La realización de los bienes: entrega directa, valoración y convenio

El art. 639.2 fija ocho días desde la aceptación del encargo, y el perito entrega la valoración a la vez al tribunal y a las partes personadas. El plazo solo puede ampliarse por causas justificadas, en función de la cuantía o complejidad de la valoración. Los cinco días son otro plazo: el que tienen las partes, después, para alegar contra la valoración (art. 639.4).

El art. 639.1 pide la aceptación en el siguiente día a la notificación, salvo que concurra causa de abstención, y permite comunicarla por vía telemática al órgano judicial. Los tres días son el plazo para solicitar la provisión de fondos (art. 638.3), que corre desde el nombramiento.

El art. 634.4 da una regla propia para la ejecución de sentencias por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles: a petición del ejecutante, el bien vendido o financiado se le entrega de inmediato por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación establecidos en el contrato. Las partes ya pactaron cómo se deprecia, y por eso no hace falta avalúo pericial ni acudir al valor de mercado.

Si la realización se hace mediante subasta extrajudicial por persona o entidad especializada, el art. 640.2 pide al letrado de la Administración de Justicia que, antes de aprobar la transmisión, verifique que se ha cumplido la normativa de ordenación del comercio minorista que regula la venta en pública subasta. Los porcentajes sobre el valor de tasación son reglas de la subasta judicial, y la caución de la entidad no figura en el artículo vigente.

El art. 634.1.4.º extiende la entrega directa a cualquier bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado, y también al de valor inferior si el acreedor acepta recibirlo por el nominal. La razón es la misma que para el dinero: si el valor nominal ya dice lo que el bien vale, tasarlo o subastarlo no añade nada. Que el valor nominal sea inferior a la deuda, que el ejecutado lo ofrezca o que el letrado lo vea fácil de vender no son criterios de la ley.

El art. 634.3 separa estos saldos de los de inmediata disposición: como todavía no pueden cobrarse, el letrado adopta las medidas oportunas para lograr su cobro y puede nombrar un administrador cuando sea conveniente o necesario. Entregarlos ya por su valor nominal es lo que se hace con los saldos de inmediata disposición (art. 634.1.2.º), no con los que vencen más tarde; y la ley no prevé ni subastarlos ni tasarlos.

Para las acciones, obligaciones y otros valores admitidos a negociación en un mercado secundario, el art. 635.1 manda enajenarlos con arreglo a las leyes que rigen esos mercados: el mercado ya les da un precio, y venderlos allí es lo más eficaz. La adjudicación directa al ejecutante no está prevista para estos valores, y el derecho de adquisición preferente cuenta en las acciones y participaciones que no cotizan (art. 635.2).

El art. 638.2 reconoce la recusación al ejecutante y al ejecutado que hubiere comparecido: quien no se ha personado no interviene en la tasación. El «interés directo en la ejecución» es lo que permite convenir la realización (art. 640.1), no recusar; y los acreedores posteriores intervienen después, con alegaciones a la valoración (art. 639.4).

Las divisas convertibles están en la lista del art. 634.1, junto al dinero efectivo y los saldos de inmediata disposición: el letrado de la Administración de Justicia las entrega directamente al ejecutante por su valor nominal, convirtiéndolas antes si hace falta. Venderlas según las leyes de un mercado es la regla del art. 635 para los valores que cotizan, y el avalúo y la subasta son para lo que no tiene un valor nominal fiable.

En defecto de peritos al servicio de la Administración de Justicia, el art. 638.1 permite encomendar la tasación a organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas con personal cualificado y que se hayan comprometido a colaborar con ella. Solo si tampoco puede acudirse a ellos se nombra a alguien de las listas de entidades públicas y colegios profesionales. Ni el ejecutante elige al perito, ni la entidad especializada en la venta tasa.

El art. 638.3 da al perito tres días desde su nombramiento para pedir la provisión de fondos, que va a cuenta de la liquidación final. El letrado decide sobre ella, y el perito no emite su dictamen hasta que se abona. No hay que confundirlo con el siguiente día que tiene para aceptar el cargo una vez notificado (art. 639.1).

El art. 640.4 exige comprobar que la transmisión se hizo con conocimiento, por el adquirente, de la situación registral que resulta de la certificación de cargas, y con el consentimiento de los acreedores y terceros poseedores posteriores al gravamen ejecutado. Es la misma garantía que en la subasta: quien compra sabe qué cargas subsisten. La consignación del precio, el parentesco o el pago del impuesto no son lo que la ley manda comprobar.

El art. 639.4 permite a las partes, y a los acreedores posteriores del art. 659, alegar contra la valoración hasta que pasen cinco días desde su entrega, y acompañar informes de otro perito tasador. Los ocho días son los que tiene el perito para entregar la valoración desde que acepta el encargo (art. 639.2).

Cuando el convenio recae sobre bienes inscribibles, el art. 640.2 exige la conformidad expresa de los acreedores y terceros poseedores que inscribieron o anotaron sus derechos después del gravamen que se ejecuta: son ellos los que ven cancelados sus asientos con la realización. Las cargas anteriores subsisten (art. 640.4, que remite a las reglas de la subasta), y por eso sus titulares no tienen que consentir.

El art. 640.2 une la aprobación del convenio a la suspensión de la ejecución respecto de los bienes a que se refiere. No termina todavía: solo cuando se acredita el cumplimiento del acuerdo se sobresee la ejecución sobre esos bienes (art. 640.3), y si no se cumple, el ejecutante puede pedir que se alce la suspensión y se vaya a la subasta.

El art. 636 ordena las formas de realización: primero, la convenida entre las partes e interesados y aprobada por el letrado de la Administración de Justicia (art. 636.1); solo a falta de convenio, la subasta judicial (art. 636.2). La subasta es el cauce subsidiario, no el primero. Y la realización por persona o entidad especializada ya no tiene artículo propio: el art. 641 está sin contenido desde la LO 1/2025, y hoy cabe como contenido de un convenio (art. 640.1).

El art. 637 manda tasar los bienes que no se entregan directamente ni son valores o participaciones, salvo que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo sobre su valor, antes o durante la ejecución. El avalúo protege a los dos, porque fija el valor de referencia de la realización; por eso basta su acuerdo y no la renuncia de uno solo. La incomparecencia del ejecutado y la proporción entre el valor y la deuda no cuentan.