Los procesos matrimoniales: competencia, procedimiento y medidas

El art. 774.5 prevé que, si la impugnación afecta solo a los pronunciamientos sobre medidas, el letrado de la Administración de Justicia declare la firmeza del pronunciamiento sobre la nulidad, la separación o el divorcio. Así el cambio de estado civil no espera a que se resuelva la discusión sobre las medidas, que además no se suspenden por el recurso.

El art. 769.1 fija como fuero de los procesos matrimoniales el lugar del domicilio conyugal, y solo cuando los cónyuges residen en partidos judiciales distintos deja elegir al demandante entre el último domicilio del matrimonio y la residencia del demandado. Ni el lugar de nacimiento de los cónyuges, ni el de la boda, ni el de la inscripción cuentan. La cita dice «Juzgado de Primera Instancia»: desde la LO 1/2025 es el Tribunal de Instancia, y en él la Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde exista (art. 86.5.a LOPJ).

El art. 769.4 cierra la puerta a la sumisión: el tribunal examina de oficio su competencia y son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en el artículo. Ni la ratificación posterior lo salva, y la existencia de hijos no es lo que decide: el pacto es nulo con hijos o sin ellos. Tampoco cabe la sumisión tácita: el demandado no puede aceptar un fuero que la ley no permite pactar.

La regla 1.ª del art. 770 obliga a las dos partes, actora y demandada, a aportar las declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias y demás documentos de que dispongan, siempre que se pidan medidas de carácter patrimonial. No basta con que lo haga el actor con su demanda ni solo quien pidió las medidas, y el Ministerio Fiscal no aporta los documentos de las partes.

Los procesos que versan solo sobre guarda y custodia o sobre alimentos reclamados por un progenitor al otro en nombre de los hijos menores tienen fuero propio en el art. 769.3: el del último domicilio común de los progenitores y, si viven en partidos distintos, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor. La opción del último domicilio del matrimonio o la residencia del demandado es la regla del art. 769.1 para la nulidad, la separación y el divorcio, y tienta precisamente por eso.

El art. 771.2 manda celebrar la comparecencia, que señala el letrado de la Administración de Justicia, en los diez días siguientes. Los treinta días son el plazo para presentar la demanda principal si se quiere que las medidas subsistan (art. 771.5).

La regla 4.ª del art. 770 manda practicar las pruebas que no puedan hacerse en la vista dentro del plazo que el tribunal señale, con un tope de treinta días. Durante ese plazo el tribunal puede además acordar de oficio pruebas sobre las circunstancias de la nulidad, la separación o el divorcio y sobre las medidas que afecten a los hijos menores o a los mayores con discapacidad que precisen apoyo. Los veinte días tientan porque son el plazo más repetido de la LEC, pero aquí no son la cifra.

El art. 770 se aplica a las demandas de separación y divorcio, a las de nulidad del matrimonio y a las demás del título IV del libro I del Código Civil, pero excluye expresamente las previstas en el art. 777: la separación o el divorcio pedidos de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro, que tienen su propio procedimiento. La nulidad no está excluida aunque la pida un solo cónyuge, y la separación y el divorcio contenciosos son el caso típico del art. 770.

La regla 6.ª del art. 770 remite, para las medidas cautelares de los procesos que versan solo sobre guarda y custodia o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos menores, a los trámites que la ley establece para las medidas previas, simultáneas o definitivas de la nulidad, la separación o el divorcio. El régimen general de las cautelares del libro III es el que tienta, pero aquí la ley lo desplaza por uno propio.

El art. 773.4 permite al demandado pedir medidas provisionales cuando no se adoptaron antes ni las pidió el actor, y exige hacerlo en la contestación a la demanda. Se sustancian en la vista principal si esta se señala dentro de los diez días siguientes a la contestación; si no, el letrado de la Administración de Justicia convoca una comparecencia. Las medidas previas del art. 771 son de quien se propone demandar, no del demandado.

El art. 773.5 hace durar las medidas provisionales hasta que las sustituyen las que establece definitivamente la sentencia, o hasta que el procedimiento termina de otro modo. No se espera a la firmeza: los recursos contra la sentencia no suspenden la eficacia de las medidas que acuerda (art. 774.5). La ley tampoco les pone plazo de caducidad.

La regla 4.ª del art. 770 obliga a oír a los hijos que hayan alcanzado los doce años; por debajo de esa edad pueden ser oídos si se estima necesario. Los dieciséis años salen en la regla 8.ª, para otra cosa: los hijos comunes mayores de esa edad que necesiten medidas de apoyo por razón de su discapacidad.

El art. 773.1 permite a los cónyuges someter a la aprobación del tribunal su acuerdo sobre las medidas provisionales, pero dice que no es vinculante ni para las pretensiones de las partes ni para la decisión del tribunal sobre las medidas definitivas. Cada cónyuge puede pedir otra cosa en la vista, y el tribunal decide las definitivas en la sentencia (art. 774).

El art. 771.5 cuenta los treinta días desde la adopción de las medidas: no desde que se notifica el auto, ni desde la solicitud o la comparecencia. Si en ese plazo no se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio, los efectos y medidas acordados dejan de subsistir. En las medidas cautelares comunes pedidas antes de la demanda, el plazo es de veinte días desde su adopción (art. 730.2).

La regla 2.ª del art. 770 admite la reconvención fundada en una causa de nulidad, la del demandado de separación o de nulidad que pretende el divorcio, la del demandado de nulidad que pretende la separación y la del demandado que pide medidas definitivas no solicitadas en la demanda sobre las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio. Pedir la separación frente a una demanda de divorcio no está en la lista: la separación solo cabe reconvenirla frente a una demanda de nulidad.

Admitida la demanda, el art. 772 manda al letrado de la Administración de Justicia unir a los autos las actuaciones de las medidas previas, pidiendo testimonio si se siguieron ante otro tribunal; que fueran de otro tribunal solo obliga a ese testimonio, no a una nueva comparecencia. Esta se convoca solo si el tribunal considera que procede completar o modificar lo acordado, y se sustancia como la del art. 771.

El art. 774.4 enumera las materias de las medidas definitivas que el tribunal fija a falta de acuerdo: los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, los animales de compañía, la disolución del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas. De la vivienda familiar se decide el uso, no la propiedad; la indemnización de daños entre los cónyuges y las deudas privativas de cada uno quedan fuera de las medidas definitivas.

Cuando los cónyuges residen en partidos judiciales distintos, el art. 769.1 deja elegir al demandante entre el último domicilio del matrimonio y la residencia del demandado. La elección es de quien demanda, no del demandado, y su propio domicilio no es una de las dos opciones: el del actor solo entra como último recurso, si el demandado no tiene domicilio ni residencia fijos y la competencia no puede fijarse por el lugar en que se halle ni por su última residencia.

La regla 3.ª del art. 770 obliga a las partes a concurrir a la vista por sí mismas, además de con sus abogados, y advierte de que la incomparecencia sin causa justificada puede llevar a tener por admitidos los hechos que alegue la parte que comparece, pero solo para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. No alcanza a la causa del divorcio ni a las medidas sobre los hijos, y la ley no prevé tenerla por desistida.