La subasta de bienes muebles

El art. 646.1 dice que el anuncio en el BOE contiene «exclusivamente» su fecha, la oficina judicial, el número de identificación y la clase del procedimiento y la dirección electrónica de la subasta en el Portal. El valor de los bienes no está en esa lista: el informe de avalúo va en el edicto que se incorpora al Portal de Subastas (art. 646.2), y el valor de tasación puede figurar en la publicidad por otros medios (art. 646.3).

El art. 645.2 hace pagar a cada parte los gastos de la publicidad que haya pedido. Lo único que va a la tasación de costas son los gastos que la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» haya causado al ejecutante: es el distractor tentador, pero no alcanza a la publicidad que pide otra parte. La ley no reparte ese gasto por mitad ni lo carga al rematante.

El art. 647.2 dispensa al ejecutante de las dos cosas: puja sin consignar nada y puede hacerlo aunque no concurra nadie más. El depósito es una garantía que se pide a los demás licitadores; y exigir otros postores para que el ejecutante pueda pujar no tiene apoyo en la ley.

El art. 652.1 devuelve de inmediato los depósitos de todos, salvo el del mejor postor; pero si los demás postores lo solicitan, también se reservan los suyos, para que, si el rematante no paga, el bien pueda adjudicarse al siguiente por el orden de sus posturas. La reserva depende de la petición de cada postor: no se retienen todos, ni el del siguiente de forma automática, ni lo decide el letrado a petición del ejecutante.

El art. 649.1 da a la subasta veinte días naturales desde su apertura, y los califica de improrrogables; durante ese tiempo las posturas son secretas. Los quince días naturales son otra cifra del mismo artículo: la de la suspensión que, si se supera, cancela la subasta (art. 649.2). Y diez días es el plazo del mejor postor para consignar el resto del precio (art. 650.1).

El art. 651 prevé una sola salida para la subasta de muebles sin postores: el alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado. El ejecutante no puede pedir la adjudicación, porque el art. 647.2 se lo niega si no hubo pujas. Designar a quien se adjudique el bien tras la subasta desierta es un remedio de la subasta de inmuebles (art. 671), y la ley no prevé una segunda subasta con tipo rebajado.

El art. 650.3 fija un día inicial propio para quien mejora la postura: los diez días para pagar el resto se computan desde el día en que ingresó el depósito. El cierre de la subasta es el día inicial de otros plazos —el del ejecutado para presentar a esa persona y el del mejor postor para pagar—, y por eso es el distractor tentador.

Es la quiebra de la subasta del art. 653.1: quien no paga pierde el depósito y se convoca nueva subasta, salvo que con los depósitos perdidos se pueda pagar al ejecutante capital, intereses y costas. El depósito garantizaba precisamente ese pago, así que no se devuelve. Y el embargo no se alza, porque la deuda sigue sin cobrarse: el alzamiento es la salida de la subasta sin postores (art. 651), no de la que quiebra.

El art. 649.1 impide que la subasta termine en sábado, domingo o fiesta nacional, en los días del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive, y en todo el mes de agosto. Un 15 de marzo en domingo cae en la primera prohibición, el 5 de enero en la segunda aunque sea martes, y el 16 de agosto en la tercera. El 7 de enero ya queda fuera del periodo navideño y, en martes, no es sábado, domingo ni fiesta nacional.

El art. 654.3 fija el orden de imputación cuando lo obtenido no alcanza: primero los intereses remuneratorios, después el principal, luego los intereses moratorios y, por último, las costas. El principal es el distractor tentador porque es lo que se reclamó, pero va en segundo lugar; los intereses de demora y las costas quedan detrás de él. El letrado expide además certificación de la deuda que queda pendiente por cada concepto.

El art. 649.2 distingue por la duración: si la suspensión supera los quince días naturales, la subasta se cancela, se devuelven los depósitos y todo vuelve al momento anterior a la publicación del anuncio. Reanudarla por el tiempo que le quedaba es lo que ocurre cuando la suspensión no pasa de quince días, y es el distractor tentador. Una subasta cancelada no se declara desierta: eso es que no haya postores.

