Qué juicio corresponde: el ordinario o el verbal

«En ningún caso» puede el tribunal inadmitir la demanda porque entienda inadecuado el procedimiento por razón de la cuantía (art. 254.4): se reconduce al cauce que corresponde. Lo demás sí puede hacerse: el tribunal no está vinculado por el tipo de juicio pedido (art. 254.1), y se corrigen de oficio los errores aritméticos y la regla de cálculo mal elegida si la demanda trae los datos para calcularla (art. 254.3).

Las acciones de la Ley de Propiedad Horizontal van al ordinario «siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad» (art. 249.1.8.º); si solo se reclama cantidad, van al verbal sea cual fuere esa cantidad (art. 250.1.15.º). Es la materia la que decide, así que superar el límite del verbal no lleva al ordinario. El monitorio es una vía posible, pero no una condición para el verbal.

En los juicios sobre prestaciones periódicas, temporales o vitalicias, el valor es el importe de una anualidad multiplicado por diez (art. 251.7.ª): 2.400 × 10 = 24.000 euros. La anualidad sola, 2.400 euros, solo sería la cuantía si el plazo de la prestación fuera inferior a un año, y entonces se estaría a su importe total. Las otras dos cifras multiplican por veinte y por cien, que no es ninguna regla.

La cuantía se expresa con claridad y precisión, pero el art. 253.2 admite la forma relativa si el actor justifica que el interés económico al menos iguala la cuantía mínima del juicio ordinario o que no rebasa la máxima del verbal: basta saber a qué lado del límite cae. Cuando ninguna regla permite calcularlo, no hay forma relativa posible y la demanda sigue el juicio ordinario (art. 253.3). Ni el demandado ni el letrado de la Administración de Justicia tienen que consentirlo.

La tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen va al juicio ordinario por razón de la materia, «cualquiera que sea su cuantía» (art. 249.1.2.º). Como la materia gana a la cuantía (art. 248.3), los 4.000 euros no la llevan al verbal. La tramitación preferente existe, pero es la de este juicio ordinario, no la de un verbal, y la actora no elige el cauce.

La impugnación de acuerdos sociales adoptados por las juntas o asambleas de socios de una entidad mercantil es materia del juicio ordinario (art. 249.1.3.º). Las otras tres también tienen cauce por la materia, pero el contrario: el precario, la suspensión de obra nueva y la rectificación de hechos inexactos y perjudiciales van al juicio verbal sea cual sea su cuantía (art. 250.1.2.º, 5.º y 9.º).

Si las acciones principales acumuladas no provienen de un mismo título, la cuantía es la de la acción de mayor valor (art. 252.1.ª): 12.000 euros. Sumarlas, 17.000 euros, es la regla de las acciones que nacen del mismo título o de las accesorias (art. 252.2.ª). Ni la menor ni la diferencia cuentan.

Cuando con la acción principal se piden accesoriamente intereses, la cuantía es la suma (art. 252.2.ª), pero solo de los intereses vencidos: los frutos, intereses o rentas «por correr» no se toman en cuenta. Lo accesorio sí suma, y los intereses futuros, hasta la sentencia o hasta el pago, quedan fuera. Tampoco cuenta la petición de condena en costas.

El art. 248.3 ordena las dos vías: primero la materia y, solo si la materia no tiene norma propia, la cuantía. Por eso una demanda de poco valor puede ir al ordinario y una de mucho, al verbal, si su materia lo manda. Que la cuantía conste no le da preferencia, el actor no elige la regla y tampoco hay un juicio que gane cuando concurren: decide la materia.

El art. 255.1 permite impugnar la cuantía cuando, determinada correctamente, el procedimiento a seguir sería otro o resultaría procedente el recurso de apelación: por eso importa el límite de 3.000 euros del art. 455.1. El umbral de 2.000 euros que hace preceptivos abogado y procurador en el verbal (arts. 23 y 31) no abre la impugnación, y tampoco la competencia ni las costas son criterio del art. 255.1.

El art. 249.2 lleva al ordinario las demandas cuya cuantía «exceda de» quince mil euros, y el art. 250.2 deja en el verbal las que no excedan de esa cifra: una demanda de exactamente 15.000 euros va al verbal. Las otras cifras son de otras reglas: hasta 2.000 euros en el verbal por razón de la cuantía no son preceptivos abogado ni procurador (arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º), y hasta 3.000 euros la sentencia de ese verbal no es apelable (art. 455.1). Los 10.000 euros no son umbral de nada aquí.

El valor se fija al tiempo de interponerse la demanda (art. 251.2.ª), y la alteración del valor de los bienes que sobreviene después no modifica ni la cuantía ni la clase de juicio (art. 253.1). Por eso no cabe actualizar solo la cuantía ni las dos, y nada obliga al actor a ampliar la demanda.

El art. 255.3 lo sitúa en la contestación a la demanda, y el tribunal resuelve la cuestión en el trámite del art. 438.10, por el mismo auto en el que decide si hace falta vista. No se espera al comienzo de la vista ni se usa la declinatoria, que es el cauce de la falta de jurisdicción o de competencia. En el juicio ordinario también se impugna en la contestación, pero se resuelve en la audiencia previa (art. 255.2).

En las demandas sobre la existencia, inexistencia, validez o eficacia de un derecho real de garantía, el valor es el importe de las sumas garantizadas por todos los conceptos (art. 251.6.ª), no el de la finca. La vigésima parte del valor de los predios es la regla subsidiaria de las servidumbres (art. 251.5.ª), y dejar fuera los intereses contradice el «por todos los conceptos».

El art. 252.5.ª es tajante: ni la reconvención ni la acumulación de autos afectan a la cuantía de la demanda, y ni siquiera cambian la clase de juicio por razón de la cuantía. La regla de la acción de mayor valor es la de las acciones acumuladas en una misma demanda que no provienen del mismo título (art. 252.1.ª), y la suma, la del mismo título; ninguna se aplica a la reconvención.

El art. 254.1 abre contra esa diligencia un recurso directo de revisión ante el tribunal, que «no producirá efectos suspensivos»: el asunto sigue por el cauce que ha fijado el letrado mientras el tribunal lo resuelve. La ley no suspende ni el proceso ni el plazo para contestar, y tampoco deja la suspensión a petición del demandado.

El art. 249.1.6.º exceptúa de esa regla la reclamación de rentas o cantidades debidas por el arrendatario, el desahucio por falta de pago o por extinción del plazo y los casos en que la cuantía se puede valorar. Que demande el arrendatario no cambia nada, y la regla incluye expresamente los arrendamientos rústicos. El retracto tampoco es salvedad: va al ordinario por su propio numeral (art. 249.1.7.º).

El art. 250.1.4.º, dentro de la tutela sumaria de la posesión, reserva esa petición a la persona física propietaria o poseedora legítima por otro título, a las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseer la vivienda y a las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Una sociedad mercantil o una entidad de crédito no figuran en la lista, y por eso tampoco vale «cualquier persona jurídica».

El art. 250.3 los manda al juicio verbal con las especialidades del art. 447 bis, y el art. 249.1.4.º, que lleva al ordinario las demandas sobre propiedad industrial, los saca de esa regla de forma expresa. No dependen de la cuantía, y la intervención del Ministerio Fiscal como parte es propia de la tutela de los derechos fundamentales (art. 249.1.2.º).

El art. 248.2 enumera solo dos procesos declarativos: el juicio ordinario y el juicio verbal. El monitorio y el cambiario existen, pero son procesos especiales del libro IV de la LEC, no clases del declarativo. El de menor cuantía no figura en la LEC vigente.