El juicio ordinario: la audiencia previa, el juicio y la sentencia

Según el art. 420.4, transcurrido el plazo sin que el actor aporte las copias de la demanda y los documentos dirigidos a los nuevos demandados, «se pondrá fin al proceso por medio de auto» y se archivarán definitivamente las actuaciones. El proceso no puede seguir contra el demandado inicial solo, porque el litisconsorcio necesario exige que estén todos; la ley no prevé un segundo plazo, y la resolución es un auto, no una sentencia.

El art. 436.1 permite a las partes, una vez practicadas las diligencias finales, presentar «dentro del quinto día» un escrito en el que resuman y valoren su resultado. Veinte días es el plazo para practicar las propias diligencias, en el mismo apartado, y no el del escrito. El segundo y el octavo día no son plazos de este trámite.

El acuerdo homologado judicialmente «surtirá los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial» (art. 415.2). Se ejecuta por los trámites de la ejecución de sentencias, y de ahí la tentación de verlo como una sentencia firme, pero no lo es: se impugna por las causas y en la forma previstas para la transacción judicial. Tampoco es un simple contrato privado ni un desistimiento, que es otra salida distinta que el mismo artículo ofrece a las partes.

El art. 426.3 admite sin más la petición accesoria o complementaria si la contraria se muestra conforme. Si se opone, el tribunal decide, y solo la admite cuando entienda que plantearla en la audiencia no impide a la parte contraria ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad. El criterio es la defensa del contrario, no por qué no se pidió antes, la cuantía o el apoyo documental.

Según el art. 429.2, el juicio «deberá celebrarse en el plazo de un mes desde la conclusión de la audiencia». Dos meses es la excepción del apartado 3, que permite ampliarlo a petición de parte cuando toda o gran parte de la prueba ha de practicarse fuera de la sede del tribunal; no es la regla general que pregunta el enunciado. Diez y veinte días no son plazos del señalamiento del juicio.

El art. 434.1 dispone que la sentencia del juicio ordinario se dicte dentro de los veinte días siguientes a la terminación del juicio. Diez días es el plazo de la sentencia en el juicio verbal (art. 447), y es la confusión que hay que evitar: el enunciado fija el ordinario. Dos y quince días no son plazos para dictar sentencia en ninguno de los dos.

El art. 416.2 lo excluye de forma expresa: en la audiencia el demandado no puede impugnar la falta de jurisdicción o de competencia, que tuvo que proponer en forma de declinatoria (arts. 63 y siguientes). Anunciarla en la contestación no la convierte en declinatoria. Y la razón no es que haya que esperar a la apelación: es que ese cauce ya pasó. Todo ello, sin perjuicio de que el tribunal aprecie de oficio su falta de jurisdicción o de competencia cuando la ley lo permite.

La litispendencia, como la cosa juzgada, impide un segundo pronunciamiento sobre el mismo objeto. Por eso el art. 421.1 manda dar por finalizada la audiencia y dictar auto de sobreseimiento. Suspender el proceso a la espera del otro sería tratarla como una cuestión prejudicial, y acumularlos no resuelve la identidad de objeto. Tampoco se deja para la sentencia: es una cuestión procesal que se despacha en la audiencia.

El art. 426.6 permite al tribunal requerir aclaraciones o precisiones sobre los hechos y argumentos de la demanda o de la contestación. Si no se hacen, la advertencia es que puede tener a la parte por conforme con los hechos y argumentos aducidos de contrario. La consecuencia recae sobre la fijación de los hechos, no es una sanción ni borra lo que la parte alegó, y el sobreseimiento no está previsto para este caso.

Las diligencias finales suspenden el plazo para dictar sentencia (art. 434.2), y el art. 436.2 fija cuándo se reanuda: cuando transcurre el plazo otorgado a las partes para presentar su escrito de resumen y valoración. No basta con que se practique la última diligencia ni con que una parte presente antes su escrito, porque el tribunal ha de esperar a que venza el plazo de todas. La notificación del auto que las acuerda es el comienzo del trámite, no su final.

