El juicio verbal: la demanda y la contestación

El art. 438 bis.4 manda al letrado de la Administración de Justicia acordar el desistimiento por decreto «sin condena en costas», sin salvedad alguna a petición del demandado. El reparto de cada parte las suyas y las comunes por mitad es otra regla del mismo artículo (apartado 5): la que puede aplicar el tribunal cuando el demandante insistió en continuar pese a que la providencia lo consideraba innecesario.

El art. 439 bis fija en un mes, desde la presentación de la reclamación, el plazo máximo para el acuerdo; si en ese mes la entidad no contesta, el procedimiento extrajudicial se tiene por concluido sin acuerdo y el consumidor puede demandar. Los demás plazos no figuran en el artículo; el mes vuelve a contar, en cambio, desde que el consumidor acepta la oferta, para que la cantidad ofrecida se ponga a su disposición antes de devengar intereses.

El art. 437.3 permite condicionar la condonación al desalojo voluntario dentro del plazo que indique el arrendador, «que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda». Los diez días tientan porque son el plazo del requerimiento para desalojar, pagar u oponerse (art. 438.5), que es otro trámite.

El art. 438.8 manda al letrado de la Administración de Justicia dar traslado de la contestación al actor y conceder a ambas partes «el plazo común de cinco días» para proponerla e indicar a quién hay que citar a la vista. Diez días es el plazo de la contestación, con el que se confunde.

El art. 437.4 enumera las excepciones, y la 2.ª es la acumulación del resarcimiento de daños y perjuicios a otra acción que sea prejudicial de ella. La 1.ª pide que las acciones se basen en unos mismos hechos, no en hechos distintos aunque sumen poco. En el divorcio lo que se puede acumular es la división de la cosa común de los bienes en comunidad ordinaria indivisa (4.ª), no la liquidación del régimen económico, y la reivindicatoria no figura en la lista.

El art. 438.2 remite la reconvención admitida a las normas del juicio ordinario, con una salvedad: el plazo para contestarla es de diez días, el mismo que tiene el demandado para contestar la demanda del verbal, y no los veinte del ordinario. La contestación oral en la vista no cabe: en el verbal la demanda se contesta por escrito (art. 438.1).

Cuando el demandado atiende el requerimiento solo en cuanto al desalojo, el art. 438.5 manda dar por terminado el procedimiento y dar traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución en cuanto a la cantidad reclamada, «bastando para ello con la mera solicitud». No hace falta un nuevo verbal ni un monitorio, y el juicio no sigue hasta sentencia.

El art. 438.8 permite a la parte actora, «dentro del mismo plazo de cinco días» que tienen las partes para proponer prueba, alegar sobre las excepciones procesales que puedan impedir una sentencia sobre el fondo. Ya no se esperan a la vista: el tribunal las resuelve por auto antes de decidir si hay vista (art. 438.10).

El art. 438.2 excluye la reconvención «en ningún caso» en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada. En los demás, incluidos los de cuantía, se admite si no hace improcedente el verbal y guarda conexión con la demanda; que el demandado actúe sin abogado o que el actor haya acumulado acciones no la impide.

El art. 439.3 no admite la demanda de desahucio de finca urbana por falta de pago si el arrendador no indica las circunstancias que puedan permitir o no, en el caso concreto, la enervación del desahucio, porque de ellas depende que el arrendatario pueda pagar y seguir en la finca. La fianza, la renta de mercado o una oferta de nuevo contrato no son requisitos de admisión.

El art. 438.3 permite oponer en la contestación un crédito compensable, pero si su cuantía supera la que determina el juicio verbal el tribunal tendrá por no hecha la alegación en la vista y lo advertirá al demandado, para que use de su derecho ante el tribunal y por los trámites que correspondan. El verbal no se transforma en ordinario, no se admite la compensación en parte y el pleito no se suspende.

El art. 438.1 da traslado de la demanda admitida al demandado para que la conteste por escrito «en el plazo de diez días», conforme a lo dispuesto para el ordinario. Los veinte días son los de la contestación en el juicio ordinario (art. 404.1), que es el plazo con el que se confunde; si no comparece en plazo, se le declara en rebeldía. Los procesos especiales sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, aunque siguen el verbal, tienen veinte días (art. 753.1).

El art. 437.2 permite la demanda sucinta, con los datos de identificación y lo que se pide fijado con claridad y precisión, «concretando los hechos fundamentales en que se basa la petición». Los fundamentos de derecho no se exigen en esa demanda, y la prueba no se anuncia en ella: se propone después, en el plazo común que abre la diligencia de ordenación tras la contestación (art. 438.8), igual que las preguntas del interrogatorio, que se formulan en la vista.

El art. 438.5 dice que la aceptación del compromiso del art. 437.3 «equivaldrá a un allanamiento con los efectos del artículo 21». No es una transacción que haya que homologar ni una satisfacción extraprocesal, que es otra forma de terminar el proceso, y tampoco lo deja en suspenso.

El art. 439.5 inadmite estas demandas si no se acompaña el documento que justifique haber hecho una reclamación previa extrajudicial a quien concede préstamos de forma profesional, para que reconozca el carácter abusivo de la cláusula y devuelva lo cobrado. El cálculo de lo que hay que devolver lo hace el banco al responder a esa reclamación (art. 439 bis), no es un requisito previo; ni el informe del Banco de España ni la certificación registral se exigen.

La excepción 3.ª del art. 437.4 admite acumular al desahucio por falta de pago, o por expiración del plazo, la reclamación de las rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas «con independencia de la cantidad que se reclame». Por eso no importa que pase de 15.000 euros: la reclamación no se recorta, el juicio no pasa al ordinario y no hay que acudir al monitorio. El mismo apartado permite acumular también la acción contra el fiador o avalista solidario, previo requerimiento de pago no satisfecho.

El art. 439.2.3.º inadmite esas demandas si no se acompaña certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante. La nota simple no es certificación, la escritura de adquisición no acredita la vigencia del asiento y el Catastro no da fe de derechos.

El art. 437.3 bis permite dirigir esa demanda «genéricamente contra los desconocidos ocupantes», sin perjuicio de notificarla a quien se encuentre en el inmueble al hacerlo; el actor ha de acompañar el título en que funda su derecho a poseer. No hace falta una identificación policial previa, el padrón no designa al demandado y el Ministerio Fiscal no representa a los ocupantes.

El juicio verbal principia por una demanda con el contenido y la forma de la del ordinario (art. 437.1), y le alcanzan también las reglas de preclusión de alegaciones y de litispendencia. La demanda sucinta y el impreso normalizado existen, pero el art. 437.2 los reserva a los verbales en que no se actúa con abogado y procurador; la demanda sucinta «con fundamentos de derecho» no es ninguna de las dos formas.

El art. 438.10 dice que contra ese auto cabe recurso de reposición, «que tendrá efecto suspensivo». Es una excepción a la regla general, porque la interposición de la reposición no suspende, como norma, lo acordado (art. 451.3). La apelación no cabe contra este auto, ni con efecto suspensivo ni sin él: el artículo solo da reposición.