Lo que puede alegar el ejecutado, la suspensión y el fin de la ejecución

El art. 556.2 dice que la oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales y de acuerdos de mediación no suspende su curso. La suspensión por diligencia de ordenación del letrado es la regla contraria, la de los títulos no judiciales (art. 557.2); retener lo que exceda de lo reconocido es lo que pasa en la oposición por pluspetición (art. 558.1), y la caución no aparece en este artículo.

El art. 559.1 enumera los defectos procesales: carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda, la falta de capacidad o representación del ejecutante, la nulidad radical del despacho y la falta de autenticidad del laudo no protocolizado. La caducidad, la pluspetición y el pago son motivos de fondo (arts. 556 y 557), que se sustancian aparte y después (art. 560).

El art. 556.1 admite como motivo de oposición los pactos y transacciones convenidos para evitar la ejecución, pero solo si constan en documento público. Un documento privado, aunque lo firmen las dos partes, no basta; la homologación judicial y la comunicación previa al tribunal no son lo que pide la ley.

El art. 561.1 dice que el auto que resuelve la oposición decide «a los solos efectos de la ejecución», y de ahí sale el distractor más tentador. Pero el art. 561.2 hace una excepción con la abusividad: una vez firme el auto, ese pronunciamiento tiene eficacia de cosa juzgada, y no puede volver a discutirse en un declarativo.

El art. 562.1 da tres vías según el caso: reposición si la infracción está en una resolución del tribunal o del letrado, apelación donde la ley lo prevé, y un escrito dirigido al tribunal cuando no hay resolución expresa que recurrir, que es este caso. Sin resolución no hay nada que reponer; la vía de la nulidad (arts. 225 y siguientes) solo se abre si la infracción entraña nulidad de actuaciones (art. 562.2), y la oposición a la ejecución es otra cosa: se dirige contra el despacho, no contra un acto concreto.

El art. 566.1 permite al tribunal de la ejecución suspenderla, a instancia de parte y con caución, cuando se admite una demanda de revisión o de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía. Si se trata de una revisión, antes de decidir oye el parecer del Ministerio Fiscal. La suspensión la decide el tribunal de la ejecución, no el de la revisión, y ni el letrado ni la Abogacía del Estado intervienen en ese trámite.

El art. 560 ordena el incidente: primero se resuelven los motivos procesales, y los cinco días para impugnar los de fondo se cuentan desde que se notifica esa resolución. El traslado del escrito de oposición es el día inicial solo cuando no se alegaron defectos procesales, que no es el caso. La ley habla de notificación, no de firmeza, y el auto del despacho queda muy atrás.

Someterse a mediación o a otro medio adecuado de solución de controversias suspende la ejecución (art. 565.1). Si termina sin acuerdo, la suspensión no se alza sola ni de oficio: se alza a petición de cualquiera de las partes, no solo del ejecutante. Si hay acuerdo y se cumple, el ejecutante lo comunica y el órgano judicial archiva.

Estimada la oposición, los embargos se alzan (art. 561.3). Si el ejecutante apela, el art. 561.4 le permite pedir que se mantengan, y el tribunal lo acuerda por providencia siempre que preste caución suficiente, fijada en la misma resolución, para indemnizar al ejecutado si la estimación se confirma. El daño de difícil reparación es lo que acredita el ejecutado para suspender una actuación recurrida (art. 567), no esto.

El art. 561.4 abre la apelación contra el auto que resuelve la oposición a la ejecución, y añade que no suspende la ejecución si el auto desestima la oposición. «Ningún recurso» es la regla de la ejecución provisional (art. 530.4), con la que se confunde. La reposición es para providencias y autos no definitivos, y la revisión, para los decretos del letrado.

La declaración de concurso suspende la ejecución frente al concursado (art. 568.2), pero el art. 568.3 limita el efecto a quien está en concurso: respecto de los demás demandados, la ejecución no se suspende. La ley no condiciona que continúe a que el ejecutante preste caución, ni hace esperar a los demás al final del concurso o a su convenio.