El art. 429.3 permite, a solicitud de parte, señalar el juicio dentro de dos meses cuando toda la prueba o gran parte de ella haya de realizarse fuera del lugar en que tiene su sede el tribunal. La previsión de que el juicio no termine en una sesión tiene otra respuesta, la del apartado 7: la citación indica las sesiones siguientes, en días sucesivos o en otros. Los edictos y el número de testigos no amplían el plazo.

Según el art. 418.1, los defectos de capacidad o representación subsanables se corrigen en el acto y, si no es posible, se concede un plazo «no superior a diez días», con la audiencia suspendida entre tanto. La ley fija solo el techo: el tribunal puede dar menos, pero no más. Por eso dos, tres o seis días podrían ser el plazo concedido en un caso concreto, pero ninguno es el máximo que pregunta el enunciado.

El art. 414.1 asigna a la audiencia cuatro finalidades: intentar un acuerdo, examinar las cuestiones procesales, fijar con precisión el objeto del proceso y los extremos de hecho o de derecho controvertidos y, en su caso, proponer y admitir la prueba. Practicarla es otra cosa: la declaración de las partes, la testifical y los informes orales de los peritos son el objeto del juicio (art. 431). Y contestar y reconvenir es anterior: la audiencia se convoca una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención.

El art. 433.3 permite a cada parte, tras sus conclusiones sobre los hechos, informar sobre los argumentos jurídicos que apoyan sus pretensiones, «que no podrán ser alteradas en ese momento». Lo que queda fijado es lo que se pide, no los argumentos: el precepto no limita las normas ni la jurisprudencia que se pueden invocar, y el informe jurídico no se ciñe a los hechos admitidos, porque abarca también los que se han probado o se discuten.

Según el art. 414.3, si no comparece ninguna de las partes a la audiencia previa, se levanta acta y el tribunal, sin más trámites, dicta auto de sobreseimiento y ordena el archivo de las actuaciones. Declarar el pleito visto para sentencia es lo que ocurre cuando nadie comparece al juicio (art. 432.2), una fase posterior en la que ya se ha fijado el objeto y admitido la prueba. Ni se repite la convocatoria ni se dicta sentencia sobre el fondo.

El art. 414.1 manda al letrado de la Administración de Justicia convocar a las partes a la audiencia «dentro del tercer día» desde que se contesta la demanda (y, en su caso, la reconvención) o transcurren los plazos para hacerlo. Es el plazo corto de la convocatoria, que no hay que confundir con el de celebración, más largo y contado desde la propia convocatoria. El segundo, el cuarto y el octavo día no son plazos de este trámite.

El art. 424.2 restringe al máximo el sobreseimiento por demanda defectuosa: sin aclaraciones, el tribunal «sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar» en qué consisten las pretensiones o frente a qué sujetos se formulan. Que el demandado insista no basta, y la ley no abre aquí un plazo de subsanación como el de los defectos de capacidad o representación (art. 418.1): las aclaraciones se admiten en el acto de la audiencia. La cuantía no es el criterio.

El art. 429.1 permite al tribunal poner de manifiesto la posible insuficiencia de la prueba e indicar los hechos afectados, y también señalar las pruebas que considere convenientes, pero «ciñéndose a los elementos probatorios cuya existencia resulte de los autos». El límite protege su imparcialidad: no busca pruebas fuera de lo que consta. No depende de que una parte se lo pida ni está limitado a ciertas clases de prueba, y los hechos conformes no necesitan prueba.

La regla general del art. 418.2 es que el defecto no subsanado pone fin al proceso por auto. Pero el apartado 3 la exceptúa cuando el defecto afecta a la personación en forma del demandado: entonces se le declara en rebeldía, sin que quede constancia en autos de lo que hubiera hecho. Poner fin al proceso perjudicaría al actor, que no tiene la culpa del defecto. Ni el allanamiento ni la conformidad con los hechos se deducen de la falta de subsanación.

Según el art. 432.2, si solo comparece alguna de las partes, el juicio se celebra; declarar el pleito visto para sentencia es lo que ocurre si no comparece ninguna. El sobreseimiento salvo interés legítimo del demandado es la regla de la audiencia previa (art. 414.3), no la del juicio: llegado este, el objeto ya está fijado y la prueba admitida, y la ausencia del actor no impide practicarla. La ley no prevé suspender ni volver a citar al que falta.