La ejecución: las partes y el tribunal competente

Para el laudo y el acuerdo de mediación, el art. 545.2 fija un solo fuero: el lugar en que se dictó el laudo o se firmó el acuerdo. La letra dice «Juzgado de Primera Instancia»; hoy, la Sección civil del Tribunal de Instancia. El domicilio del ejecutado y el lugar de cumplimiento son fueros de los títulos no judiciales (art. 545.3).

El art. 544 extiende la ejecución a socios, miembros o gestores que hayan actuado en nombre de la entidad, si se acredita su condición y su actuación ante terceros, pero su segundo párrafo excluye expresamente a las comunidades de propietarios de inmuebles en régimen de propiedad horizontal. Las demás opciones son entidades sin personalidad que actúan en el tráfico, a las que la regla sí alcanza.

El art. 546.1 manda al tribunal examinar de oficio su competencia territorial antes de despachar ejecución, y el 546.2 cierra la puerta después: una vez despachada, ya no puede revisarla de oficio. A partir de ahí, la falta de competencia solo se discute si el ejecutado propone declinatoria (art. 547). Por eso es falsa la opción de «en cualquier momento».

Cuando el título es una resolución judicial, ejecuta el tribunal que conoció del asunto en primera instancia, aunque la sentencia que se ejecute sea la de apelación (art. 545.1). Los fueros electivos del domicilio o de los bienes embargables son de los títulos no judiciales (art. 545.3), y la Audiencia no ejecuta lo que resolvió en segunda instancia.

El art. 540.3 da audiencia a los dos por quince días; presentadas las alegaciones o pasado el plazo, decide el tribunal. Los cinco días son los de la declinatoria en la ejecución (art. 547), y los diez y los treinta no aparecen en este artículo.

El art. 539.2 carga al ejecutado con las costas de la ejecución «sin necesidad de expresa imposición»: no hace falta que el tribunal se pronuncie. El reparto de las causadas a instancia de cada parte y las comunes por mitad es el de los declarativos con estimación parcial (art. 394.2), no el de la ejecución. Que el ejecutante adelante los gastos mientras no se liquidan no lo convierte en quien las soporta.

El art. 542.1 es tajante con los títulos judiciales: la sentencia obtenida frente a uno o varios deudores solidarios no sirve de título ejecutivo frente a los que no fueron parte en el proceso. La solidaridad permite reclamar el total a cualquiera, pero no suple el proceso. La salvedad del documento que acredita la solidaridad viene de la regla de los títulos extrajudiciales (art. 542.2), que no vale para una sentencia.

Con responsabilidad subsidiaria, los miembros solo responden si la unión o agrupación no puede pagar, y por eso el art. 543.2 exige acreditar su insolvencia para despachar frente a ellos. Si respondieran solidariamente, por acuerdo o por ley, se podría despachar directamente frente a ellos (art. 543.1); en ningún caso hace falta su consentimiento ni una sentencia propia.

Con documentos fehacientes que el tribunal estima suficientes, el art. 540.2 manda despachar «sin más trámites» a favor de quien resulte sucesor. El traslado con audiencia solo se abre cuando la sucesión no consta en documentos fehacientes o estos no bastan (art. 540.3), y ese es el distractor que confunde los dos supuestos. Ni la caución ni el declarativo previo aparecen en el artículo.

La condición de parte en la ejecución la da el despacho, no el título ni el pleito anterior: es parte quien pide y obtiene el despacho y quien lo sufre (art. 538.1). Haber sido parte en el declarativo no basta, porque la ejecución puede despacharse a favor de un sucesor o frente a un fiador que no litigó (arts. 538.2 y 540). Y a quien solo ve embargados sus bienes la ley le da los medios de defensa del ejecutado (art. 538.3), lo que no lo convierte en parte.

En la ejecución de un monitorio sin oposición, el art. 539.1 exige abogado y procurador solo si la cantidad por la que se despacha ejecución supera los 2.000 euros. La cifra coincide con la del verbal sin abogado ni procurador (arts. 23 y 31), y las mayores no aparecen en esta regla.

El art. 538.2.2.º permite despachar ejecución frente a quien, sin figurar como deudor, responde personalmente de la deuda por disposición legal o por un afianzamiento «acreditado mediante documento público». No basta un documento privado ni una declaración jurada del fiador, y tampoco hace falta una sentencia que declare la fianza: exigirla obligaría a un declarativo previo que la ley quiere evitar.

El art. 540.3 dice que el tribunal decide sobre la sucesión «a los solos efectos del despacho o de la prosecución de la ejecución»: resuelve lo necesario para ejecutar, sin declarar con fuerza de cosa juzgada quién es sucesor ni extender su decisión a otros procesos. Tampoco la somete a confirmación en un declarativo.

El art. 545.3 da al ejecutante tres posibilidades: el tribunal que resulte de los arts. 50 y 51 (fuero general), el del lugar de cumplimiento según el título y el de cualquier lugar donde haya bienes embargables. Y cierra la puerta a la sumisión: no se aplican «en ningún caso» las reglas de sumisión expresa o tácita, así que la cláusula del contrato no atribuye competencia para ejecutar. La letra dice «Juzgado de Primera Instancia»; hoy, la Sección civil del Tribunal de Instancia.

El art. 546.1 manda dictar auto absteniéndose de despachar ejecución e indicar al demandante el tribunal ante el que ha de presentar la demanda; es el demandante quien la presenta allí. No hay remisión de oficio de las actuaciones, que es lo que ocurre cuando se estima una declinatoria. Y el tribunal no puede despachar sabiéndose incompetente, porque después ya no podrá revisarlo de oficio.

El art. 542.3 permite despachar ejecución por el importe total de la deuda, más intereses y costas, frente a uno, a algunos o a todos los deudores solidarios. Es la consecuencia de la solidaridad: cualquiera responde del todo. Limitarla a la cuota de cada uno es lo propio de la deuda mancomunada, y nada en el artículo excluye intereses y costas.

Hasta la liquidación, el ejecutante adelanta los gastos y costas que se van produciendo, salvo los de las actuaciones que se hacen a instancia del ejecutado o de otros sujetos, que paga quien las pidió (art. 539.2). La opción del ejecutante que adelanta «todos» los gastos olvida esa salvedad, que es la que decide este caso.

El ejecutado puede impugnar la competencia del tribunal proponiendo declinatoria dentro de los cinco días siguientes a la primera notificación del proceso de ejecución, y se sustancia por el art. 65 (art. 547). Es más corto que el del declarativo, donde la declinatoria va dentro de los diez primeros días del plazo para contestar (art. 64.1): los diez días son la tentación de quien traslada esa regla.

El art. 539.1 dice que la actuación del procurador en estas funciones es impugnable ante el letrado de la Administración de Justicia, con la tramitación de la reposición (arts. 452 y 453); el tribunal entra después, por el recurso de revisión contra el decreto que resuelve la impugnación. El colegio profesional no interviene: se impugna un acto del proceso, no una conducta deontológica.

El propietario de bienes especialmente afectos (por ley o por documento fehaciente) puede ser ejecutado sin ser deudor, pero solo responde con esos bienes: «la ejecución se concretará, respecto de estas personas, a los bienes especialmente afectos» (art. 538.2.3.º). No responde con todo su patrimonio, porque no debe nada, y la ley no condiciona su ejecución a que se agoten antes los bienes del deudor.