La ejecución no dineraria: entregar cosas, hacer y no hacer

Si no hay controversia, el art. 714.1 deja la aprobación al letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, y la suma se hace efectiva por los cauces de la ejecución dineraria (arts. 571 y siguientes). El auto es la resolución del tribunal cuando sí hubo oposición y vista (art. 716), y por eso tienta; la diligencia de ordenación no sirve para aprobar una cantidad.

Son cosas genéricas que pueden adquirirse en el mercado, y para ellas el art. 702.1 deja al ejecutante pedir que se le ponga en posesión de las cosas debidas o, como alternativa, que se le faculte para comprarlas a costa del ejecutado, con embargo de bienes para pagar la compra. Interrogar sobre el paradero es lo propio de la cosa mueble cierta y determinada (art. 701.2), que no se puede comprar en otro sitio; las multas mensuales son del hacer personalísimo (art. 709).

El art. 701.3 reserva la decisión al tribunal, a instancia del ejecutante, y le da la forma de providencia. El letrado es quien busca la cosa e interroga al ejecutado o a terceros (art. 701.2), pero no quien acuerda sustituirla por dinero. El auto es lo tentador porque es la resolución con que el tribunal tiene por emitida una declaración de voluntad (art. 708) o resuelve sobre el hacer personalísimo (art. 709); aquí la ley dice providencia. La cuantía de la compensación se fija después por los arts. 712 y siguientes.

Cuando el incumplimiento de una condena de no hacer no es susceptible de reiteración ni se puede deshacer lo mal hecho, el art. 710.2 convierte la ejecución en resarcimiento de daños y perjuicios. Las multas mensuales sirven para que se deshaga lo mal hecho, y los requerimientos reiterados, para impedir que el quebrantamiento se repita: aquí no cabe ni una cosa ni otra. La ejecución no se archiva: cambia de objeto.

El art. 708.1 atribuye al tribunal competente tener por emitida la declaración de voluntad, por medio de auto, siempre que estén predeterminados los elementos esenciales del negocio. El letrado interviene después: emitida la declaración, libra a petición del ejecutante el mandamiento de anotación o inscripción en el Registro, con testimonio del auto. No hace falta otra sentencia, porque la condena ya está en la que se ejecuta.

El art. 703.1 prevé, en los desahucios por falta de pago o por expiración del plazo, que baste un único funcionario con categoría de Gestor (hoy, del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa), que puede pedir el auxilio de la fuerza pública. Es una regla especial para agilizar el lanzamiento: la LOPJ encarga al Cuerpo de Auxilio Judicial ejecutar los lanzamientos (art. 478.b) y al de Gestión documentarlos (art. 476.c), y por eso tienta la opción de Auxilio; lo que el 703.1 de la LEC añade es que, en estos desahucios, baste con la presencia de un Gestor.

El art. 699 permite al tribunal, en el mismo requerimiento en que ordena cumplir el título en sus propios términos, apercibir al ejecutado con apremios personales o multas pecuniarias: es lo que da fuerza a la ejecución en forma específica. El embargo que la ley prevé en esta ejecución es otra cosa: el de garantía del art. 700, limitado a lo suficiente para las eventuales indemnizaciones sustitutorias y las costas, no todos los bienes. La oposición y las costas no dependen de este apercibimiento.

La regla general del art. 706.1 deja al ejecutante elegir entre la realización por un tercero y el resarcimiento; pero cuando el título trae una disposición expresa para el incumplimiento, se está a ella y la elección desaparece. Por eso falla la opción que añade la cantidad del título a las dos vías ordinarias, y también la que las acumula. El art. 709.4 dice lo mismo para el hacer personalísimo.

Es un hacer no personalísimo, y el art. 706.1 da al ejecutante dos salidas: que se le faculte para encargarlo a un tercero a costa del ejecutado, o el resarcimiento de daños y perjuicios. Las multas por cada mes son del hacer personalísimo (art. 709), que solo puede hacer el deudor; tener algo por hecho mediante auto es lo que el art. 708 prevé para la declaración de voluntad, no para una obra.

