El proceso monitorio

El art. 814.2 dispensa de abogado y procurador para presentar la petición inicial del monitorio, y no pone límite de cuantía, igual que el monitorio no lo tiene. Los 2.000 euros son el límite por debajo del cual no hacen falta en el juicio verbal, y los 15.000, el del verbal por razón de la cuantía. El formulario es una posibilidad, no la condición de la dispensa.

El art. 815.1 da al deudor veinte días para pagar, acreditándolo ante el tribunal, o para comparecer y alegar en escrito de oposición, de forma fundada y motivada, por qué no debe en todo o en parte. Cinco días es otro plazo del monitorio, y no del deudor: el que se da a las dos partes para proponer prueba cuando, tras la oposición, el asunto sigue por el juicio verbal (art. 818.2).

El art. 812.1 abre el monitorio a la deuda dineraria «de cualquier importe», con tal de que sea líquida, determinada, vencida y exigible y se acredite por alguno de los medios que enumera. Los 15.000 euros son el límite del juicio verbal por razón de la cuantía, no del monitorio: esa cifra solo importa después, si el deudor se opone, para decidir por qué juicio sigue el asunto (art. 818.2).

El art. 818.2 manda dictar decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor que deja pasar el mes sin demandar. No hay paso automático al verbal, que es el cauce de las reclamaciones que no exceden de su cuantía, y el silencio del acreedor no abre una ejecución: el que se opuso fue el deudor.

El art. 816.1 permite instar el despacho de ejecución con la mera solicitud y «sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548», el plazo de espera que rige para ejecutar resoluciones procesales. En el monitorio no hay espera, y tampoco se pide caución: no es una ejecución provisional.

El art. 816.2 cierra la puerta en los dos sentidos: ni el solicitante del monitorio ni el deudor ejecutado pueden pretender después en proceso ordinario la cantidad reclamada o la devolución de lo obtenido con la ejecución. Lo que el deudor tenga que alegar lo alega en la oposición a la ejecución, que sigue las reglas de la de sentencias judiciales.

El art. 812.1.2.ª admite documentos creados por el propio acreedor (facturas, albaranes, certificaciones, telegramas, telefax…) con una sola condición: que sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de la clase que haya entre acreedor y deudor. La firma o el sello del deudor es lo que pide el medio 1.º para los documentos que provienen de él, no para estos, que precisamente pueden ser unilaterales.

El art. 812.2.2.º permite acreditar con certificaciones de impago las cantidades debidas por gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. El 812.2 solo tiene dos casos especiales: este y el de los documentos comerciales que acreditan una relación anterior duradera. Las rentas, los suministros y las cuotas de un préstamo se acreditan, en su caso, por los medios generales del 812.1.

El art. 813 atribuye la competencia «exclusivamente» al tribunal del domicilio o residencia del deudor (en la letra, el Juzgado de Primera Instancia; hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia), y su segundo párrafo excluye en todo caso la sumisión expresa o tácita. Por eso la cláusula a favor de Barcelona no sirve, y ni el lugar del contrato ni el domicilio del acreedor son fueros del monitorio.

Cuando la reclamación excede de la cuantía del juicio verbal, la oposición no convierte el monitorio en juicio: el art. 818.2 obliga al peticionario a interponer la demanda correspondiente dentro de un mes desde el traslado del escrito de oposición, y la demanda sigue los trámites del ordinario (arts. 404 y siguientes). Veinte días tienta por ser una de las cifras más repetidas de la LEC, pero este plazo se cuenta por meses.

El art. 815.3 da al demandante diez días para aceptar o rechazar la propuesta, tanto si nace de que la cantidad no es correcta como de una cláusula que puede ser abusiva en un contrato con un consumidor. Veinte días tienta por ser una de las cifras más repetidas de la LEC, pero no es la de este trámite.

El último párrafo del art. 813 manda dictar auto dando por terminado el proceso, con reserva al acreedor del derecho a instarlo de nuevo ante el tribunal competente; lo mismo si el deudor aparece en otro partido judicial. Los edictos no son la salida: en el monitorio solo se admiten en las reclamaciones de gastos de comunidad de propietarios (art. 815.1 y 2), y esta no lo es. Y no hay remisión ni conversión en verbal.

El art. 815.3 dice que la aceptación nunca se entiende como renuncia parcial: la parte no satisfecha puede pedirse, pero únicamente en el procedimiento declarativo que corresponda. No por un monitorio nuevo ni dentro de la ejecución, que solo alcanza a la cantidad por la que se requirió.

El art. 815.3 declara directamente apelable, por la parte personada, el auto que tiene al demandante por desistido. No hay que pasar antes por la reposición; y la revisión es el recurso contra ciertos decretos del letrado, no contra un auto del juez. Poder llevar la pretensión al declarativo es una consecuencia del desistimiento, no un sustituto del recurso.

El art. 815.3 da al silencio el valor de aceptación: la propuesta se entiende aceptada si el demandante deja pasar los diez días sin manifestarse, y entonces se requiere al deudor por esa cantidad. No hay plazo nuevo ni vuelta a la cantidad inicial.

El art. 812.1 exige que la deuda sea dineraria, líquida, determinada, vencida y exigible: todos los rasgos a la vez. Aquí el documento sirve (lo firma el deudor, que es el primer medio de acreditación del art. 812.1) y la cantidad es determinada, pero falta lo esencial: la deuda no ha vencido. Que el documento valga no basta si la deuda todavía no se puede exigir.

El art. 817 es breve: si el deudor paga, tan pronto como lo acredite el letrado de la Administración de Justicia acuerda el archivo de las actuaciones. El traslado para instar la ejecución es lo que pasa en el caso contrario, cuando el deudor ni paga ni comparece (art. 816.1), y en el monitorio no hay sentencia salvo que haya oposición y se siga el juicio que corresponda.

Si los documentos son del art. 812.2 o son principio de prueba, el letrado requiere de pago; «en caso contrario», dice el art. 815.1, da cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión a trámite. La inadmisión no la decide el letrado por decreto: la decide el juez. Y el letrado no requiere al deudor con una petición que no reúne los requisitos.

Para las deudas del art. 812.2.2.º (gastos comunes de comunidades de propietarios), el art. 813 añade al fuero del deudor el del lugar donde se halle la finca, y la elección es del solicitante. Ni el domicilio del administrador ni el del presidente son fueros, y lo que digan los estatutos sería una sumisión, que el mismo artículo excluye en todo caso.