La nulidad de las actuaciones

El art. 227.1 lleva a los recursos contra la resolución de que se trate, junto con la nulidad de pleno derecho, dos clases de defectos de forma: los que causan efectiva indefensión y los que privan al acto de los requisitos indispensables para alcanzar su fin. La medida es el fin del acto, no la forma externa del escrito ni el consentimiento de la otra parte. El escrito presentado fuera de plazo es otra cosa: para el acto de parte, pasado el plazo se produce la preclusión y se pierde la oportunidad de realizarlo (art. 136), sin necesidad de anular nada.

El art. 228.2 encarga el traslado del escrito, con copia de los documentos que lo acompañen, al letrado de la Administración de Justicia; las demás partes tienen después un plazo común para alegar por escrito. Es un detalle que la LEC añade al art. 241 de la LOPJ, que no dice quién da el traslado. Admitir es cosa del tribunal, pero el traslado lo da el letrado; el Cuerpo de Auxilio Judicial practica actos de comunicación, pero no es quien acuerda el traslado, y el fiscal no interviene en él.

El art. 228.1 da veinte días para pedir la nulidad, contados desde la notificación de la resolución o desde que se conoció el defecto; en este último caso, con un tope: no puede pedirse una vez pasados cinco años desde la notificación. Dos años y un año son cifras de la caducidad de la instancia (art. 237), la de primera instancia y la de la segunda instancia o del recurso de casación, y es fácil cruzarlas con esta.

El art. 228.1 atribuye el incidente al mismo tribunal que dictó la resolución que adquirió firmeza. Es lógico: el incidente solo cabe cuando esa resolución ya no admite recurso ordinario ni extraordinario, así que no hay un tribunal superior que pueda conocer de él. Por eso fallan el superior en grado y el que conocería del recurso, que no existe, y la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, que no tiene aquí ningún papel.

El art. 226.1 manda al tribunal que se ha visto intimidado o violentado, además de declarar nulo lo practicado, promover la formación de causa contra los culpables y poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. La Sala de Gobierno y la presidencia del tribunal son órganos de gobierno, no de persecución de delitos, y el tribunal superior conoce de los recursos, no de esta comunicación.

Con ocasión de un recurso, el art. 227.2 no deja al tribunal decretar de oficio una nulidad que nadie ha pedido en ese recurso. Las únicas salvedades son la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional y la violencia o intimidación que afectara a ese mismo tribunal, y omitir un trámite esencial no es ninguna de ellas. La opción tentadora es la de que la nulidad radical se aprecia siempre de oficio: la ley dice «en ningún caso». La audiencia previa a las partes es requisito de la declaración de oficio antes de que recaiga la resolución que pone fin al proceso, no una puerta para hacerlo al resolver un recurso. Y la indefensión no abre otra salvedad: es la condición de la nulidad del 225.3.º, no una excepción a la regla del recurso.

El art. 228.2 impone al solicitante, por el solo hecho de desestimarse su petición, la condena en todas las costas del incidente, por medio de auto: no depende de una valoración del tribunal ni se reparten entre las partes. La multa de noventa a seiscientos euros es la trampa: se añade solo si el tribunal entiende que el incidente se promovió con temeridad, y el enunciado la descarta.

El art. 225.6.º de la LEC incluye entre los actos nulos de pleno derecho los casos en que, mediante diligencia de ordenación o decreto —las resoluciones del letrado—, se resuelven cuestiones que la ley reserva a providencia, auto o sentencia, que son las del tribunal. Es una causa propia de la LEC: la lista del art. 238 de la LOPJ no la recoge y la deja a las leyes procesales. Los distractores son retrasos, y ninguno anula de pleno derecho: el escrito de parte fuera de plazo precluye (art. 136); la actuación judicial fuera de plazo solo se anula si lo impone la naturaleza del término (art. 229); y los tres días son el plazo máximo para notificar las resoluciones (art. 151.1), cuyo incumplimiento no está en la lista.