El juicio verbal: la vista y la sentencia

El art. 441.6 distingue según quién demanda: la suspensión dura como máximo dos meses si el demandante es una persona física y cuatro si es una persona jurídica, como una sociedad mercantil. Dos meses es, por tanto, el límite del caso contrario. Pasado el plazo, o adoptadas las medidas, la suspensión se alza sola y el proceso sigue.

El art. 444.1 bis limita la oposición a dos causas: tener título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o que el actor carezca de título. La vulnerabilidad no es causa de oposición: da lugar a la comunicación a los servicios sociales y, en su caso, a la suspensión del art. 441.5 y 6. Tampoco cuenta el tiempo de ocupación ni que no se identificara al ocupante, porque la notificación puede hacerse a los ignorados ocupantes.

El art. 440 fija un mes como plazo máximo para celebrar la vista, después de que el letrado de la Administración de Justicia haya citado a las partes dentro de los cinco días siguientes a la contestación o al fin de los plazos. Veinte días es el plazo en que ha de celebrarse la audiencia previa del juicio ordinario (art. 414), no la vista del verbal. Dos meses también tienta porque lo usa el ordinario, pero allí es la excepción que, a solicitud de parte, permite señalar el juicio dentro de dos meses cuando toda o gran parte de la prueba ha de practicarse fuera de la sede del tribunal (art. 429.3); en el verbal no hay prórroga así.

El art. 444.3 da una lista cerrada de cuatro causas para estos juicios: falta de jurisdicción o de competencia, pago acreditado documentalmente, inexistencia o falta de validez del consentimiento (incluida la falsedad de la firma) y falsedad del documento del contrato. Alegar que el vendedor incumplió antes no está entre ellas, por fundado que parezca: la tutela es sumaria y esa discusión cabe en otro juicio.

El art. 440 dice que, informadas de la posibilidad de negociar o de acudir a mediación, las partes indicarán su decisión y sus razones «en la vista o antes de ella». La ley no abre un plazo propio de diez ni de cinco días para esa respuesta, y esperar al final de la prueba no tendría sentido: la negociación sirve para evitar el juicio, no para cerrarlo.

El art. 447.2 niega efectos de cosa juzgada a las sentencias de los verbales sobre tutela sumaria de la posesión, porque su objeto es proteger una situación de hecho sin decidir sobre el derecho, que puede discutirse después en un juicio plenario. Las demás opciones son verbales por la materia o por la cuantía, pero en ellas se juzga el fondo, y su sentencia firme sí produce cosa juzgada.

El art. 443.2 dice que, si todas las partes están conformes con la derivación, se acuerda previa suspensión del procedimiento y mediante providencia, que puede dictarse oralmente en la misma vista. No hace falta auto, y no es una decisión del letrado de la Administración de Justicia, ni por decreto ni por diligencia de ordenación: la propone y la acuerda el tribunal.

El art. 440 obliga a advertir en la citación que la vista no se suspenderá porque el demandado no acuda: el juicio sigue sin él (art. 442.2). No hay una segunda citación, y la ausencia no equivale a allanarse, que es un acto expreso de conformidad con lo que se pide (art. 21). Tampoco prevé la ley una multa general por no comparecer a la vista.

Para que la obra no avance mientras se pleitea, el art. 441.2 manda dirigir la orden de suspensión de inmediato, antes incluso de dar traslado de la demanda para contestar. El reconocimiento judicial o pericial es potestativo y puede hacerse antes de la vista, pero no condiciona la orden. Y la caución no la presta el actor: es el dueño o encargado quien puede ofrecerla para continuar la obra.

La especialidad 11.ª del art. 447 bis es tajante: si la demanda no se presenta en plazo, el tribunal declara de oficio, por auto, el archivo de las actuaciones, sin necesidad de que lo pida la Oficina. El plazo adicional que puede pedirse es otro supuesto (especialidad 12.ª): el del recurrente que formaliza la demanda porque el expediente no llega, no el del que lo tenía y dejó pasar el plazo.

El art. 442.1 tiene al demandante ausente por desistido en el acto, con las costas a su cargo, salvo que el demandado alegue interés legítimo en que se dicte sentencia sobre el fondo. No hay sentencia desestimatoria, que juzgaría el fondo, ni nueva citación. La rebeldía es la situación del demandado que no se persona, no la del actor que no acude.

Lo primero que manda el art. 443.1 tras abrir el acto es comprobar si subsiste el litigio, porque las partes pueden haber llegado a un acuerdo y pedir su homologación o desistir. La contestación ya se presentó por escrito antes de la vista, y los hechos controvertidos no los fija el tribunal solo: si no hay acuerdo, da la palabra a las partes para aclararlos y fijarlos (art. 443.3). La prueba viene después.

En las demandas del art. 250.1.11.º, el art. 441.4 manda que, admitida la demanda, el tribunal ordene el depósito del bien cuya entrega se reclama, y añade que no se exige caución al demandante para esa medida. La acción busca recuperar el bien, no cobrar la deuda sobre otros bienes del demandado, y la ley no prevé aquí una anotación de la demanda.

El art. 441.1 bis cierra la puerta a cualquier recurso contra el auto que decide el incidente de inmediata entrega de la posesión: «no cabrá recurso alguno», y se lleva a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encuentren en ese momento en la vivienda. Ni la reposición ni la apelación caben, aunque fuera sin efecto suspensivo, y la revisión es el recurso contra decretos del letrado de la Administración de Justicia, no contra un auto del tribunal.

El art. 447.1 deja las conclusiones a criterio del tribunal: «podrá» conceder a las partes un turno de palabra para formularlas oralmente. A diferencia del juicio ordinario, donde las conclusiones forman parte del juicio, en el verbal no son un derecho de la parte; pero tampoco están excluidas, y no se presentan por escrito. En los procesos especiales del art. 748, en cambio, el tribunal ha de permitirlas (art. 753.2).

El art. 444.2 enumera cuatro causas tasadas para este juicio: falsedad u omisiones de la certificación registral, poseer por contrato o relación directa con el titular o por prescripción, tener la finca inscrita a su favor y no ser la finca inscrita la que efectivamente posee el demandado. Las mejoras, la falta de posesión previa del actor o la antigüedad de su inscripción no figuran: lo que protege el juicio es la eficacia del asiento.

Pedida la inmediata entrega, el art. 441.1 bis manda requerir a los ocupantes, en el decreto de admisión, que aporten en cinco días título que justifique su situación posesoria. Solo si no lo justifican ordena el tribunal, por auto, el desalojo: no se les manda desalojar de entrada. El emplazamiento por cinco días para contestar por medio de procurador es del verbal de la venta a plazos y del arrendamiento financiero (art. 441.4), y aquí no se les pide caución alguna.

El art. 447.2 niega la cosa juzgada a la sentencia sobre el desahucio por impago, pero añade que los pronunciamientos sobre las acciones acumuladas —la reclamación de rentas o cantidades vencidas y la acción contra el fiador o avalista solidario— sí la producen. Por eso no es verdad que ninguno la produzca por ser sumario el juicio, ni que la produzcan todos: lo sumario es el desahucio, no la condena a pagar.

El art. 447.1 fija como regla general que la sentencia del verbal se dicte en los diez días siguientes a la vista, y exceptúa solo el desahucio de finca urbana, en el que se dicta en cinco. La tutela sumaria de la posesión, la suspensión de una obra nueva y la reclamación de cuotas de la comunidad son también verbales por razón de la materia, pero ninguna tiene esa excepción: siguen la regla de los diez días.