El despacho de la ejecución

El art. 548 fija veinte días: dentro de ellos no se despacha ejecución de resoluciones procesales o arbitrales ni de acuerdos de mediación. Los diez días son el plazo que tiene el ejecutado para oponerse a la ejecución una vez notificado el despacho (art. 556), un plazo de la misma fase con el que se confunde. Treinta y cuarenta no son plazos de este capítulo.

Con ejecutantes distintos, la acumulación la pide cualquiera de ellos y la decide el letrado de la Administración de Justicia competente en el proceso más antiguo, si la considera más conveniente para la satisfacción de todos (art. 555.2). La cuantía no decide a qué proceso se acumulan, y la acumulación de ejecuciones no la acuerda el tribunal: también la del art. 555.1, entre el mismo acreedor y el mismo deudor, es del letrado.

Cuando el título es una sentencia o resolución del tribunal competente para la ejecución, o una resolución del letrado de la Administración de Justicia, el art. 549.2 permite que la demanda se limite a pedir el despacho identificando la resolución: el tribunal ya tiene en sus autos lo que la demanda tendría que contarle. La dispensa no se condiciona a acompañar la lista de bienes, y sigue haciendo falta una demanda: la comparecencia verbal no es la forma que la ley exige.

El auto que deniega el despacho es directamente apelable, y la apelación se sustancia solo con el acreedor; a su elección, puede intentar antes la reposición (art. 552.2). La irrecurribilidad es del auto que despacha la ejecución (551.4), no del que la deniega. La queja es el recurso contra el auto que deniega la tramitación de un recurso, no contra el que deniega el despacho, y la revisión es el recurso contra los decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra una resolución del tribunal.

El art. 554.2 deja la apreciación al letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, que es quien concreta las medidas de localización en su decreto (551.3). No decide el tribunal, y menos oyendo antes al ejecutado: lo que se pide es precisamente actuar sin avisarle, como ocurre siempre cuando la ley no exige requerimiento de pago (554.1). El ejecutante tiene que justificar el riesgo, no apreciarlo él mismo.

El art. 549.4 excluye el plazo de espera en la ejecución de las condenas de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas y por expiración del plazo: se rigen por lo previsto para esos casos, y el lanzamiento puede fijarse ya en la propia sentencia (549.3). Que sea la vivienda habitual no devuelve la espera: solo obliga, antes del lanzamiento, a cumplir lo que prevén los apartados 5 a 7 del art. 441.

El art. 551.3 le da al letrado de la Administración de Justicia el mismo día o el siguiente día hábil para dictar el decreto con las medidas ejecutivas concretas: entre el despacho y las medidas sobre los bienes no debe pasar tiempo que el deudor pueda aprovechar. Los tres y los cinco días son plazos habituales de la LEC, pero no son este; y la ley no le obliga a dictarlo el mismo día: le deja también el siguiente hábil.

El reparto del art. 551 es nítido: el auto del tribunal dice a favor de quién y contra quién, si es mancomunada o solidaria, por qué cantidad y con qué precisiones (551.2); el decreto del letrado de la Administración de Justicia concreta las medidas ejecutivas, las de localización y averiguación de bienes y el contenido del requerimiento de pago (551.3). Las otras tres opciones son contenido del auto.

El art. 552.1 da audiencia por quince días a las partes antes de decidir sobre la cláusula. Los cinco días son los que tiene después el tribunal para acordar lo procedente, que el mismo precepto cuenta como hábiles: es la cifra que más se confunde, porque va en la frase siguiente.

La lista del art. 549.1 es cerrada: el título, la tutela ejecutiva que se pretende y la cantidad, los bienes embargables que conozca el ejecutante, las medidas de localización e investigación que interese y las personas frente a las que se pide el despacho. Los motivos de oposición no los anticipa el ejecutante: los alega, si quiere, el ejecutado después de que se le notifique el despacho (arts. 553 y 556 y siguientes).

Firme la denegación, el acreedor solo puede acudir al proceso ordinario correspondiente, y aun eso si no lo impide la cosa juzgada de la sentencia o resolución firme en que fundó la demanda ejecutiva (art. 552.3). El derecho no se pierde, pero la vía ejecutiva queda cerrada: la letra dice «sólo», y no deja volver a pedir el despacho. La ejecución provisional es de sentencias aún no firmes, otra cosa.

El plazo de espera del art. 548 corre desde el día en que la resolución de condena es firme. La notificación al ejecutado es el punto de partida en otro caso que el mismo artículo regula: el de la resolución que aprueba un convenio o la firma de un acuerdo de mediación. Ni el día en que se dicta la sentencia ni la presentación de la demanda ejecutiva cuentan: la espera existe precisamente para dar al condenado ocasión de cumplir antes de que se pueda pedir la ejecución.

El art. 551.4 cierra los recursos contra el auto que despacha la ejecución, pero deja a salvo la oposición del ejecutado: su defensa no es recurrir el despacho, sino oponerse a la ejecución por los motivos de los arts. 556 y siguientes. Por eso es falsa la opción que le niega también la oposición. Ni la reposición ni la apelación caben.