El poder de disposición de las partes

Una renuncia que la ley no admite no produce su efecto: no hay sentencia absolutoria, y el tribunal dicta auto mandando seguir el proceso adelante (art. 20.1). Absolver al demandado sería dar efecto a la renuncia que la ley rechaza, y archivar o sobreseer cerraría un proceso que tiene que continuar.

Cuando una parte niega que haya habido satisfacción extraprocesal, el letrado de la Administración de Justicia convoca a las partes a una comparecencia ante el tribunal, que decide por auto, dentro de los diez días siguientes, si el juicio sigue o no. La ley distingue según lo que decida: si ordena que continúe, el pleito no se ha cerrado y no cabe recurso alguno; si acuerda la terminación, pone fin al proceso y cabe apelación. Lo tentador es aplicar el régimen general de los autos, reposición contra el que no pone fin al proceso y apelación contra el definitivo, pero aquí la ley cierra todo recurso contra el auto que manda seguir. Y el que acuerda la terminación no va en reposición: como cierra el pleito, se apela.

El art. 19.4 atribuye la suspensión al letrado de la Administración de Justicia, y la forma es el decreto, la resolución del letrado que decide cuando la ley lo dispone. La diligencia de ordenación es del mismo autor, pero sirve para dar al proceso el curso ordenado por la ley, no para decidir una suspensión. Auto y providencia son resoluciones del tribunal, que aquí no interviene.

El corte es el emplazamiento o la citación: desde que el demandado es llamado al proceso tiene interés en que el pleito termine con una sentencia que le proteja, y por eso a partir de ahí se le oye (art. 20.3). La contestación es tentadora porque llega poco después, pero el desistimiento deja de ser unilateral antes, en cuanto se le emplaza. La audiencia previa y la sentencia quedan aún más lejos.

La regla es la libertad de disposición: renunciar, desistir, allanarse, acudir a mediación, a otro medio adecuado de solución de controversias o a arbitraje, y transigir. Su único límite general está en la ley, cuando lo prohíbe o lo limita por razones de interés general o en beneficio de tercero. No depende de la clase de juicio, de que el demandado esté o no en rebeldía ni de una autorización del fiscal.

El auto del allanamiento parcial exige que la naturaleza de las pretensiones permita un pronunciamiento separado que no prejuzgue las cuestiones no allanadas, sobre las que el proceso continúa (art. 21.2). Lo pide el demandante, no hace falta que el demandado acepte resolver por separado, y el actor no renuncia a nada: lo demás sigue en el pleito. La ley no pone momento al allanamiento.

La renuncia abandona el derecho o la acción, no solo el juicio, y por eso termina con sentencia que absuelve al demandado (art. 20.1): decide el fondo y el actor no puede volver a demandar lo mismo. Tenerle por desistido o sobreseer sin entrar en el fondo es lo propio del desistimiento, que deja abierta una nueva demanda (art. 20.3). La renuncia no la resuelve el letrado por decreto.

El art. 20.3 da al demandado diez días para decir si está conforme con el desistimiento o se opone. Si deja pasar el plazo sin oponerse, se le trata como si estuviera conforme.

La rebeldía es la excepción del art. 20.2: el demandante puede desistir unilateralmente «en cualquier momento» si el demandado está en rebeldía. El traslado para oponerse es el trámite que se sigue con un demandado emplazado que sí se ha personado (art. 20.3), y no se pide al rebelde una conformidad que no ha querido prestar compareciendo. Que haya pasado la audiencia previa no cierra la puerta.

La transacción judicial la homologa «el tribunal que esté conociendo del litigio» (art. 19.2), y mientras pende la apelación quien conoce es la Audiencia, no el tribunal que dictó la sentencia, que es la opción tentadora. Transigir en la segunda instancia está permitido: el art. 19.3 admite los actos de disposición en los recursos. Y la homologación es del tribunal, no del letrado.

El juez o el letrado pueden proponer la derivación «en cualquier momento del procedimiento», con resolución motivada, pero no imponerla: el art. 19.5 exige la conformidad de las partes, que pueden pedir además, de forma conjunta, la suspensión. La iniciativa es del juez o del letrado, sin petición previa de parte, y no se limita a la primera instancia ni pasa por el fiscal.

El art. 19.4 permite suspender el proceso a petición de las partes con dos condiciones, y una es que la suspensión no pase de sesenta días. Treinta y cuarenta y cinco se quedan cortos frente al tope legal, y noventa lo rebasan.

Enervar no es ganar el pleito: el arrendatario evita el desahucio pagando lo que debía, y por eso la resolución que declara enervada la acción le condena a las costas devengadas. La única salvedad es que las rentas no se hubiesen cobrado por causas imputables al arrendador, y aquí el impago fue del inquilino. La opción de que no hay condena en costas confunde este caso con la terminación por satisfacción extraprocesal con acuerdo de las partes del art. 22.1, donde la ley sí la excluye. Tampoco las paga el arrendador ni se reparten por mitad.