Los derechos y deberes digitales ante la Administración de Justicia

El art. 7.2 encarga dotar de esos sistemas a las administraciones públicas con competencia en medios materiales y personales de la Administración de Justicia, que es quien los pone a disposición según el apartado anterior. El artículo no se lo encarga al CGPJ, a las Salas de Gobierno ni a los ayuntamientos.

El párrafo final del art. 6.2 encarga a las administraciones con competencias en materia de Justicia definir, mediante convenios y protocolos, los términos, medios y medidas tecnológicas que hagan posibles la desconexión, la conciliación y el descanso. No lo deja a un reglamento del CGPJ, a las Salas de Gobierno ni a un real decreto. No hay que confundirlo con la desconexión digital de los trabajadores de la LO 3/2018, que se modula por negociación colectiva.

El art. 5.3 reconoce a las personas jurídicas el derecho del apartado 1 y casi todas las letras del apartado 2, pero se salta dos: la e), elegir entre los canales disponibles el que usar para relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, y la k), elegir las aplicaciones o sistemas. Conocer el estado de tramitación es la letra f), la copia del expediente la g) y las aplicaciones en todas las lenguas oficiales la l): las tres están en la lista, así que la sociedad las conserva.

La letra l) del art. 5.2 pide que las aplicaciones o sistemas estén disponibles en todas las lenguas oficiales del Estado, en los términos del art. 231 de la LOPJ. No se limita al castellano más la cooficial de quien las usa ni a la lengua del lugar donde está el órgano, y las lenguas de la Unión Europea no entran: el eje es el de las lenguas oficiales en España.

El art. 6.4 dice que el acceso se asegura mediante puntos de acceso electrónico que consisten en sedes judiciales electrónicas creadas y gestionadas por esas administraciones y disponibles para los profesionales a través de redes de comunicación. No nombra plataformas de los Consejos profesionales ni un portal único del CGPJ, y la Carpeta Justicia, que el real decreto-ley regula en otro capítulo, no es lo que nombra este artículo.

El art. 6.3 impone a los profesionales el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las administraciones competentes en materia de Justicia, respetando las garantías del procedimiento. No depende de lo que acuerde el órgano en cada asunto ni de una homologación del colegio. Elegir aplicaciones con estándares abiertos es un derecho de los ciudadanos (art. 5.2.k), no de los profesionales, que usan los sistemas establecidos.

La letra a) del art. 6.2 da ese derecho al profesional que, según conste en el procedimiento judicial, ostente la representación procesal o asuma la defensa jurídica de una parte personada o de quien haya acreditado interés legítimo y directo. Lo que cuenta es lo que consta en el propio procedimiento: no una acreditación del colegio ni una autorización del letrado de la Administración de Justicia, y darse de alta en la sede es el medio de acceso, no el título.

La letra h) del art. 5.2 remite la conservación a la normativa vigente en materia de archivos judiciales. La protección de datos es otro derecho de la misma lista, la letra j), y protege la seguridad y la confidencialidad de lo tratado, no dice cómo se conserva; la transparencia y el patrimonio documental no son las normas a las que remite el artículo.

El art. 7.1 obliga a órganos y oficinas judiciales, fiscalías y oficinas fiscales a usar los medios que les ponga a disposición la Administración competente, siempre que cumplan los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad, la normativa técnica, los requisitos funcionales del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica y la de protección de datos. La condición es técnica: no depende de una autorización previa de la Fiscalía General ni de su Junta, ni del consentimiento de las partes.

La letra g) del art. 5.2 da el derecho a acceder al expediente judicial electrónico y obtener copia a quien tenga la condición de parte o acredite interés legítimo y directo, en los términos de la LOPJ y las leyes procesales. Quien no es parte entra por la segunda vía. El artículo no menciona la vecindad, el derecho no espera al final del pleito e identificarse con un certificado es la forma de acceder, no lo que da el derecho.