Los títulos ejecutivos y la ejecución provisional

El art. 517.2.2.º pone los acuerdos de mediación junto a los laudos, con una condición: que se hayan elevado a escritura pública conforme a la ley de mediación. La homologación judicial es la vía de los acuerdos alcanzados dentro de un proceso (3.º), no la del acuerdo de mediación extrajudicial; ni la ratificación ante el letrado de la Administración de Justicia ni la inscripción en un registro le dan fuerza ejecutiva. Desde la Ley Orgánica 1/2025, el mismo número alcanza también a los acuerdos de otros medios adecuados de solución de controversias elevados a escritura pública.

El art. 518 enumera las acciones que caducan: las fundadas en sentencia, en la resolución que aprueba una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral y en acuerdo de mediación. Los títulos no judiciales ni arbitrales —la escritura pública, la póliza notarial, los títulos al portador— no están en esa lista: su plazo no es este. Que el acuerdo de mediación haya de elevarse a escritura pública no lo convierte en una escritura cualquiera: el artículo lo nombra por su nombre.

El art. 519.2 fija un año como máximo desde la firmeza de la sentencia cuyos efectos se quieren extender. Cinco años es el plazo de caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia (art. 518), que es otra cosa: quien pide la extensión no tiene todavía una sentencia a su favor, y por eso el plazo es mucho más corto.

El art. 527.1 abre la ventana con la notificación de la resolución que tiene por interpuesto el recurso de apelación (o, si es el caso, con el traslado del escrito de adhesión del apelado) y la cierra cuando recae sentencia en la apelación. Antes de que haya recurso no hay nada que ejecutar provisionalmente: si nadie apela, la sentencia será firme y se ejecutará como definitiva. La remisión de los autos no abre el plazo; solo obliga a acompañar testimonio (art. 527.2).

El art. 530.4 cierra el incidente: contra el auto que decide la oposición a la ejecución provisional o a medidas ejecutivas concretas no cabe recurso alguno. La apelación preferente es la del auto que deniega la ejecución provisional (art. 527.4), y la revisión es contra decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra autos.

En la revocación parcial, el art. 533.2 manda devolver solo la diferencia entre lo cobrado y lo que confirma la nueva sentencia, incrementada con el interés legal del dinero aplicado anualmente desde que se percibió. No se devuelve todo para volver a cobrar, y el interés legal incrementado en dos puntos es el de la mora procesal, que corre a cargo del condenado, no este.

El art. 520.1 exige, para los títulos no judiciales ni arbitrales del art. 517.2 (números 4.º a 7.º: escrituras, pólizas, títulos al portador y certificados de anotaciones en cuenta), una cantidad determinada que exceda de 300 euros. Por debajo, el acreedor tiene que acudir a un proceso declarativo o al monitorio. Las demás cifras no aparecen en el artículo.

El art. 527.4 trata distinto el auto que deniega y el que despacha. Contra el que deniega cabe apelación, tramitada y resuelta con preferencia; contra el que la despacha no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado. La revisión es el recurso contra decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra autos del tribunal, y la reposición no es la vía que da el artículo.

El art. 523 distingue dos cosas. Si el título extranjero tiene fuerza ejecutiva en España lo deciden los tratados y las normas de cooperación jurídica internacional (523.1); pero, una vez que la tiene, la ejecución se tramita con las reglas de la LEC, salvo que un tratado vigente en España disponga otra cosa (523.2). El procedimiento no lo pone la ley del Estado de origen ni la que eligieron las partes.

También la sentencia de segunda instancia se ejecuta provisionalmente en el tribunal de primera instancia: el art. 535.2 manda presentar allí la solicitud, con certificación de la sentencia y testimonio de lo necesario. Esos documentos sí se piden a la Audiencia que dictó la sentencia de apelación, o al tribunal de la casación, y por eso es la opción que tienta; pero la solicitud no va a ellos.

Derribar es una condena no dineraria, y para ella el art. 528.2.2.º admite oponerse alegando que, atendida la naturaleza de lo que se ejecuta, sería imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior o compensar al ejecutado si la sentencia se revocara. La ley no le pide al tribunal de la ejecución que valore las posibilidades del recurso, la caución no se exige al pedirla (art. 526) y la desproporción económica no es motivo.

El art. 519.3 da traslado de la solicitud y sus documentos a la parte condenada por diez días, para que se allane o se oponga; si no responde, se entiende que está conforme. Los cinco días son los del paso siguiente: el plazo en que, sin más trámite, se dicta el auto que resuelve la solicitud (art. 519.4).

El art. 521.1 excluye de la ejecución las sentencias meramente declarativas y las constitutivas: no condenan a nada que haya que imponer por la fuerza. Pero si una constitutiva contiene también un pronunciamiento de condena, ese pronunciamiento sí se ejecuta (art. 521.3), así que la opción que lo niega es falsa. Las condenas no firmes admiten ejecución provisional, y las condenas a hacer y a no hacer se ejecutan como ejecución no dineraria.

El art. 528.4 suma a las causas del 528.2 y 528.3 dos más: el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, justificado con documentos, y los pactos o transacciones documentados en el proceso para evitar la ejecución provisional. La pluspetición es motivo de la oposición a la ejecución ordinaria, no de esta; la prescripción es cuestión de fondo que se discute en el recurso, y la caución no se exige al pedir la ejecución provisional (art. 526).

El art. 526 deja pedir y obtener la ejecución provisional «sin simultánea prestación de caución»: es la opción del legislador por fiarse de la sentencia de primera instancia. La caución aparece después y solo como respuesta: el ejecutante puede ofrecerla cuando, en una condena no dineraria, el ejecutado alega que lo ejecutado no se podría restaurar (art. 529.3). No hay excepción para las condenas dinerarias.

El art. 527.5 premia el cumplimiento rápido: si el ejecutado cumple el auto que despachó la ejecución provisional dentro de los veinte días siguientes a su notificación, las costas de esa ejecución no corren de su cuenta. Las demás cifras no están en el artículo.

Quien se opone a una actuación concreta en una condena dineraria tiene que proponer medidas alternativas u ofrecer caución; si no hace ninguna de las dos cosas, el letrado de la Administración de Justicia decreta de inmediato que la oposición no procede. Contra ese decreto, el art. 528.3 da recurso directo de revisión ante el tribunal, y sin efectos suspensivos: la ejecución sigue. No pasa antes por la reposición, y no es apelable.

El art. 530.2 deja la ejecución en suspenso por auto, pero mantiene los embargos y las medidas de garantía adoptadas, y permite adoptar otras: si la condena se confirma, nada se ha perdido. Alzar los embargos y declarar no haber lugar a la ejecución es lo que ocurre cuando prospera la otra causa, la del despacho contrario al art. 527 (art. 530.1). Ni hay archivo definitivo ni una caución tasada en el doble.

La sentencia constitutiva no se ejecuta (art. 521.1), pero firme produce efectos en los Registros: basta su certificación y, cuando haga falta, el mandamiento judicial (art. 521.2). La anotación preventiva es lo que procede mientras una sentencia no es firme (art. 524.4), no el camino de la firme; y no hay juicio contra el registrador.

El art. 529.1 da cinco días desde la notificación del despacho, o de la actuación concreta a la que se opone, y el escrito se presenta al tribunal de la ejecución. Diez días es el plazo de la oposición a la ejecución ordinaria, que es la cifra con la que se confunde.