Los actos de comunicación: cómo se practican

Para el lugar de trabajo, el art. 161.3 manda entregar la copia a la persona que manifieste conocer al destinatario o, si hay una dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien esté a su cargo; como aquí no la hay, basta quien diga conocerle. El conserje de la finca es una de las opciones del domicilio, no del lugar de trabajo, y la ley no exige que reciba el empresario ni obliga a volver al domicilio.

El art. 167.2 carga los gastos del cumplimiento de los oficios y mandamientos sobre la parte a cuya instancia se libran, «en todo caso». No se reparten por mitad ni los asume la Administración. La condena en costas es una cuestión distinta, que se decide al final del proceso y no altera quién debe adelantar estos gastos.

El art. 161.3 permite la entrega, en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva el destinatario, siempre que sea mayor de catorce años y esté en ese lugar; también al conserje de la finca. No se exige la mayoría de edad: basta con superar los catorce, y quien recibe queda advertido de que debe hacer llegar la copia al destinatario o darle aviso.

El art. 163 encarga al Servicio Común Procesal de Actos de Comunicación los actos que haya de realizar la oficina judicial, con una salvedad: los que corresponda practicar al procurador, en los supuestos y con los límites de la ley (art. 152). No distingue por el lugar de la práctica ni deja fuera los electrónicos, y no absorbe los que ha asumido el procurador.

La cédula del art. 160.3 lleva la advertencia de que, si el emplazado no comparece sin causa justificada en el plazo, se tendrá por hecha la comunicación o por efectuado el traslado. Esa es la carga de la cédula: no hace falta un segundo intento en el domicilio ni acudir al edicto, que es para cuando no se conoce el domicilio o no se halla al destinatario (art. 164). La rebeldía es otra cosa: la del demandado que no comparece a contestar la demanda.

El art. 168.2 hace responsable de los daños y perjuicios al procurador que incurre en dolo, negligencia o morosidad, o que no respeta las formalidades, cuando causa perjuicio a tercero, y además puede ser sancionado conforme a las normas legales o estatutarias. Basta la negligencia: no hace falta dolo. La corrección disciplinaria por la autoridad de quien dependa es la del letrado y los funcionarios (art. 168.1).

Es la excepción del art. 162.2: si el destinatario justifica que no pudo acceder, no se le aplica la regla del plazo sin acceder, y si la causa es técnica y persiste al comunicarla, el acto se practica mediante entrega de copia de la resolución. Si accediera después de los tres días pero antes de esa entrega, la comunicación vale en la fecha del resguardo electrónico. No se espera a que se arregle el fallo ni se acude al edicto, que es para quien no puede ser hallado.

El art. 159.1 manda remitir las comunicaciones a testigos, peritos y demás personas que no son parte al domicilio que designe la parte interesada; las averiguaciones del art. 156 caben «en su caso», después y no antes de esa designación. El padrón es uno de los domicilios que el art. 155.3 permite designar para el demandado, no la regla para el testigo, y la entrega en la sede del tribunal es una forma de practicar la comunicación (art. 161), no el domicilio al que se remite.

El art. 161.2 no deja que la negativa frustre el acto: quien practica la entrega le hace saber que la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, se producen los efectos de la comunicación y todo consta en la diligencia. La entrega a un familiar o empleado es para cuando el destinatario no está (art. 161.3), y el lugar de trabajo y el edicto son cauces para cuando no se le encuentra, no para cuando se le encuentra y rehúsa.

Cuando fracasa la remisión, o las circunstancias lo aconsejan, el art. 159.2 manda pasar al art. 161: la entrega de la copia de la resolución o de la cédula en la sede del tribunal, en la sede judicial electrónica o en el domicilio. El edicto del art. 164 es el último recurso, cuando no se conoce el domicilio o no se halla al destinatario; el auxilio del art. 165 depende de que el acto lo practique otro tribunal, y la vía electrónica del art. 162, de que el destinatario esté obligado a ella o la elija.

El art. 166.2 subsana el acto defectuoso: si el destinatario se dio por enterado y no denunció la nulidad en su primer acto de comparecencia, el emplazamiento surte desde entonces todos sus efectos, como si se hubiera hecho conforme a la ley. La nulidad tenía que alegarse en esa primera comparecencia; después ya no puede denunciarse, y no hace falta repetirlo ni ratificarlo.

La lista del art. 161.3 es cerrada: el domicilio según el padrón municipal, a efectos fiscales o según un registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, y la vivienda o local arrendado al demandado. Son lugares donde consta oficialmente que vive el destinatario, y por eso la ley se fía de quien convive con él. Una vivienda en la que solo está de paso no figura en ella; incluso el lugar de trabajo exige que sea no ocasional.

El art. 165 fija un plazo no superior a veinte días desde la recepción del despacho para cumplimentar los actos de comunicación por auxilio judicial; si no se cumple, se requiere al letrado de la Administración de Justicia y se expresan las causas de la dilación. No hay que confundirlo con los tres días que tiene la oficina para notificar una resolución (art. 151.1): los veinte días son los del tribunal que presta el auxilio.

El art. 161.4 obliga a quien practica el acto a averiguar si el destinatario vive allí; si ya no vive o trabaja allí y alguien conoce el domicilio actual, este se consigna en la diligencia negativa y el acto se practica en el domicilio facilitado, sin más. Las averiguaciones en registros del art. 156 solo llegan si no se puede conocer el domicilio por este medio y el demandante no ha designado otros, y el edicto, cuando ni así se le encuentra.

El último párrafo del art. 164 abrevia el camino en los desahucios por falta de pago o por expiración del plazo y en la reclamación de rentas: si no se halla al arrendatario en los domicilios designados y no comunicó fehacientemente otro, se le comunica por el Tablón Edictal Judicial Único sin más trámites. Es la diferencia con la regla general, que exige antes las averiguaciones del art. 156. Y la ley no permite encargar la entrega al arrendador, que es la parte contraria.

El art. 160.3 permite este emplazamiento a comparecer solo si el destinatario tiene su domicilio en el partido donde radica la sede del tribunal y la comunicación no es de aquellas de las que depende la personación o una intervención personal en las actuaciones. No exige que esté personado ni que lo pida, y no es un remedio para cuando falla la entrega domiciliaria: es una alternativa a ella, que se remite por correo o medio semejante.

El art. 166.1 exige dos cosas a la vez: que el acto no se haya practicado conforme al capítulo y que pueda causar indefensión. Una irregularidad sin riesgo de indefensión no anula. Tampoco hace falta que el destinatario no llegue a conocerlo nunca: basta que pueda causarla. Los tres días son el plazo para notificar las resoluciones (art. 151.1): practicar el acto fuera de él no basta, por sí solo, para anularlo.

El art. 165 manda remitir el despacho por medio del sistema informático judicial, y en soporte papel solo cuando el acto va acompañado de elementos que no se pueden convertir a formato electrónico; con él van la copia o cédula y lo demás que proceda. El papel es la excepción, no la regla, y no depende de lo que acepten las partes. El decanato no interviene en la remisión, y el correo certificado es una forma de remitir la comunicación a su destinatario (art. 160), no el despacho entre tribunales.