El lugar y el tiempo de las actuaciones: días hábiles y plazos

La LEC da prioridad a la videoconferencia: se usa siempre que sea posible, y el auxilio judicial queda para cuando no lo es (art. 129.2). La opción que invierte el orden es la tentación de quien piensa en el exhorto a otro tribunal como la vía natural para lo que se hace fuera del partido. Las dos que dicen «en todo caso» suprimen la alternativa que la ley mantiene.

No hace falta habilitación para proseguir en horas inhábiles, durante el tiempo indispensable, las actuaciones urgentes iniciadas en horas hábiles (art. 131.3). El límite es el tiempo indispensable, no una hora fija: las diez de la noche son el final de las horas hábiles que la ley añade para los actos de comunicación y de ejecución (art. 130.3), que es otra regla. Suspender o pedir habilitación expresa es justo lo que la ley dispensa.

El plazo encadenado se computa, sin necesidad de nueva notificación, desde el día siguiente al del vencimiento del anterior (art. 133.1, segundo párrafo). Es la misma lógica del día siguiente que rige la regla general, sin una comunicación intermedia. La diligencia con que el letrado deja constancia del transcurso de un plazo (art. 136) no abre el siguiente.

La presentación de escritos sujetos a plazo puede hacerse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5). Las veinticuatro horas son la hora en que expira el propio día del vencimiento (art. 133.1), y las veinte, el final de las horas hábiles generales (art. 130.3).

El interrogatorio de partes, testigos o peritos exige, como regla, la presencia física de quien interviene (art. 129 bis.2), pero una de las excepciones es que resida en un municipio distinto del de la sede del tribunal: entonces puede intervenir, a petición suya, desde un lugar seguro de su municipio (letra b). No vale cualquier lugar, sino uno seguro, y hace falta que lo pida. «Solo presencialmente» es la regla que esta excepción deja de lado; aun así, el juez puede exigir su presencia física por resolución motivada (art. 129 bis.3), y por eso la ley dice «podrá».

La regla general es que habilitan los tribunales, de oficio o a instancia de parte, si hay causa urgente; pero la habilitación la realizan los letrados de la Administración de Justicia cuando la actuación es de su exclusiva competencia, cuando la han ordenado ellos o cuando tiende a cumplir lo que el tribunal ha resuelto (art. 131.1). No hace falta que la acuerde el tribunal a propuesta suya. El Consejo General del Poder Judicial habilita por reglamento, según la LOPJ, para los casos que las leyes no prevén: es otro mecanismo, no la habilitación caso a caso.

El día del vencimiento se cuenta entero y expira a las veinticuatro horas (art. 133.1). Las quince horas son otra regla: el límite para presentar un escrito sujeto a plazo el día hábil siguiente al del vencimiento (art. 135.5). Las veinte y las veintidós son el final de las horas hábiles, la general y la de los actos de comunicación y ejecución (art. 130.3).

En los plazos de las actuaciones urgentes, agosto no es inhábil y solo se excluyen del cómputo los sábados, domingos y festivos (art. 133.2, segundo párrafo). Por eso tampoco se excluye el período del 24 de diciembre al 6 de enero en bloque: dentro de él, solo cuentan como excluidos los días que sean sábado, domingo o festivo. «Ninguno» va demasiado lejos: el fin de semana y los festivos siguen fuera.

Cuando los colegios de abogados o procuradores, o las partes personadas, comunican una causa objetiva de fuerza mayor que afecta al profesional, como un accidente con hospitalización, los plazos pueden interrumpirse y los términos demorarse durante tres días hábiles (art. 134.3). Es un supuesto distinto de la fuerza mayor que impide cumplir el plazo a la parte (art. 134.2), que interrumpe hasta que cesa la causa.

Si no hay plazo ni término, la actuación ha de practicarse sin dilación (art. 132.2). No hay un plazo supletorio de tres ni de cinco días, aunque sean cifras frecuentes en la LEC para otros actos, ni la ley deja al letrado de la Administración de Justicia que lo fije.

