La tasación de costas y la buena fe procesal

El art. 243.2 manda al letrado de la Administración de Justicia reducir el importe de los honorarios de los profesionales no sujetos a arancel cuando excedan del límite del art. 394.3 y no se haya declarado la temeridad: lo hace él, al tasar, sin esperar a que nadie impugne. No los excluye, los reduce. El informe del Colegio de Abogados es otro cauce: el de la impugnación por honorarios excesivos (art. 246.1).

El escrito de impugnación tiene que mencionar las cuentas o minutas, las partidas concretas y las razones de la discrepancia; sin esa mención, el letrado de la Administración de Justicia inadmite la impugnación a trámite mediante decreto, recurrible en revisión (art. 245.4). El traslado por tres días es el trámite de la impugnación que sí se admite por partidas indebidas (art. 246.4): aquí no se llega a él.

Las dos impugnaciones se tramitan simultáneamente, cada una por su cauce, pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos queda en suspenso hasta que se decide si la partida es debida (art. 246.5): no tiene sentido discutir cuánto vale lo que quizá no se debe. Se admiten las dos desde el principio, y lo que se escalona es la decisión, no la tramitación.

La LEC distingue dos grupos: los derechos de quienes están sujetos a arancel —los procuradores, por ejemplo— se regulan con sujeción a los aranceles (art. 242.4), y los abogados, peritos y demás profesionales que no lo están fijan sus honorarios con sujeción, en su caso, a las normas de su estatuto profesional (art. 242.5). El arancel es la tentación de quien mezcla los dos apartados. Ni el tribunal fija tarifas ni la LEC trae una escala.

El art. 243.2 deja fuera de la tasación los derechos de los procuradores por los actos de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, y por las demás actuaciones meramente facultativas que podría haber hecho la Oficina judicial. No es un problema de justificación: aunque la cuenta esté detallada, la partida no entra. Ni la ley prevé reducirla ni hace salvedad alguna por haber acordado el tribunal que actuara el procurador.

Sin impugnación ni solicitud de exoneración o reducción, el letrado de la Administración de Justicia aprueba la tasación mediante decreto (art. 244.3), y contra ese decreto cabe recurso directo de revisión. La diligencia de ordenación es suya, pero sirve para dar a los autos el curso que la ley ordena, no para aprobar una cuantía. El auto y la providencia son del tribunal, que en la tasación solo entra por la revisión.

Acordado el traslado, la tasación queda cerrada: no se admite la inclusión ni la adición de partida alguna, pero el interesado conserva su derecho para reclamarla «de quien y como corresponda» (art. 244.2). Las dos opciones de «pedir su adición» chocan con la letra del precepto. «Pierde todo derecho» es el error contrario: lo que se pierde es la vía de la tasación, no el crédito. La impugnación del art. 245.3 es para gastos que sí se reclamaron y no se incluyeron.

El art. 245.5 premia al condenado que intentó de verdad un acuerdo: puede pedir, en el mismo plazo de la impugnación, que se le exonere del pago o se modere la cuantía si su propuesta no fue aceptada y la resolución que pone término al procedimiento es sustancialmente coincidente con ella. Lo que importa es el parecido entre la propuesta y el fallo, no la forma de la propuesta ni lo que hiciera la contraria, ni una proporción de lo estimado.

La solicitud debe ir con la documentación íntegra de la propuesta, que «en este momento procesal y a estos efectos» queda dispensada de confidencialidad (art. 245.5); si no se acompaña, el letrado de la Administración de Justicia la inadmite por decreto. La dispensa es la ley quien la da, sin necesidad de consentimiento, pero tiene un alcance limitado: no levanta la confidencialidad para todo ni para siempre.

El traslado de la tasación es por un plazo común de diez días (art. 244.1), y en ese mismo plazo se impugna (art. 245.1) o se pide la exoneración o la moderación (art. 245.5). Cinco días es el plazo para oír al abogado cuyos honorarios se impugnan por excesivos (art. 246.1): es un trámite del incidente de impugnación, que se abre después, no el traslado de la tasación a las partes.