El art. 650.1 manda aprobar el remate, mediante decreto y al día siguiente del cierre, cuando la mejor postura es igual o superior al 50 % del valor de subasta. El 70 % y el 60 % son cifras de la subasta de inmuebles (art. 670), que no se aplican a los muebles, y el 30 % es el mínimo que rige más tarde, cuando el ejecutado no mejora la postura. Por debajo del 50 % el remate no se aprueba de inmediato: se abre al ejecutado la posibilidad de presentar a quien mejore la postura.

El art. 643.1 atribuye la formación de los lotes al letrado de la Administración de Justicia, y no por su sola decisión: antes de anunciar la subasta emplaza a las partes por cinco días para que aleguen lo que convenga sobre los lotes. El ejecutante interviene en ese trámite como parte, pero no decide, y el tribunal no forma los lotes. El Portal de Subastas solo gestiona la subasta electrónica con lo que le remite la oficina judicial.

El art. 644 pone la convocatoria en manos del letrado de la Administración de Justicia y le fija la forma: decreto. La diligencia de ordenación es la resolución del letrado para dar al proceso el curso que la ley establece, no para acordar la subasta. La diligencia de constancia solo deja constancia de hechos con trascendencia procesal, y la providencia es una resolución del tribunal, no del letrado.

El art. 643.2 impide convocar la subasta de un bien o lote cuando, según su tasación o valoración definitiva, es previsible que lo obtenido no supere al menos los gastos de la propia subasta: una subasta así solo añadiría costes a la ejecución. La ley no prevé para ese caso una subasta con reglas especiales de depósito o de gastos, ni manda alzar el embargo: el alzamiento a instancia del ejecutado es la consecuencia de la subasta que termina sin postores (art. 651), no de la que no llega a convocarse.

El art. 650.2 resuelve el caso en un solo paso: si la postura del ejecutante no supera el principal reclamado, no hay nada que pagar, y se le pone inmediatamente en posesión de los bienes con el decreto de adjudicación. La liquidación y la consignación de la diferencia son para cuando su postura supera el principal. Consignar en diez días lo que falta de la postura es la regla del mejor postor que no es ejecutante, que sí ha hecho depósito.

El art. 650.5 permite al ejecutado liberar sus bienes pagando todo lo debido en cualquier momento anterior a la aprobación del remate, y entonces el letrado acuerda por decreto la cancelación de la subasta o, si ya concluyó, dejarla sin efecto. Que la subasta esté cerrada no impide el pago: el límite es la aprobación del remate, que aquí todavía no se ha producido. Por eso no se aprueba ningún remate, ni para entregar el precio al ejecutado ni para archivar la ejecución.

El art. 647.1.3.º fija el depósito en el 10 % del valor de los bienes, pero con un suelo: un mínimo de mil euros si el porcentaje da una cantidad inferior. El 10 % de 6.000 euros son 600, que es el distractor tentador; como no alcanza el mínimo, el depósito es de 1.000 euros. Las otras dos cifras no salen de ninguna regla del artículo.

La regla 6.ª del art. 648 permite al mismo postor hacer nuevas posturas por importe superior o inferior al de la anterior, y solo cuenta la última que haga antes del cierre. Por eso la rebaja es válida sin autorización de nadie: la puja de 8.000 euros deja de contar en cuanto la sustituye la de 7.000. Como las pujas son secretas durante la subasta, el postor no compite a la vista con las de los demás.

El art. 647.3 reconoce la facultad de ceder el remate al ejecutante y a los acreedores posteriores, y la reconoce por el solo hecho de participar, sin manifestación expresa. No se limita al ejecutante, pero tampoco se extiende a cualquier postor que haya consignado, que puja para sí, ni al ejecutado, que es el dueño de los bienes que se subastan.