Las causas de oposición son tasadas. Lo que no cabe en ellas no se cuela en la ejecución, ni abre en ella un incidente que la suspenda: el art. 564 manda hacerlo valer en el proceso que corresponda. El escrito al tribunal del art. 562 sirve para denunciar infracciones de los actos de ejecución, no hechos nuevos sobre la deuda, y el auto que despacha la ejecución no admite recurso, sin perjuicio de la oposición (art. 551.4).

La regla del art. 565.1 es restrictiva: la ejecución solo se suspende si la ley lo ordena expresamente o si lo acuerdan todas las partes personadas. No basta que lo pida una de ellas, y el tribunal no puede suspender por su cuenta por una causa que la ley no prevea. La oposición tampoco suspende siempre: con títulos judiciales, la ejecución sigue (art. 556.2).

El art. 560 trata distinto a cada ausente. Si falta el ejecutado, que es quien se opone, se le tiene por desistido de la oposición, con las resoluciones del art. 442. Resolver sin oír a quien no viene es la regla cuando el que falta es el ejecutante, y por eso tienta. La ley no prevé citar de nuevo, y resolver con los documentos es lo que se hace cuando no hay vista.

Contra una resolución procesal o arbitral de condena, el art. 556.1 solo admite en cuanto al fondo el pago o cumplimiento justificado con documentos, la caducidad de la acción ejecutiva y los pactos y transacciones en documento público. La compensación y las cláusulas abusivas son causas del art. 557, propias de los títulos no judiciales, y la prescripción de la acción ejercitada en el pleito quedó resuelta por la sentencia que ahora se ejecuta: no puede volver a discutirse en la ejecución.

Cuando el defecto no es subsanable, o no se subsana a tiempo, el art. 559.2 manda dictar auto que deja sin efecto la ejecución despachada, con imposición de las costas al ejecutante. Las costas no van al ejecutado, que es quien ha ganado el incidente: las paga el ejecutante, que pidió una ejecución con un defecto que no puede arreglar. No hay suspensión a la espera de otra demanda, y la decisión es del tribunal, no del letrado.

El art. 569.1 distingue. Una denuncia o una querella, por sí solas, no suspenden la ejecución, y de ahí sale el distractor que más tienta. Pero si está pendiente una causa criminal que investiga hechos que harían falso o nulo el título, el tribunal que autorizó la ejecución, oídas las partes y el Ministerio Fiscal, acuerda la suspensión. La caución es la del ejecutante para que la ejecución siga pese a todo (art. 569.3), no un requisito que se pida al ejecutado.

Sin consignación, la ejecución sigue (art. 558.1), pero lo que exceda de la cantidad que el ejecutado reconoce deber no se entrega al ejecutante mientras la oposición esté pendiente. Aquí se reconocen 20.000: eso puede entregarse, y los 8.000 que exceden quedan retenidos. Retenerlo todo castigaría al ejecutante por lo que nadie discute, y la ley no prevé entregar el exceso con caución ni a reserva de devolverlo.

El art. 558.2 distingue dos salidas. Si las dos partes están conformes o ninguna alega en plazo, el letrado dicta decreto de conformidad con el dictamen. Si hay controversia o alega solo una de ellas, como aquí, el letrado señala vista ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. El decreto de conformidad es, por tanto, la respuesta tentadora y equivocada: la alegación del ejecutante basta para llevar la cuestión a la vista.

El art. 558.1 parte de que la pluspetición sola no suspende la ejecución y da una única salida: que el ejecutado consigne la cantidad que reconoce deber, para que el letrado de la Administración de Justicia se la entregue enseguida al ejecutante. Prestar caución por lo que se discute no es lo mismo que pagar lo que se reconoce, y ni la proporción del exceso ni pedir vista cambian nada.