La identificación y la firma electrónicas en la Justicia

El art. 25.2 da dos sistemas para la actuación judicial automatizada: los certificados cualificados de sello electrónico de Administración Pública (letra a) y los sistemas de Código Seguro de Verificación (letra b). La firma con atributo de representante es la de las personas jurídicas (art. 21), la no criptográfica es la de las videoconferencias (art. 23) y la del funcionario habilitado sirve para identificar al ciudadano sin medios (art. 29): ninguna identifica una actuación automatizada.

El art. 27.2 separa dos casos: el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica determina los sistemas de firma de los fiscales, de los letrados de la Administración de Justicia y del demás personal, y los de jueces, juezas, magistrados y magistradas los determina y provee el Consejo General del Poder Judicial, que puede acordar por convenio que el proveedor sea la Administración competente. El Comité es el distractor tentador porque decide la firma de todos los demás.

El art. 26.5 cuenta las versiones personalizadas entre las medidas de seguridad de los documentos, con las marcas de agua y los sistemas anticopia, y les da una finalidad: detectar a la persona concreta que hubiera difundido un documento de forma no autorizada. La versión anonimizada es otro mecanismo que el mismo apartado permite habilitar, y el cotejo de la autenticidad e integridad es lo que hace el Código Seguro de Verificación (art. 26.1).

El art. 21 permite a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica usar sistemas de firma electrónica con atributo de representante para todos los procedimientos y actuaciones ante la Administración de Justicia, siempre que sea conforme con las leyes procesales. El Código Seguro de Verificación lo gestionan las administraciones con competencias en medios de la Justicia (arts. 25.2 y 26); la firma no criptográfica es la de las videoconferencias, cuando la acuerda quien dirige el acto (art. 23), y el funcionario habilitado identifica al ciudadano o ciudadana que no dispone de medios (art. 29).

El art. 29 permite que un funcionario habilitado identifique al ciudadano que no dispone de medios, con el consentimiento expreso de este y dejando constancia; y su apartado 3 dice que, si la constancia se obtiene con una firma, podrá ser manuscrita, en papel o en dispositivos técnicos idóneos para capturarla que la gestionen con medidas de seguridad equivalentes a la firma avanzada del Reglamento (UE) 910/2014. No exige expedirle un certificado ni una ratificación posterior, y el sello de la sede es de la Administración, no de quien consiente.

El art. 26.1 dice que el Código Seguro de Verificación, en el documento electrónico o en su versión impresa, permite cotejar su autenticidad e integridad, y que ese cotejo se hace en la sede judicial electrónica correspondiente al órgano que emitió el documento; por eso el documento lleva la dirección electrónica en la que hacerlo (art. 26.2). No es la Carpeta Justicia de quien lo recibe, ni la oficina ante la que se presenta la copia, ni el punto de acceso de otra Administración.

El art. 23.1 prevé, para las actuaciones por videoconferencia y en los casos que determine quien las dirige (el juez o tribunal, el fiscal o el letrado de la Administración de Justicia, o el personal que en su ausencia atienda la actuación), un sistema de información para la identificación y firma no criptográfica. No exige un certificado cualificado expedido para el acto; el Código Seguro de Verificación sirve para cotejar documentos (art. 26), y la firma manuscrita capturada en un dispositivo es la constancia del consentimiento cuando identifica un funcionario habilitado (art. 29.3).

El art. 20.1 permite que, en el marco del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, se determine el nivel de firma de cada actuación, y lo hace en la Guía de Interoperabilidad y Seguridad de autenticación, certificados y firma electrónica «en proporción al nivel de seguridad que se estime necesario para cada clase de actuación». El criterio es la seguridad que pide la actuación, no el orden jurisdiccional, la cuantía del asunto ni la condición de quien firma.

El art. 28 dice que la Administración de Justicia admitirá todos los sistemas de firma e identificación electrónica incluidos en la lista que la Comisión Europea publica en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (art. 9.2 del Reglamento (UE) 910/2014). No añade la aprobación del Comité técnico estatal, ni un nivel de seguridad mínimo, ni reciprocidad. Otra cosa son los sistemas de otros países con los que la Administración de Justicia llegue a un acuerdo, que reconocen los arts. 19 y 20.