El requerimiento de pago, el embargo y la tercería de dominio

El art. 598.2 permite al tribunal, oídas las partes si lo considera necesario, condicionar la suspensión a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante, en cualquiera de las formas del art. 529.3. La carga recae en quien pide sacar el bien de la ejecución, no en el ejecutado ni en el ejecutante.

El art. 593.2 da al tercero cinco días: si no comparece ni da razones, el letrado dicta decreto mandando trabar el bien, salvo que las partes, en el mismo plazo, se hayan mostrado conformes con que no se embargue. Si se opone razonadamente, el letrado da traslado a las partes por un plazo común, también de cinco días, y remite los autos al tribunal para que resuelva.

El art. 584 prohíbe embargar bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad despachada, con una sola salvedad: que en el patrimonio del ejecutado solo haya bienes de valor superior y que su afección resulte necesaria para los fines de la ejecución. La salvedad no se abre con una caución del ejecutante, ni como sanción por no manifestar bienes, ni por autorización del tribunal: depende de cómo es el patrimonio del ejecutado.

El art. 598.1 limita el efecto de la admisión: la ejecución solo se suspende respecto del bien al que se refiere la tercería, y sigue sobre los demás bienes embargados. La suspensión es efecto de la propia admisión, sin que haga falta pedirla, y la oposición del ejecutante no la extiende ni la evita.

Con varios titulares solo se embarga la parte del deudor, y en las cuentas indistintas o mancomunadas se entiende que el saldo corresponde a los titulares a partes iguales, salvo que conste una titularidad material distinta (art. 588.3). Con tres titulares, un tercio. Que cada titular indistinto pueda disponer de todo frente al banco no hace suyo el saldo entero a efectos del embargo, y no hace falta el consentimiento de los demás.

El art. 595.1 legitima a quien, sin ser parte en la ejecución, afirma ser dueño de un bien embargado como del ejecutado y que no lo ha adquirido de este una vez trabado el embargo. Quien compra al ejecutado un bien ya embargado lo adquiere con la traba, y la forma del contrato no lo remedia. La tercería de dominio no se limita a los bienes inscritos.

El requerimiento de manifestación de bienes lo hace el letrado de oficio, mediante diligencia de ordenación, salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución (art. 589.1). Por eso no depende de que el ejecutante lo pida, ni de la clase de título, ni de que el ejecutado esté personado: lo único que lo excusa es contar ya con bienes bastantes.

El art. 594.1 declara eficaz el embargo trabado sobre bienes que no son del ejecutado. El verdadero titular tiene que hacer valer su derecho por medio de la tercería de dominio; si no lo hace, no podrá impugnar la enajenación cuando el rematante o adjudicatario haya adquirido de modo irreivindicable, aunque le quedan las acciones de resarcimiento, de enriquecimiento injusto o de nulidad de la enajenación (art. 594.2). El letrado no lo alza de oficio.

El art. 581.2 ahorra el requerimiento en la ejecución cuando la demanda viene con un acta notarial que acredita haber requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de antelación: el deudor ya sabe lo que se le reclama y ha tenido tiempo de pagar. Con menos antelación, el requerimiento se practica en la ejecución. Veinte días es otro plazo de la ejecución, la espera para despachar las resoluciones procesales y arbitrales (art. 548).

El art. 590 descarga a la oficina judicial de lo que el ejecutante puede conseguir solo: el letrado no reclama datos de organismos y registros cuando el ejecutante pudiera obtenerlos por sí mismo o por su procurador debidamente facultado. Las entidades financieras están expresamente entre los destinatarios de la investigación, y la ley no excluye lo ya declarado ni lo que esté fuera del partido judicial.

El art. 599 separa los papeles: la tercería se interpone ante el letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución y la resuelve el tribunal que dictó la orden general y el despacho. La ley no atiende al lugar donde está el bien ni al domicilio del tercerista, y no hay reparto: la tercería va a la misma ejecución.

El art. 583.3 atribuye al letrado de la Administración de Justicia la terminación de la ejecución una vez satisfechos intereses y costas, y la forma es el decreto, porque pone fin al procedimiento; la diligencia de ordenación solo le da impulso. No decide el tribunal, así que no hay auto ni providencia.

El art. 592.1 pone primero lo pactado y, a falta de pacto, que el letrado procure tener en cuenta la mayor facilidad de enajenación y la menor onerosidad para el ejecutado. El orden legal del apartado 2 es subsidiario: para cuando por las circunstancias sea imposible o muy difícil aplicar esos criterios. Buscar el mayor valor chocaría además con la regla de no embargar bienes cuyo valor exceda de la cantidad despachada (art. 584).

El art. 582 fija como lugar ordinario el domicilio que figure en el título, pero, a petición del ejecutante, el requerimiento puede hacerse además en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado. La ley no exige haber fracasado antes en el domicilio ni una autorización del tribunal: basta la petición del ejecutante.

En el orden del art. 592.2, las joyas y objetos de arte ocupan el tercer lugar, detrás del dinero o cuentas corrientes y de los créditos realizables a corto plazo y los valores admitidos a negociación. Los bienes muebles o semovientes son el sexto, los inmuebles el séptimo, y los sueldos, salarios y pensiones el octavo, solo por delante de los créditos realizables a medio y largo plazo.

El art. 580 dispensa del requerimiento de pago cuando el título es una resolución del letrado de la Administración de Justicia, una resolución judicial o arbitral, la que aprueba una transacción o un convenio alcanzados en el proceso, o un acuerdo de mediación. La escritura pública no está en esa lista, así que en su ejecución se requiere de pago al ejecutado (art. 581.1), salvo que con la demanda se acompañe el acta notarial de un requerimiento hecho con la antelación que fija el art. 581.2.

El art. 572.2 permite ejecutar por el saldo de operaciones cuando así se pactó en el título, pero solo si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación. La ley no exige que el deudor se muestre conforme con la liquidación, ni una aprobación judicial previa, ni inscripción registral alguna.

Pagar en el acto del requerimiento no libra de las costas: según el art. 583.2, son de cargo del deudor todas las causadas, salvo que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo pagar antes de que el acreedor promoviera la ejecución. Como no justifica nada, las paga él. Ni el pago voluntario las traslada al ejecutante ni la falta de oposición las borra.

El art. 599 remite a los trámites del juicio verbal. No va por el ordinario, ni se tramita como la oposición del ejecutado ni como una cuestión incidental del proceso: es la demanda de un tercero que no es parte en la ejecución, con su propio cauce.

El art. 585 permite consignar antes del embargo, para evitarlo, o en cualquier momento posterior antes de que se resuelva la oposición; en este segundo caso, una vez hecha la consignación, se alzan los embargos trabados. No hay que esperar a que se resuelva la oposición ni recabar la conformidad del ejecutante: la cantidad consignada ya cubre lo que el embargo aseguraba.