El art. 703.4 resuelve el caso de la entrega anticipada de la posesión con un decreto del letrado que declara ejecutada la sentencia y cancela la diligencia de lanzamiento. Mantenerla tiene sentido en un único supuesto: que el demandante lo pida para que se levante acta del estado de la finca, y en el enunciado no lo pide. No hace falta auto del tribunal: la sentencia ya se ha cumplido.

El art. 708.2 distingue: si lo que falta son elementos no esenciales, el tribunal los fija oídas las partes conforme a lo usual en el mercado o en el tráfico; si falta algún elemento esencial, el tribunal no puede suplir la voluntad de las partes y procede la ejecución por los daños y perjuicios, que se liquidan por los arts. 712 y siguientes. La primera opción es la tentadora porque es la regla del otro supuesto del mismo apartado.

El art. 709.3 limita los requerimientos trimestrales a un año desde el primero. Si al cabo del año el ejecutado sigue sin hacer lo que dispone el título, la ejecución prosigue para entregar al ejecutante un equivalente pecuniario o para adoptar otras medidas idóneas que, a petición suya y oído el ejecutado, acuerde el tribunal. Seis y nueve meses son múltiplos del trimestre, no el tope.

En la entrega de cosa mueble determinada es el letrado quien pone al ejecutante en posesión, con los apremios que crea precisos; pero si hay que entrar en lugares cerrados, el art. 701.1 le obliga a recabar la autorización del tribunal que ordenó la ejecución. La fuerza pública es un auxilio que puede pedir además, si hace falta, no algo que sustituya a la autorización. Ni el ejecutado ni el ejecutante tienen aquí nada que consentir.

El art. 716 declara apelable el auto que fija los daños y perjuicios, pero sin efecto suspensivo: la ejecución sigue mientras se resuelve. La reposición es el recurso contra los autos no definitivos, y este pone fin a la liquidación. El mismo auto se pronuncia expresamente sobre las costas, conforme al art. 394.

El art. 704.1 exige fijar el día y la hora exactos del lanzamiento en la resolución inicial, en la que acuerde la prórroga y en cualquier resolución posterior que lo acuerde, aunque se haya intentado practicar antes. Así el ocupante sabe siempre cuándo se le va a desalojar. No basta con el día, no se arrastra lo fijado en la resolución inicial, y el plazo de un mes para desalojar es el del principio, prorrogable una sola vez otro mes: una vez vencidos, se procede de inmediato al lanzamiento.

El art. 712 aplica este procedimiento al equivalente pecuniario de una prestación no dineraria, a los daños y perjuicios, a los frutos, rentas, utilidades o productos y al saldo de la rendición de cuentas de una administración. Los intereses de la mora procesal no están en la lista: nacen de la propia condena dineraria y se liquidan dentro de la ejecución dineraria (art. 576), sin necesidad de este cauce.

El art. 715 lleva la liquidación con oposición motivada a los trámites del juicio verbal, con la posibilidad de que el tribunal nombre perito, de oficio o a instancia de parte, mediante providencia. No es oposición a la ejecución (arts. 556 y siguientes): el deudor no discute el despacho, sino cuánto se debe. El juicio ordinario sería desproporcionado para fijar una cantidad dentro de una ejecución ya despachada.

El art. 710.1 enumera tres cosas: deshacer lo mal hecho si es posible, indemnizar los daños y perjuicios y, en su caso, abstenerse de reiterar el quebrantamiento. La caución no aparece: la ley asegura el cumplimiento repitiendo el requerimiento cada vez que se incumple y, para deshacer lo mal hecho, con multas por cada mes de retraso.

El art. 707 hace la publicación cosa del ejecutado: el letrado le requiere para que contrate él los anuncios que procedan, y ese requerimiento puede delegarse en el procurador del ejecutante, a petición y a costa de este. No es la oficina judicial la que encarga la publicación con dinero consignado, ni la ley prevé de entrada que la pague el ejecutante y luego la recobre.

En el hacer personalísimo nadie más que el deudor puede cumplir, así que el art. 709.1 deja al ejecutante elegir entre seguir la ejecución por un equivalente pecuniario o apremiar al ejecutado con una multa por cada mes que pase sin hacerlo. Encargarlo a un tercero es la salida del hacer no personalísimo (art. 706), y es la confusión que hay que evitar: si el tribunal estima que la prestación no es personalísima, la ejecución sigue precisamente por ese art. 706.