La provisión de puestos y la movilidad del personal laboral

El artículo 41.4 respeta, siempre que se pueda, la clasificación profesional de la trabajadora. Si no hay puesto ni función de su grupo, permite destinarla a un puesto del mismo o inferior grupo, en la misma localidad y manteniendo las retribuciones del puesto de origen. La localidad no cambia y el sueldo tampoco baja, aunque el puesto sea de un grupo inferior. Dejarla en un puesto con riesgo es justo lo que el artículo evita, y el grupo superior no está previsto.

El artículo 48.2 da, en general, la retribución del puesto que efectivamente se desempeña, pero exceptúa la encomienda de funciones de grupo inferior: ahí se mantiene la retribución de origen. Ese es el distractor tentador: aplicar la regla general a la excepción. El Convenio no prevé ni recortes de complementos ni una media.

El artículo 44.1 permite mover a la persona con su puesto a otra unidad por razones excepcionales de organización, pero si eso cambia la localidad, solo puede hacerse con la conformidad previa de quien ocupa el puesto. Por eso no es una movilidad que la Administración imponga, y un preaviso no basta. Los dos años de permanencia son un requisito del concurso abierto y permanente, no de esta movilidad.

El artículo 42.5 exige el previo consentimiento de la persona cuando la movilidad por salud la lleva a un grupo profesional inferior, y la novación modificativa del contrato que se produce no le deja conservar ningún derecho de su grupo de origen. Que la Administración pueda iniciar esta movilidad (art. 42.1) no la dispensa del consentimiento para bajar de grupo. Y no hay indemnización: la movilidad se considera voluntaria y no da derecho a ninguna.

El artículo 45.1 permite atender las peticiones de traslado del personal laboral fijo de otras Administraciones Públicas siempre que exista un Acuerdo de reciprocidad expreso o un Convenio que recoja expresamente la movilidad interadministrativa. La movilidad entre convenios de la propia AGE también existe (art. 45.3), pero no es la única. El concurso abierto y permanente es para el personal laboral fijo incluido en el ámbito del Convenio (art. 36.1), y los dos años no son la condición de este artículo.

El artículo 38 revoca la permuta, con el retorno del trabajador afectado a su puesto de origen, cuando uno de los dos se jubila en los dos años siguientes a la fecha de efectos del acuerdo. Un año está dentro de ese plazo, así que no se consolida ni queda a elección de quien sigue. Pasados los dos años, la jubilación ya no la deshace.

El artículo 37.2 libera de la permanencia mínima de dos años a quien se ve afectado por el plan de ordenación y concursa a consecuencia de él: puede ir al concurso abierto y permanente sin esperarla. La permanencia solo vuelve a contar cuando obtiene un puesto en el concurso abierto y permanente. No se le reduce a un año ni se le cuenta desde el concurso extraordinario: sencillamente no se le pide.

El artículo 47.4 cierra esa puerta: cuando alguien hace funciones distintas de las habituales por una movilidad funcional, no pueden invocarse las causas de despido objetivo por ineptitud sobrevenida ni por falta de adaptación. Que haya habido formación, que pase un tiempo o que la movilidad fuera voluntaria no lo cambia: el artículo no hace excepciones.

El artículo 40.1.e) da al traslado una duración inicial de seis meses y obliga a reservar el puesto durante ese periodo; terminado, la reserva decae. Los dieciocho meses son otra cosa: el plazo, contado desde el traslado, en el que la trabajadora tiene que optar entre volver a un destino de características similares o seguir en el nuevo puesto. Ni el año prorrogable ni la orden de protección aparecen en el artículo.

El artículo 42.2 da dos meses, contados desde la notificación de la resolución que declara la incapacidad permanente total; si no presenta la solicitud en ese plazo, su derecho a pedir esta movilidad se extingue. La salvedad es la del Estatuto de los Trabajadores, para cuando el órgano de calificación prevé una revisión por mejoría o agravamiento. Uno, seis o doce meses no son plazos de este artículo.

El artículo 51.2 obliga a comunicar por escrito, con quince días de antelación, las razones y la duración aproximada del desplazamiento, que en ningún caso puede superar los doce meses. Seis y dieciocho meses son cifras de otras movilidades del mismo título (la duración inicial del traslado por violencia de género y el plazo para optar), no del desplazamiento temporal.

El artículo 50.4 reserva los gastos de viaje, las dietas, el transporte de mobiliario y la cantidad a tanto alzado al traslado obligatorio entre centros distantes más de 50 kilómetros o con cambio de isla, y siempre que suponga un cambio efectivo de residencia: hacen falta las dos cosas. El traslado obligatorio a menos de 50 kilómetros tiene otro régimen, el del artículo 50.5, que no incluye esos gastos. Que sea colectivo o cruce una comunidad autónoma no es lo que el Convenio mira.

El artículo 36.5 dice que estos traslados son voluntarios pero no renunciables una vez adjudicada la plaza definitivamente, con una sola salida: haber obtenido otro destino por convocatoria pública antes de que termine el plazo de incorporación. Que sea voluntario no permite renunciar después. No hay indemnización a la que renunciar, porque el mismo apartado dice que no dan lugar a ninguna. Y hasta la propuesta de resolución provisional lo que cabe es desistir de la solicitud (art. 36.3), así que la adjudicación provisional no cierra nada.

El artículo 36.1 pide, para participar en el concurso abierto y permanente, dos años en el último puesto obtenido con carácter definitivo, pero exceptúa a quien solicita un puesto en la misma Secretaría de Estado en la que tiene su destino definitivo (y, a falta de ella, en el mismo departamento u organismo). Por eso el año que lleva le basta. Los dos años serían la respuesta si pidiera un puesto de otro departamento; los tres años y el informe de la unidad no los pide el Convenio.

El artículo 35.1 hace del concurso abierto y permanente, de carácter interdepartamental, el procedimiento ordinario: los puestos se adjudican valorando los méritos de quienes participan. El concurso extraordinario es lo contrario, la excepción ligada a razones organizativas o a un plan de ordenación (arts. 35.2 y 37), y la permuta también se autoriza «con carácter excepcional» (art. 38). La libre designación no figura entre las formas de provisión del Convenio.