El ámbito y la vigencia del IV Convenio único, la igualdad y la conciliación

El artículo 1.1 aplica el Convenio al personal laboral de la Administración General del Estado, y un ministerio lo es. Las otras tres figuras las excluye el artículo 2: el profesional por minuta o presupuesto (letra e), quien presta servicios por un contrato regulado por la normativa de contratación del sector público (letra d) y el profesorado de religión (letra h). Ninguna de ellas es una relación laboral ordinaria con la Administración.

El artículo 3.1 fija la entrada en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, con las excepciones que el propio Convenio establezca. El 1 de enero de 2019 es otra cosa: es la fecha desde la que rigen sus efectos económicos, no su entrada en vigor. Los veinte días son el plazo que el Código Civil da a las leyes que no fijan otro; el Convenio fija el suyo.

El artículo 4.1 dice que el Convenio forma un todo orgánico e indivisible y que se considera globalmente. Eso impide trocearlo: no se aplica por títulos sueltos ni se puede ir eligiendo, artículo por artículo, lo más favorable de este y de otra regulación.

El artículo 1.3 exige que la mayoría del colectivo afectado manifieste su conformidad a la integración, y admite que lo haga cada persona o sus representantes legítimos. Después la propuesta se tramita y necesita informes favorables, pero esos informes se suman a la conformidad del colectivo, no la sustituyen. No pide unanimidad ni una mayoría cualificada.

El artículo 3.3 dice que, sin denuncia expresa, el Convenio se prorroga automáticamente por períodos anuales. La prórroga no tiene límite de veces: se renueva año a año mientras nadie lo denuncie. Por eso un convenio pactado hasta el 31 de diciembre de 2021 puede seguir rigiendo después.

El artículo 2.b) excluye al personal incluido en el ámbito de otros convenios colectivos de la Administración General del Estado. Al que tiene convenio propio no se le aplica el Convenio único, ni siquiera de forma supletoria. Que trabaje en un ministerio o en un organismo autónomo no cambia nada: lo que decide es que otro convenio lo cubre.

El artículo 3.2 permite la denuncia a cualquiera de las partes dentro de los dos meses inmediatos anteriores a la terminación de la vigencia. El mes que también aparece en ese apartado es otro plazo: el que hay, desde que se recibe la denuncia, para constituir la comisión que negocia el nuevo convenio. La denuncia va antes de que termine la vigencia, no después.

El artículo 6.2 dice que la conciliación es transversal a todo el Convenio y que se concreta, en particular, en tres materias: la jornada y los permisos, la provisión y la movilidad, y la formación y el perfeccionamiento profesional. El régimen disciplinario, la clasificación y la estructura salarial no están en esa lista.

El artículo 1.1 lo dice en una línea: personal laboral, de la Administración General del Estado y de sus organismos autónomos. Los organismos autónomos están dentro desde el primer apartado. No se aplica a los funcionarios, que tienen su régimen estatutario, y tampoco a todo el sector público estatal: las entidades que el artículo 1 no cita expresamente quedan fuera por el artículo 2.g).

El artículo 4.3 dice que las condiciones de toda índole del IV Convenio compensan y sustituyen a todas las del III Convenio único, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. No conviven con las antiguas ni se limitan a lo económico, y el origen de la condición tampoco la salva.

El artículo 1.2.a) extiende el Convenio al personal laboral de «la Administración de Justicia no transferida». Donde la competencia ya pasó a una comunidad autónoma, ese personal depende de ella y no del Convenio de la Administración del Estado. El criterio es la transferencia, no el ámbito territorial del órgano judicial.

El artículo 5.1 la configura como un principio básico que informa con carácter transversal todo el contenido del Convenio y como criterio interpretativo para aplicarlo. Por ser transversal no se limita a una materia, y por ser criterio interpretativo no es una mera declaración programática.