Los actos de comunicación: clases, tiempo y destinatarios

La lista del mandamiento es cerrada: registradores de la propiedad, mercantiles, de buques y de ventas a plazos de bienes muebles, notarios y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia (art. 149.5.º). Un funcionario de la Agencia Tributaria es funcionario, pero no de la Administración de Justicia: con él, como con los demás funcionarios que no están en la lista y con las autoridades no judiciales, el tribunal se comunica por oficio (art. 149.6.º).

El art. 156.2 es tajante: si el domicilio consta en archivos o registros públicos a los que se pueda tener acceso, la designación no se considera imposible en ningún caso. Basta con que el dato sea accesible: no lo cambia la declaración del demandante, ni el padrón, ni la comunidad autónoma del registro. Solo cuando es imposible de verdad arranca la averiguación del letrado de la Administración de Justicia (art. 156.1).

El desahucio por impago de la renta es una de las acciones del art. 250.1.1.º, y para ellas el art. 155.3 fija una regla propia: si las partes no acordaron en el contrato un domicilio para los actos de comunicación, es a todos los efectos el de la vivienda o el local arrendado. El padrón, los registros oficiales o la designación del demandante por orden son la regla general del mismo apartado, que aquí cede.

El art. 155.3 permite al demandante designar uno o varios lugares como domicilio del demandado —el del padrón, el que conste oficialmente, el de un registro o colegio profesional, el de su actividad profesional o laboral no ocasional—, y si designa varios le pide el orden en que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación. No tiene que justificar cada uno ni saber cuál prefiere el demandado, que podrá designar otro una vez comparecido.

La regla del art. 152.1 es que los realiza el procurador de la parte que lo pida, y el demandado puede pedirlo en su escrito de personación. Pero la ley añade una excepción: si la parte es beneficiaria del derecho de asistencia jurídica gratuita, los realizan los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial aunque lo haya pedido. El Cuerpo de Tramitación confecciona las cédulas, pero no practica los actos.

El requerimiento es el acto que ordena: una conducta o una inactividad, conforme a la ley (art. 149.4.º). Dar noticia de una resolución es la notificación (149.1.º), fijar lugar, fecha y hora es la citación (149.3.º) y la comunicación con autoridades no judiciales es el oficio (149.6.º).

El art. 155.1 hace una excepción para el primer emplazamiento o citación y para los actos que piden la intervención personal de la parte: aunque el destinatario esté obligado a la vía electrónica, si pasan tres días sin que acceda, se pasa a la comunicación domiciliaria mediante entrega (art. 161). Solo si esa segunda comunicación resulta infructuosa se publica en el Tablón Edictal Judicial Único: los edictos son el último paso, no el siguiente.

Lo que la comunicación fija es un lugar, una fecha y una hora para comparecer y actuar, y eso es una citación (art. 149.3.º). El emplazamiento, que es el gemelo que se confunde, no señala un día concreto: abre un plazo para personarse y actuar dentro de él (art. 149.2.º).

El art. 152.5 distingue: en las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admite ni se consigna respuesta alguna del interesado, salvo que así se haya mandado; en los requerimientos sí se admite la que dé el requerido, anotada sucintamente. Tiene sentido: el requerimiento ordena una conducta, y el requerido puede tener algo que decir sobre ella.

El art. 150.2 prevé notificar la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la resolución que le ponga fin, y manda hacerlo, con los mismos requisitos, cuando el tribunal advierta indicios de fraude procesal. El destinatario no lo elige quien lo pide ni es un órgano de control: es quien puede salir perjudicado por la sentencia. A los terceros se notifica, además, cuando lo prevea la ley (art. 150.3), no cuando lo soliciten.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil, el mandamiento es el acto que ordena la práctica de una actuación cuya ejecución corresponde a los registradores —de la propiedad, mercantiles, de buques y de ventas a plazos de bienes muebles—, a los notarios o a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y también el libramiento de certificaciones o testimonios (art. 149.5.º). El oficio, que es el que tienta, queda para las autoridades no judiciales y los funcionarios que no están en esa lista (art. 149.6.º).

El art. 151.3 retrasa el momento de la comunicación hasta la entrega del documento, siempre que los efectos estén vinculados a él: no tendría sentido abrir un plazo para contestar a algo que aún no se tiene. Si los efectos no dependieran del documento, valdría la fecha de recepción del acto.

Con las partes personadas y representadas por procurador, la comunicación se hace a través de él, y el art. 153 dice que firma las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos de todas clases, incluidas las de sentencias y las que tienen por objeto una actuación que deba realizar personalmente el poderdante. La ley no exige notificar en persona ni una cláusula especial en el poder.

El art. 150.4 manda dar traslado a las Administraciones públicas competentes en vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión, por si procediera su actuación. El fin es que puedan atender a quien se queda sin vivienda, no defenderle en el pleito ni dejar constancia registral del lanzamiento.

El art. 151.1 fija un máximo de tres días desde la fecha o la publicación de la resolución, y vale igual para las del tribunal que para las del letrado de la Administración de Justicia. Cinco días es la cifra que más suena porque es la de varios recursos de la ley (la reposición, la revisión), pero no la de notificar.

El art. 149.1.º define la notificación por su objeto: dar noticia de una resolución o actuación, sin pedir nada más al destinatario. La citación fija lugar, fecha y hora para comparecer; el requerimiento ordena una conducta o una inactividad, y el oficio es la comunicación con autoridades no judiciales.

Agotada la averiguación sin resultado, el art. 156.4 manda comunicar por edictos: el proceso sigue y el demandado tiene al menos esa vía de conocimiento. No se archiva ni se suspende, y la rebeldía llega después, si el demandado no comparece, no en lugar de la comunicación. El art. 157 añade que entonces se comunican sus datos al Registro Central de Rebeldes Civiles.

El art. 149.2.º reserva el emplazamiento para personarse y para actuar dentro de un plazo: el destinatario puede hacerlo cualquier día mientras el plazo esté abierto. La citación, en cambio, determina lugar, fecha y hora concretos (art. 149.3.º); la notificación solo da noticia, y el mandamiento se dirige a registradores, notarios o funcionarios de la Administración de Justicia.

El art. 154.2 prevé la remisión por duplicado: el procurador recibe un ejemplar y firma el otro, que el propio servicio devuelve a la oficina judicial. Es la excepción: la regla de ese servicio son los medios telemáticos o electrónicos con su resguardo de recepción. El Colegio organiza el servicio, pero no se queda copia ni da fe.

El art. 152.1 pone los actos de comunicación bajo la dirección del letrado de la Administración de Justicia, que además responde de la adecuada organización del servicio. Los ejecutan otros —los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador de la parte que lo pida—, pero la dirección no es del juez ni de ningún cuerpo de funcionarios.