La prueba: disposiciones generales

El art. 292.1 fija para el testigo o el perito que no comparece una multa de ciento ochenta a seiscientos euros, previa audiencia por cinco días, y el tribunal le requiere además para que comparezca cuando se le cite de nuevo (292.2). Las otras horquillas del capítulo castigan otras conductas: la de sesenta a seiscientos, al litigante por cuya causa no se practica a tiempo una prueba admitida (art. 288), y la de ciento veinte a seiscientos, a quien alega con ánimo dilatorio un hecho de nueva noticia (art. 286.4).

Los materiales de la prueba anticipada quedan bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia del tribunal que la acordó (art. 296.1). Si de la demanda conoce otro tribunal, el art. 296.2 le manda reclamarlos, a instancia de parte, por conducto oficial: no actúa de oficio ni carga a la parte con aportarlos. Repetir la prueba es otra cosa, la del art. 295.4, que exige que lo pida una parte y que sea posible practicarla.

Según el art. 295.3, si la prueba se anticipó antes del proceso, lo actuado pierde su valor probatorio si la demanda no se interpone en dos meses desde que se practicó, salvo que se acredite que la fuerza mayor u otra causa de análoga entidad impidió iniciar el proceso en ese plazo. Los demás plazos no aparecen en el precepto.

El art. 283 distingue dos defectos. Es impertinente la prueba que no guarda relación con el objeto del proceso (283.1); es inútil la que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puede contribuir a esclarecer los hechos controvertidos (283.2). La prueba ilícita es otra cosa: la actividad prohibida por la ley (283.3) o la obtenida vulnerando derechos fundamentales (art. 287).

Contra lo que se decide sobre la prueba ilícita, el art. 287.2 solo admite reposición, interpuesta y resuelta en el mismo acto del juicio o vista. Pero deja a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación en la apelación contra la sentencia definitiva. No hay, por tanto, apelación inmediata, y la revisión es el recurso contra decretos del letrado de la Administración de Justicia.

El art. 291 manda citar a las partes, aunque no sean sujetos u objetos de la prueba, con antelación suficiente, que será de al menos cuarenta y ocho horas, para todas las pruebas que se practiquen fuera del juicio o vista. Allí tienen la intervención que la ley autorice según el medio de prueba. No hay que confundirlo con los cinco días con que el letrado señala esas pruebas (art. 290).

El art. 295.4 permite repetir la prueba anticipada si en el momento de proponer prueba es posible llevarla a cabo y una parte lo pide. Entonces el tribunal la admite y valora según las reglas de la sana crítica tanto la realizada anticipadamente como la posterior: ninguna desplaza a la otra, y la ley no condiciona la repetición a ningún defecto de la primera.

El art. 281.3 exime de prueba los hechos en los que las partes están plenamente conformes, con una sola salvedad: que la materia objeto del proceso esté fuera de su poder de disposición. Lo que las partes no pueden disponer tampoco pueden fijarlo por acuerdo. Las dudas del tribunal, el momento en que se manifiesta la conformidad o el perjuicio a un tercero no aparecen en el precepto como límite.

El art. 298.1 exige tres requisitos: que la prueba sea posible, pertinente y útil; que haya razones para temer que, sin la medida, su práctica resulte imposible en el futuro; y que la medida sea conducente y pueda llevarse a cabo en un tiempo breve sin perjuicios graves y desproporcionados. La garantía no es un requisito: el art. 298.2 solo obliga al tribunal a tomar en consideración el ofrecimiento que haga el solicitante, que puede aceptar.

El art. 293.2 dirige la petición previa al proceso al tribunal que se considere competente para el asunto principal, que vigila de oficio su jurisdicción, su competencia objetiva y la territorial fundada en normas imperativas, sin que quepa la declinatoria. Iniciado el proceso, se dirige al que esté conociendo del asunto. Ni el lugar de la prueba ni el domicilio del solicitante deciden la competencia.

El art. 289.3 enumera lo que puede hacerse ante el letrado de la Administración de Justicia: presentar documentos originales o copias auténticas, aportar otros medios probatorios, reconocer la autenticidad de un documento privado, formar cuerpos de escritura para el cotejo y la mera ratificación de la autoría del dictamen pericial. La declaración de testigos, el reconocimiento de lugares y las explicaciones de los peritos exigen, en cambio, la presencia judicial inexcusable (289.2).

El art. 281.4 libera de prueba los hechos que gozan de notoriedad absoluta y general. No basta una notoriedad local, como la del partido judicial, ni lo que el juez sepa por su cuenta. Y el silencio del rebelde no fija nada: la declaración de rebeldía no se considera allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda (art. 496.2).

El art. 298.6 da veinte días, desde la notificación de la providencia, para oponerse a la medida de aseguramiento adoptada sin audiencia previa; pueden hacerlo quien fuera a ser demandado o ya lo hubiera sido y quien haya de soportar la medida. Los cinco días que aparecen en el mismo artículo son el plazo para la vista sobre la oposición (298.8), no para oponerse.

El art. 284 exige consignar, al proponer la prueba, el domicilio o residencia de quienes hayan de ser citados. Si en el juicio ordinario la parte no dispone aún de esos datos, puede aportarlos dentro de los cinco días siguientes. Tres, ocho o veinte días no aparecen en el precepto.

El art. 287.1 obliga a alegar la ilicitud de inmediato, permite que el tribunal la suscite de oficio y manda resolverla en el acto del juicio, oídas las partes y practicadas, en su caso, las pruebas sobre ese extremo. No se deja para la sentencia ni se abre pieza separada. En el juicio verbal la cuestión se resuelve como dispone el art. 438.10 (287.3).

El art. 290 permite que el tribunal acuerde, por providencia, que determinadas pruebas se practiquen fuera del juicio o vista; el letrado de la Administración de Justicia señala el día y la hora con al menos cinco días de antelación. Pero esas pruebas se practican en todo caso antes del juicio o vista. Las diligencias finales son otra figura, con sus propios supuestos (art. 435).

La regla del art. 282 es la iniciativa de parte, y la prueba de oficio es la excepción: el tribunal puede acordarla solo cuando así lo establezca la ley. La tentación es pensar en una facultad general para formar su convicción, pero el precepto no la da; tampoco la abren la pasividad de las partes ni su consentimiento.

El art. 298.8 manda dar traslado del escrito de oposición y citar a todos a una vista en el plazo de cinco días; celebrada esta, el tribunal decide sobre la oposición en tres días, por un auto irrecurrible. Los cinco días son, por tanto, el plazo para la vista, no para resolver.

Según el art. 286.2, el letrado de la Administración de Justicia da traslado del escrito a la parte contraria para que, dentro del quinto día, diga si reconoce el hecho o lo niega, y puede aducir cuanto lo aclare o desvirtúe. Si no lo reconoce, se propone y practica la prueba pertinente y útil cuando lo permita el estado de las actuaciones (286.3).