La fuerza mayor la aprecia el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió y con audiencia de las demás (art. 134.2). No decide el tribunal, aunque luego pueda conocer del recurso de revisión. La diligencia es la resolución con que el letrado deja constancia del transcurso del plazo (art. 136), no la que resuelve sobre la fuerza mayor.

En los plazos señalados por días se excluyen los inhábiles (art. 133.2): el viernes es el día uno, el sábado y el domingo no cuentan, y el lunes, el martes, el miércoles y el jueves son los días dos a cinco. El martes sale de contar días naturales; el viernes, de no contar el día en que el plazo empezó a correr.

Las actuaciones urgentes son las del art. 131.2, entre ellas las que, demoradas, pueden causar grave perjuicio a los interesados, y para ellas los días de agosto son hábiles sin necesidad de habilitación expresa (art. 131.3). La dispensa es de agosto: un sábado o un festivo siguen necesitando que se habiliten (art. 131.1). El consentimiento de las partes no hace hábil ningún día, y el reglamento del Consejo General del Poder Judicial es para los casos que las leyes no prevén.

Los plazos de la LEC son improrrogables (art. 134.1): ni la conformidad de la otra parte ni la justa causa que aprecie el tribunal permiten ampliarlos. Lo que la ley admite es interrumpirlos por fuerza mayor y reanudar su cómputo cuando cesa (art. 134.2), y eso no es una prórroga; aquí no se alega. La ampliación por no más de la mitad del plazo es la del procedimiento administrativo (art. 32 de la Ley 39/2015), no la del proceso civil.

Transcurrido el plazo o pasado el término para un acto procesal de parte, se produce la preclusión y se pierde la oportunidad de realizarlo (art. 136). No hay un nuevo requerimiento ni una suspensión a la espera de la parte: el letrado de la Administración de Justicia deja constancia por diligencia y el proceso sigue, con lo que acuerde él o resuelva el tribunal. La última opción recuerda la LJCA, que sí admite el escrito presentado dentro del día en que se notifica la resolución, salvo en los plazos para preparar o interponer recursos (art. 128.1 de la Ley 29/1998): la LEC no tiene esa salvedad.

Contra ese decreto cabe recurso de revisión, que produce efectos suspensivos (art. 134.2). Son dos ejes, y los dos están en la misma frase de la ley: la reposición es el recurso contra las resoluciones no definitivas en general, y la falta de efecto suspensivo es lo habitual en ella; aquí la ley elige la revisión y le da efecto suspensivo.

La infracción se corrige disciplinariamente conforme a la LOPJ, sin perjuicio de que la parte perjudicada exija las demás responsabilidades que procedan (art. 132.3). La nulidad tienta, pero una actuación judicial fuera de tiempo solo puede anularse si lo impone la naturaleza del término o plazo (art. 229). Los plazos de la parte no se prorrogan por el retraso del tribunal: los de la LEC son improrrogables (art. 134.1).

Ante una interrupción no planificada, quien remite puede presentar el escrito en la oficina judicial el primer día hábil siguiente, acompañando el justificante de la interrupción (art. 135.2). El justificante es parte de la regla, y el plazo no precluye por un fallo del servicio. Si hay prórroga de los plazos de inminente vencimiento, la anuncia el aviso de la propia interrupción; no la pide la parte ni la concede el tribunal a su instancia. El juzgado de guardia no admite escritos en lo civil (art. 135.5).

En las actuaciones ante los tribunales civiles no se admite la presentación de escritos en el juzgado de guardia (art. 135.5, segundo párrafo). Lo que la ley ofrece a cambio es presentarlo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento, en el primer párrafo del mismo apartado. No hay excepción para los escritos iniciadores ni para quien justifique no haber podido presentarlo antes.

Los plazos por meses se computan de fecha a fecha, y cuando el mes del vencimiento no tiene día equivalente al inicial, el plazo expira el último del mes (art. 133.3): febrero no tiene 31, así que expira el 28. El 2 de marzo sale de contar treinta días; el 1 y el 3 de marzo, de pasar al mes siguiente lo que la ley deja en el último día del mes del vencimiento.