Los medios de prueba y el interrogatorio de las partes

El art. 315.1 da al Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los demás organismos públicos un régimen propio: sin esperar al juicio se les remite la lista de preguntas que el tribunal declare pertinentes, y responden por escrito antes de la fecha señalada. En el acto se leen las respuestas, y las preguntas complementarias se entienden con su representación procesal (art. 315.2); no declara su autoridad en el juicio.

El art. 309.1 obliga a alegarlo en la audiencia previa y a identificar entonces a la persona que intervino en nombre de la entidad, para que sea citada al juicio. Así la persona que sabe de los hechos llega ya citada al juicio, en vez de descubrirse en él que el representante no puede contestar.

La lista del art. 299 no es cerrada: su apartado 3 manda al tribunal admitir, a instancia de parte, cualquier otro medio no previsto expresamente con el que pueda obtenerse certeza sobre hechos relevantes, adoptando las medidas que cada caso pida. La ley no lo condiciona a la conformidad de la parte contraria ni lo aplaza a las diligencias finales, que son otra cosa (art. 435).

El art. 300.1 fija el orden: primero el interrogatorio de las partes, después el de testigos, luego las declaraciones de los peritos, el reconocimiento judicial que no haya de hacerse fuera de la sede del tribunal y, al final, la reproducción de palabras, imágenes y sonidos. Los peritos, que es lo que más se confunde, declaran después de los testigos, no antes.

Ante la negativa a declarar, el art. 307.1 manda apercibir a la parte de que pueden tenerse por reconocidos los hechos, salvo que concurra una obligación legal de guardar secreto. Las personas jurídicas no quedan fuera: el art. 309.3 les aplica los efectos del art. 307. Y nada cambia por la clase de juicio ni por declarar sin abogado.

El art. 313 hace de la videoconferencia, en los términos del art. 137 bis, la regla para la parte que reside fuera de la demarcación. El auxilio judicial queda como alternativa, solo cuando concurren las circunstancias a las que remite el propio art. 313 (hoy, en el párrafo segundo del art. 169.4: que la videoconferencia no sea conveniente y la comparecencia resulte imposible o muy gravosa). Comparecer en la sede es lo de quien reside en la demarcación, y la declaración en el domicilio, la de quien no puede comparecer por enfermedad u otra circunstancia (art. 311).

El art. 299.1 enumera seis medios: el interrogatorio de las partes, los documentos públicos, los documentos privados, el dictamen de peritos, el reconocimiento judicial y el interrogatorio de testigos. Las presunciones son un modo de fijar hechos, no un medio de la lista; el juramento decisorio no está en ella, y el abogado no es fuente de prueba: quien declara es la parte.

El art. 316.2 deja la valoración del resto del interrogatorio a la sana crítica, sin perjuicio de lo que disponen los arts. 304 y 307 para la incomparecencia y la negativa a declarar. Tener por ciertos los hechos es lo que el art. 316.1 reserva a los propios y enteramente perjudiciales que no contradigan las demás pruebas; y la ley no rebaja la declaración a indicio ni le niega valor por venir de una parte: la valora como prueba.

Cuando el tribunal excluye la presencia de las demás partes y sus abogados, el art. 311.2 manda celebrar el interrogatorio ante el tribunal y el letrado de la Administración de Justicia, y la parte proponente puede presentar un pliego de preguntas para que las formule el tribunal si las considera pertinentes. Tampoco asiste el abogado del proponente: el pliego es lo que suple su presencia.

El art. 302.1 manda formular las preguntas oralmente, en sentido afirmativo y con claridad y precisión. El pliego escrito es lo excepcional: solo aparece cuando la parte proponente no puede o no debe estar presente (arts. 313 y 311.2) o cuando declara una Administración (art. 315).

Como regla, cada parte pide el interrogatorio de las demás; entre quienes litigan del mismo lado, el art. 301.1 solo lo admite si hay entre ellos oposición o conflicto de intereses. No depende del consentimiento del interrogado, ni de que el tribunal lo vea útil con intereses coincidentes, ni de que tengan representantes distintos: la llave es el conflicto.

El reconocimiento de un hecho propio y enteramente perjudicial vale como cierto en la sentencia, pero el art. 316.1 lo subordina a que no lo contradiga el resultado de las demás pruebas. No exige que otra prueba lo confirme: basta con que ninguna lo desmienta. Y el interrogatorio de la LEC no se presta bajo juramento.

El art. 305.1 prohíbe responder con un borrador de respuestas, lo revise quien lo revise, pero permite consultar documentos y notas o apuntes cuando el tribunal los considera convenientes para auxiliar a la memoria. La ley no los limita a los ya aportados al proceso, y lo que exige es que responda por sí misma: no a través de lo que le pase su abogado.