deja una sola salida al archivo, y está en manos del expedientado: que inste de forma motivada que el expediente siga, por ejemplo para limpiar su nombre. Ni la gravedad de la falta ni el perjuicio causado reabren un procedimiento que ha perdido su objeto, y el Ministerio Fiscal no interviene en él.

Los cuatro criterios de graduación (intencionalidad, perjuicio, grado de participación y reiteración o reincidencia) ya los da la LOPJ en su art. 537. El art. 14.1 del reglamento añade el límite: en ningún caso cuentan las sanciones canceladas ni las que podrían haberlo sido aunque no se hiciera la anotación. Las faltas leves anteriores sí pueden contar, y no importa qué administración impuso la sanción.

El art. 13.4 fija el punto de partida en la toma de posesión en el destino al que se traslada a la funcionaria. Lo que dura la prohibición (un año por falta grave, tres por muy grave) ya lo dice la LOPJ en su art. 538; lo que añade el reglamento es desde cuándo se cuenta. La firmeza de la resolución es el punto de partida de otra cosa: la prescripción de la sanción ya impuesta.

El art. 17 no lo trata como prescripción ni como caducidad: la resolución, invocando la causa, declara terminado el procedimiento por desaparición sobrevenida de su objeto y ordena archivar. No se suspende a la espera de que vuelva a ser funcionario. Y eso no cierra otras vías: queda a salvo la responsabilidad patrimonial o penal que se le pueda exigir.

El art. 540.2 de la LOPJ dice «desde la conclusión» de la causa; el art. 18.2 del reglamento precisa que el plazo empieza con la firmeza de la resolución que la concluye, así que una sentencia recurrida todavía no pone el reloj en marcha. Da igual cómo termine la causa: el reglamento no exige condena, ni que se comunique al instructor, ni pone límite a lo que dure el proceso penal.

El art. 14.4 nombra dos circunstancias que pesan especialmente al fijar los días o meses de suspensión: si la falta se agotó en un único acto o fue una conducta repetida, y si el funcionario reparó o disminuyó sus consecuencias. La antigüedad, el horario y el nivel del puesto no están en la lista. La duración se fija de forma motivada en la resolución.

El art. 14.3 rebaja el techo de la suspensión cuando se juntan las dos cosas del enunciado, negligencia y perjuicio no grave: no puede pasar de la mitad de su duración máxima. «En toda su extensión» es lo que cabe en otro caso, cuando falta alguna de las dos condiciones; el traslado forzoso es otra sanción, no un sustituto obligado.