La división judicial de la herencia

El art. 787.1 emplaza a las partes por diez días para oponerse, y durante ese plazo pueden examinar los autos y las operaciones en la Oficina judicial. Veinte días es el plazo de la contestación en el juicio ordinario y tienta por eso, pero aquí no aplica. La oposición se formula por escrito, con los puntos a que se refiere y sus razones.

El art. 786.2 fija un plazo máximo de dos meses desde que se iniciaron, y las operaciones se presentan en un escrito firmado por el contador con la relación de bienes, su avalúo y la liquidación, división y adjudicación. Es un plazo legal distinto del que, a instancia de parte, puede fijar al contador el letrado de la Administración de Justicia (art. 785.3).

El art. 783.4 hace cesar la representación del Fiscal respecto de los ausentes cuando se presentan en el juicio o pueden ser citados personalmente, y añade que no revive aunque vuelvan a ausentarse. No depende de un hito del procedimiento, como la aprobación de las operaciones o la entrega de los bienes, ni de un plazo: depende de que el ausente aparezca.

El art. 787.6 permite que el letrado de la Administración de Justicia alce la suspensión, sin esperar a la resolución firme de la causa, en cuanto los interesados, prescindiendo del avalúo impugnado, presenten otro hecho de común acuerdo; la sentencia se dicta entonces con arreglo a este. Sustituir al perito por sorteo parece lo natural, pero la ley exige el acuerdo de los interesados sobre el nuevo avalúo, no un nombramiento.

El art. 785.3 anuda al incumplimiento del plazo una sola consecuencia: el contador será responsable de los daños y perjuicios. Es coherente con el art. 785.2, que da a cada interesado derecho a obligarle a cumplir el encargo que aceptó. La ley no prevé aquí multas coercitivas, pérdida de honorarios ni relevo del contador.

El art. 782.4 deja deducir esa petición «en cualquier momento», con un único límite: antes de que se entreguen los bienes adjudicados a cada heredero. Por eso la aprobación de las operaciones divisorias, que es el distractor más tentador, no la cierra: entre aprobar y entregar todavía cabe, y si se pide, el art. 788.3 impide la entrega hasta que el acreedor esté pagado o garantizado. La Junta y la presentación de las operaciones son trámites aún más tempranos.

El art. 784.3 resuelve la falta de acuerdo con un sorteo, conforme al art. 341, entre abogados ejercientes con especiales conocimientos en la materia y despacho profesional en el lugar del juicio. El sorteo entre notarios es el distractor cercano: hay sorteo, pero no entre notarios. Ni el tribunal ni el letrado de la Administración de Justicia eligen a su criterio; a ese contador se le aplica además el régimen de recusación y provisión de fondos de los peritos (art. 784.4).

El art. 787.5 manda al tribunal oír a las partes, admitir las pruebas pertinentes y útiles y seguir la sustanciación con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal. El ordinario tienta porque es el declarativo por defecto, pero no es el cauce de esta oposición. Que el contador rehaga las operaciones es lo que pasa cuando sí hay conformidad (art. 787.4).

El contador sigue la ley aplicable a la sucesión, pero si el testador dejó reglas propias se atiene a ellas con un único límite: que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. No hace falta que las acepten los coherederos ni que el tribunal las apruebe antes, que es lo que tienta en los dos distractores condicionales. El mismo artículo le encarga evitar la indivisión y la excesiva división de las fincas.