La casación

Por regla general la casación exige infracción de norma procesal o sustantiva e interés casacional, pero el art. 477.2 permite recurrir en todo caso las sentencias dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de amparo, aun sin interés casacional. Esa es la única dispensa que da el artículo: ni el tipo de juicio o su cuantía, ni la materia de familia, ni el sentido revocatorio de la apelación eximen del interés casacional.

La regla del art. 478.1 es que la casación corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia solo la conocen si el recurso se funda, solo o junto a otros motivos, en la infracción del Derecho civil, foral o especial de la comunidad y su Estatuto lo prevé. Aquí se invoca solo derecho estatal, así que la sede aragonesa del tribunal no basta para llevarlo al Tribunal Superior.

Ya ante el tribunal de casación, el art. 483.1 encarga al letrado de la Administración de Justicia comprobar, al acabar el emplazamiento, que el recurso se interpuso en tiempo y en forma, y si no es así, inadmitirlo él mismo mediante decreto. Solo cuando el recurso supera ese control eleva las actuaciones a la Sección de Admisión (art. 483.2). Es distinto del primer control, ante el tribunal que dictó la sentencia, donde el letrado no inadmite y da cuenta al tribunal (art. 479.2). La diligencia de ordenación no es la forma que la ley da a esta decisión.

El art. 479.1 da veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución impugnada. Tres días es lo que tiene el letrado de la Administración de Justicia para tener por interpuesto el recurso, y diez, lo que tiene el tribunal para decidir sobre su admisión (art. 479.2): son plazos para resolver, no para recurrir.

El art. 477.5 excluye de la casación la valoración de la prueba y la fijación de hechos, con una sola salvedad: el error de hecho patente e inmediatamente verificable a partir de las propias actuaciones. Que la Audiencia discrepe de la primera instancia no abre la vía, y un dictamen nuevo tampoco: el error tiene que verse en lo ya actuado, no probarse con algo traído al recurso.

El art. 477.1 abre la casación a las sentencias que ponen fin a la segunda instancia dictadas por las Audiencias Provinciales cuando, conforme a la ley, deben actuar como órgano colegiado. Las que dicta la Audiencia con un solo magistrado quedan fuera por esa misma condición. Ninguna sentencia de primera instancia va a casación, cualquiera que sea el juicio o su cuantía: el artículo solo abre la casación contra las que ponen fin a la segunda instancia.

El art. 481.2 ordena articular la casación en motivos y prohíbe acumular infracciones diferentes en un mismo motivo: cada infracción, el suyo. Que afecten a la misma norma no lo cambia, y la ley no ata los motivos a los pronunciamientos del fallo sino a las infracciones.

La vista en casación la decide el tribunal: el art. 486.1 manda señalarla solo cuando el tribunal la ha acordado por providencia, por considerarla conveniente para la mejor impartición de justicia; si no, la Sala señala la deliberación, votación y fallo. Las partes pueden pedirla (arts. 481.1 y 485), pero su petición, aunque sea de todas, no la impone, y da igual que se haya presentado o no oposición.

El art. 479.1 manda interponer la casación ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, que aquí es la Audiencia Provincial; quien la decide después es otro órgano (la Sala Primera del Tribunal Supremo o, en el Derecho foral, el Tribunal Superior de Justicia), al que se remiten los autos. Interponerla directamente ante el Supremo confunde ante quién se presenta con quién resuelve, y el tribunal de primera instancia no dictó la resolución que se recurre.

Contra la providencia que tiene por interpuesto el recurso no cabe recurso alguno, pero el art. 479.2 le da a la parte recurrida un momento para discutir la admisión: al comparecer ante el tribunal de casación. Ante el tribunal que dictó la sentencia no hay ese trámite: la oposición se hace ante el de casación. Los cinco días desde la notificación son el plazo de un recurso contra la providencia que la ley excluye. Y el escrito de oposición llega cuando el recurso ya está admitido (art. 485): para entonces la admisión está decidida, y contra lo que resuelve sobre ella no cabe recurso (art. 483.4).

El art. 477.4 permite a la Sala apreciar interés casacional notorio si la cuestión es de interés general para la interpretación uniforme de la ley, y define ese interés general: que la cuestión afecte potencial o efectivamente a un gran número de situaciones, en sí misma o por trascender del caso. No depende de la cuantía del pleito ni de lo que pidan las partes o el Ministerio Fiscal: lo aprecia la Sala.

El art. 484.1 obliga a examinar la competencia antes que la admisibilidad y, si la Sala no se considera competente, a oír a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días antes de remitir las actuaciones; el emplazamiento ante la Sala competente es también de diez días. Cinco días es lo que tiene el letrado para remitir los autos al tribunal de casación (art. 482.1), y tres, lo que tiene para tener por interpuesto el recurso (art. 479.2): ninguno es una audiencia a las partes.

El art. 487.3 ordena empezar por el motivo o motivos cuya estimación determine una reposición de las actuaciones: si prosperan, el proceso vuelve atrás y no tiene sentido pronunciarse antes sobre el fondo. Por eso la prioridad no es de la infracción sustantiva, y el orden lo fija la ley, no el que eligió el recurrente.

El último párrafo del art. 483.3 evita que una infracción mal planteada arrastre al resto: si la causa de inadmisión afecta solo a alguna, la Sala admite el recurso respecto de las demás. Ni cae el recurso entero ni se admite entero, y la ley no prevé aquí un trámite de subsanación.

El art. 482.1 manda al letrado de la Administración de Justicia remitir los autos originales, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que tiene por interpuesto el recurso, con emplazamiento de las partes por término de treinta días. Veinte días es lo que se da para interponer el recurso (art. 479.1) y para oponerse a él una vez admitido (art. 485).

El art. 477.6 exige acreditar que, de haber sido posible, la infracción procesal se denunció en la instancia y, si se produjo en la primera, que la denuncia se reprodujo en la segunda; si el defecto era subsanable, hay que haber pedido además la subsanación. No basta denunciarla por primera vez en la apelación, y ni el incidente excepcional de nulidad ni la aclaración son el cauce que la ley pide aquí.

El segundo párrafo del art. 477.1 declara también recurribles en casación las sentencias de las Audiencias Provinciales en los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que agotan la vía administrativa en propiedad industrial. Que la resolución de origen sea administrativa tienta con el recurso contencioso-administrativo, pero la ley lleva estos recursos al orden civil; y la apelación no cabe porque la Audiencia ya es la que resuelve el recurso.

La incomparecencia del recurrente tiene una consecuencia fija en el art. 482.1: el letrado de la Administración de Justicia declara desierto el recurso y la resolución recurrida queda firme. No hay plazo adicional ni se sigue el recurso en rebeldía de quien lo interpuso; y no se llega a dar cuenta a la Sala para decidir sobre la admisión, porque el recurso ya no existe.

El art. 487.1 hace de la sentencia la regla y admite el auto en un solo supuesto: que exista ya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión y la resolución impugnada se oponga a ella. Ese auto casa la resolución y devuelve el asunto al tribunal de procedencia para que resuelva conforme a la doctrina. La falta de fundamento lleva a no admitir el recurso, no a decidirlo, y que sea procesal o que no haya vista no cambia la forma.