La sede judicial electrónica y la Carpeta Justicia

El art. 10.2 enumera los servicios que toda sede judicial electrónica tiene que ofrecer al menos, y su letra k) es la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Junto a ella están la carta de servicios y la de servicios electrónicos (letra b) y el enlace para pedir cita para la asistencia jurídica gratuita (letra l). Ni el Plan de Transparencia Judicial, ni el código de conducta de los usuarios de los sistemas informáticos, ni ningún reglamento del Consejo General del Poder Judicial figuran en esa lista.

El art. 9.1, después de llevar esos servicios preferentemente a las sedes judiciales electrónicas, añade que podrán ser accesibles desde la Carpeta Justicia, en las condiciones que establezca el Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. La Carpeta Ciudadana es la del sector público estatal, con la que la Carpeta Justicia solo tiene que ser interoperable (art. 13.5); el Punto Común de Actos de Comunicación y el Registro Electrónico Común tienen otras funciones, en los títulos III y V.

El art. 16.1 obliga a los sistemas informáticos a dejar constancia, en cada acceso a la Carpeta Justicia, de la información a la que se ha accedido y de la fecha y la hora. Con eso el ciudadano puede verificar después sus accesos previos (art. 15.1.d). El artículo no pide registrar el dispositivo ni la dirección de red, ni el sistema de identificación usado, ni exige declarar un motivo para entrar.

El art. 13.1 dice que, para usar la Carpeta Justicia, el ciudadano y su profesional autorizado deben identificarse previamente en alguna de las formas que prevé el real decreto-ley. La identificación es de quien accede, no la da el letrado de la Administración de Justicia, ni el órgano que tramita el procedimiento, ni el colegio profesional del abogado o del procurador.

El art. 17.4 no deja fuera de la información electrónica los procedimientos que no están en soporte electrónico: para ellos se habilitan servicios que comprenden, cuando menos, el estado de la tramitación y el órgano judicial competente. No obliga a digitalizar las resoluciones ni a informar del señalamiento o de las partes; el acceso a los expedientes electrónicos completos es el del art. 17.1, para quien es parte.

El art. 12.5 prevé para las personas jurídicas cuyo volumen de causas pueda dificultar la gestión a través del Punto de Acceso General sistemas específicos según niveles de volumen de expedientes o áreas de gestión, conforme a los acuerdos del apartado 2. No las devuelve al papel ni les asigna un órgano judicial único, y la Carpeta Ciudadana es la del sector público estatal, no un acceso a los expedientes judiciales.

El art. 11 es una regla especial de responsabilidad: de la veracidad e integridad del contenido responde el órgano que origina la información que se incluye en la sede, aquí la oficina fiscal. El titular de la sede es el distractor tentador, porque el art. 8.3 le hace garantizar la integridad y la actualización de la información y el acceso a los servicios, pero la veracidad de lo que otro órgano aporta no es suya. El órgano que gestiona la sede y el Comité técnico estatal tampoco responden de ella.

El art. 15.1.d incluye entre los contenidos mínimos de la Carpeta Justicia la posibilidad de que el ciudadano verifique sus accesos previos, que es la otra cara del art. 16.1: cada acceso deja constancia de qué se consultó y cuándo. La carpeta da acceso a los expedientes en que el ciudadano es parte o interesado (letra e), no a las sentencias de cualquier procedimiento; y ni el pago de multas y costas ni la presentación de demandas sin abogado ni procurador figuran en la lista.

El art. 18.1 permite pedir por la Carpeta Justicia cita previa ante los órganos y las oficinas judiciales y las oficinas fiscales, y ver las citas ya señaladas. Los servicios de orientación jurídica son el distractor tentador, pero lo que la norma prevé para la asistencia jurídica gratuita es un enlace en cada sede judicial electrónica a sus instrucciones o a su cita (art. 10.2.l), no la cita previa de la carpeta. Las oficinas de asistencia en materia de registros son de las Administraciones públicas, y los Institutos de Medicina Legal no figuran en el artículo.

El art. 8.6 remite al art. 38 de la Ley 40/2015, que es el que regula la sede electrónica de las Administraciones públicas. La Ley 18/2011 es el distractor tentador: era la que regulaba antes las sedes judiciales electrónicas, pero la disposición derogatoria única del propio real decreto-ley la deroga. La Ley 39/2015 y la Ley 6/2020 aparecen en el art. 19 para la identificación electrónica, no para la sede.

El art. 12.1 configura el Punto de Acceso General como un portal orientado a los ciudadanos con su propia sede electrónica, que como mínimo contiene la Carpeta Justicia y el directorio de las sedes judiciales electrónicas. El enlace al Tablón Edictal Judicial Único y el acceso a la agenda de señalamientos y a la videoconferencia son servicios mínimos de cada sede judicial electrónica (art. 10.2), y la cita previa se pide por la Carpeta Justicia (art. 18); los registros electrónicos tienen su propio título.