Los registros y los archivos electrónicos de la Administración de Justicia

El art. 70.3 da dos salidas ante una interrupción no planificada: disponer, siempre que sea posible, medidas para que el usuario sepa de ella y de sus efectos, con indicación, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento; o, alternativamente, un redireccionamiento que permita usar otro registro electrónico en sustitución del interrumpido. No suspende los plazos procesales en general: la prórroga que menciona es la de los que están a punto de vencer, y se comunica como un efecto. Ni el papel ni el correo electrónico aparecen como alternativa.

El art. 73.1 configura el Registro Electrónico Común de manera complementaria e interoperable con los registros de las administraciones con competencia de Justicia, y el 73.3 repite su carácter complementario respecto de los sistemas de las comunidades autónomas que se adhieran. No los sustituye ni los dirige. Tampoco recoge lo que otros no pueden tramitar: al contrario, el 73.5 le encarga informar y redirigir a los registros competentes cuando un documento tiene su propio registro o aplicación.

El art. 74.6 fija una validez determinada máxima de cinco años desde la fecha de inscripción. Antes de que acabe, el poderdante puede revocarla o prorrogarla, y cada prórroga vale también un máximo de cinco años, contados desde la inscripción o desde la última prórroga. No es, por tanto, una inscripción sin plazo que dure hasta que se revoque.

El art. 70.2 limita lo que admite cada registro judicial electrónico a los escritos y documentos dirigidos a los órganos judiciales, oficinas judiciales y oficinas fiscales adscritos a él. No hay una regla por orden jurisdiccional, por provincia o por comunidad autónoma, ni importa quién presenta. La vía común para los escritos dirigidos a la Administración de Justicia es otra: el Registro Electrónico Común (art. 73), complementario de los demás registros.

El art. 69.2 impone la obligación a los profesionales que intervienen ante la Administración de Justicia. El registro recoge también los datos de contacto que las partes y los interesados facilitan durante el procedimiento (69.1), pero a quien no está obligado a relacionarse por medios electrónicos el art. 69.4 le permite darlos y pedir su eliminación en cualquier momento: es una opción, no un deber. Estar personado o litigar sin abogado no convierte a nadie en obligado, y de peritos y testigos el artículo no dice nada.

El art. 79 obliga a las Administraciones con competencias en Justicia a disponer de un sistema de archivo judicial electrónico que asegure el acceso y la conservación a largo plazo de los expedientes y documentos judiciales electrónicos, y deja a cada administración con competencias en medios de Justicia decidir cómo se provee: por servicios comunes, por las sedes electrónicas de cada territorio o por ambos. Al Comité técnico estatal le toca otra cosa: definir por normativa técnica, si no lo hace el reglamento, los términos de su interoperabilidad y de una calidad equivalente en todo el territorio. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni las Salas de Gobierno aparecen en el artículo.

El art. 71.2 dice que los registros electrónicos generan recibos acreditativos de la entrega de los documentos que acompañan al escrito, y que esos recibos garantizan la integridad y el no repudio de lo aportado, además de la fecha y hora de presentación y el número de registro de entrada. Acreditar la entrega no es admitir el documento como prueba, que lo decide el órgano conforme a las leyes procesales, ni compararlo con un original en papel. Tampoco dice el artículo que el recibo lo incorpore de inmediato al expediente.

El art. 72.1 fija el inicio del cómputo de los plazos de los órganos judiciales, las oficinas judiciales y las oficinas fiscales en la fecha y la hora de presentación en el propio registro, no en un trámite posterior de la oficina, como la dación de cuenta o la incorporación al expediente. La referencia es la fecha y hora oficial de la sede judicial electrónica de acceso. El traslado al día hábil siguiente es otra regla, la del art. 72.3, y se refiere a lo que presentan los interesados en día inhábil.

El art. 72.3 traslada la presentación hecha en día inhábil procesal a la primera hora hábil del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El registro sí está abierto: el art. 72.2 permite presentar todos los días del año durante las veinticuatro horas, y por eso el escrito se admite; lo que cambia es el momento en que se tiene por presentado. No se retrotrae al día hábil anterior, y la fecha no depende de cuándo lo abra la oficina.