La impugnación no es solo del condenado. La parte favorecida puede impugnar la tasación por no haberse incluido gastos debidamente justificados y reclamados, o la totalidad de la minuta de su abogado o de su perito, o correctamente los derechos de su procurador (art. 245.3). La reserva para reclamar aparte es la de las partidas que nunca se pidieron (art. 244.2), no la de las pedidas y olvidadas en la tasación.

Si el abogado no acepta la reducción, se pasa testimonio de los autos, o de la parte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe (art. 246.1). La excepción es el ámbito del procedimiento testigo del art. 438 bis cuando ya hay un informe previo, y por eso el enunciado dice «como regla general». El traslado por tres días es el del cauce de las partidas indebidas (art. 246.4), y la ley no prevé ni perito ni vista.

A la vista de lo actuado y de los dictámenes, el letrado de la Administración de Justicia dicta decreto manteniendo la tasación o introduciendo las modificaciones que estime oportunas (art. 246.3). El dictamen del Colegio informa, pero no vincula: por eso la ley dice «a la vista de», y no «conforme a». Decide el letrado, no el tribunal, y no está obligado a todo o nada.

Impugnados por excesivos sus honorarios, se oye al abogado en el plazo de cinco días; si no acepta la reducción, se pide informe al Colegio de Abogados (art. 246.1). Tres días es el plazo del otro cauce, la impugnación por partidas indebidas, en el que se da traslado a la otra parte (art. 246.4): son dos impugnaciones con trámites distintos.

En la impugnación por partidas indebidas, o por no haberse incluido gastos justificados y reclamados, el letrado da traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie, y resuelve en los tres días siguientes (art. 246.4). Cinco días es el plazo para oír al abogado cuando lo que se discute es si sus honorarios son excesivos (art. 246.1), y diez, el del traslado de la tasación a las partes (art. 244.1).

Si la impugnación se desestima totalmente, las costas del incidente se imponen a la parte impugnante que ha obrado con abuso del servicio público de Justicia (art. 246.4). Cuando la impugnación se estima, en cambio, se imponen al perito o a la parte a la que defiende el abogado cuyos honorarios se consideraron excesivos o indebidos: nunca al propio abogado. Si quien impugnó fue un profesional, para que se incluyeran gastos que consideraba justificados, las costas son de ese profesional. «Cada parte paga las suyas» es la regla del pago a medida del art. 241.1, no la del incidente.

La multa del art. 247.3, que va de ciento ochenta a seis mil euros, no puede superar en ningún caso la tercera parte de la cuantía del litigio: en un pleito pequeño, el tope lo pone la cuantía y no la horquilla. Ojo con la LJCA, que usa también la tercera parte, pero para otra cosa: el límite de lo que paga el condenado en costas en lo contencioso (art. 139.4 de la Ley 29/1998).

El art. 246.2 aplica a los peritos el mismo trámite que a los abogados, pero el dictamen lo emite el Colegio, Asociación o Corporación profesional a que pertenezcan: quien conoce la profesión del perito, no el Colegio de Abogados, que informa sobre los honorarios de sus colegiados (art. 246.1). La ley no prevé ni un perito que valore a otro ni la intervención del fiscal.

La multa por mala fe procesal o abuso del servicio público de Justicia oscila de ciento ochenta a seis mil euros, se impone en pieza separada, por acuerdo motivado y con proporcionalidad (art. 247.3). Además de la horquilla tiene un tope: no puede superar la tercera parte de la cuantía del litigio. De noventa a seiscientos euros es otra multa: la que se impone, además de las costas, a quien promueve con temeridad el incidente de nulidad (art. 228.2).

El art. 247.2 manda a los tribunales rechazar fundadamente las peticiones e incidentes formulados con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley o procesal. Es la consecuencia sobre el acto; la multa del art. 247.3 es otra, sobre la parte, y la ley dice que el tribunal «podrá» imponerla, no que lo haga siempre. Ni se difiere a la sentencia ni pasa por el fiscal.