Las medidas de apoyo a las personas con discapacidad y la filiación

Como regla, el art. 768.3 manda oír antes a los afectados. Si hay urgencia, las medidas se acuerdan sin más trámites, y el letrado de la Administración de Justicia cita a los interesados a una comparecencia dentro de los diez días siguientes; después el tribunal resuelve por auto. Veinte días es el plazo para contestar a la demanda en estos procesos (art. 753), no el de esta comparecencia.

El art. 761 remite la revisión a la legislación civil y a los trámites de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Solo si en ese expediente hay oposición o no puede resolverse se acude al proceso contencioso de este capítulo, que pueden promover los legitimados del art. 757.1 y quien ejerza el apoyo. No es un incidente del proceso anterior ni el recurso de revisión, que sirve para rescindir sentencias firmes por causas tasadas.

El art. 757.1 legitima a la propia persona, a su cónyuge no separado de hecho o legalmente o a quien esté en una situación de hecho asimilable, y a sus descendientes, ascendientes y hermanos: el nieto es descendiente. El cónyuge separado de hecho queda fuera precisamente por estarlo, y el sobrino y el tío son colaterales más lejanos que el hermano. Es una lista cerrada.

La audiencia a los parientes más próximos es una de las pruebas preceptivas del art. 759.1, y de ahí sale el distractor que la da por inexcusable. Pero el art. 759.2 la exceptúa cuando la demanda la presenta la propia persona con discapacidad: a petición suya y de forma excepcional, el tribunal puede no practicar esas audiencias si conviene más a su intimidad. La ley no pide para ello la conformidad del fiscal ni prevé informes escritos en su lugar.

La regla general del art. 756.2 es que conozca de la demanda la autoridad judicial que llevó el expediente de jurisdicción voluntaria, y por eso tienta Toledo. Pero el propio artículo la exceptúa cuando la persona cambia después de residencia: entonces es competente el juez de primera instancia del lugar en que reside (hoy, un juez del Tribunal de Instancia de ese lugar: el de su Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde la haya, art. 86.5.g LOPJ, y si no, el de la Sección Civil o el de la Única). El domicilio del demandante no cuenta, y no hay elección.

El art. 758.2 manda al letrado de la Administración de Justicia designarle un defensor judicial, salvo que ya lo tenga o que su defensa corresponda al Ministerio Fiscal por no ser este el promotor. Aquí el fiscal es quien promovió el proceso, así que no puede defender a la persona demandada: la opción que le da la defensa olvida esa condición. No hay rebeldía ni nombramiento del turno de oficio.

El art. 767.4 no obliga a nadie a someterse a la prueba ni la impone por la fuerza: atribuye a la negativa injustificada una consecuencia probatoria. Permite al tribunal declarar la filiación reclamada si hay otros indicios y la prueba no se ha obtenido por otros medios. No hay multas coercitivas, y tener por confeso al demandado en los hechos de la demanda va mucho más allá de lo que dice el artículo.

El art. 767.1 es tajante: en ningún caso se admite la demanda sin un principio de prueba de los hechos en que se funda. No hace falta traer ya hecha la prueba biológica, que se practica dentro del proceso (art. 767.2), ni un informe previo del fiscal ni una declaración de la otra parte.

El art. 765.1 pone a los dos al mismo nivel: la acción del hijo menor la ejercitan su representante legal o el Ministerio Fiscal, indistintamente. El orden subsidiario («en su defecto») es el del hijo con discapacidad que tiene medidas de apoyo para ejercitarla, donde el fiscal actúa solo a falta de la propia persona o de quien preste el apoyo con facultad expresa.

El art. 764.2 cierra dos puertas: no se admite la demanda que impugna una filiación declarada por sentencia firme, y si la sentencia se acredita cuando el proceso ya ha empezado, el tribunal lo archiva de plano. No hay suspensión, ni se espera a la sentencia para apreciar la cosa juzgada, ni un trámite de alegaciones previo.

El art. 757.2 obliga al Ministerio Fiscal a promover el proceso cuando los legitimados no existen o no han presentado la demanda; que haya familiares que podrían demandar no le exime si no lo han hecho. La única salvedad es que concluya que la persona puede obtener los apoyos por otras vías. Ni la oposición de la persona ni la falta de patrimonio figuran en la ley como excepción.

El art. 762.1 no deja al tribunal a la espera: adopta de oficio las medidas que estime necesarias para proteger a la persona o su patrimonio y pone el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es el fiscal, y no el tribunal, quien inicia el expediente de jurisdicción voluntaria si lo estima procedente. Que el fiscal pueda también pedir las medidas (art. 762.2) no obliga al tribunal a esperar su petición.

El art. 763.1 da dos reglas. La autorización previa se pide al tribunal del lugar donde reside la persona, y por eso tienta Soria. Pero en los internamientos urgentes la ratificación corresponde al tribunal del lugar en que radica el centro donde se produjo el internamiento: aquí, Zaragoza. La familia no elige, y el domicilio de quien pidió el ingreso no cuenta.