Las votaciones y las clases de resoluciones

El art. 215.2 manda resolver por auto, tanto para completar la sentencia con el pronunciamiento omitido como para denegarlo; no se dicta una sentencia nueva. El decreto es la forma en que el letrado de la Administración de Justicia completa sus propios decretos (art. 215.4).

El ponente que discrepa declina la redacción y formula su voto particular; el Presidente encarga la resolución a otro magistrado y corrige el turno de ponencias para que el reparto siga siendo igual (art. 203). El ponente no redacta lo que no comparte, y la ley no da la redacción al Presidente ni al más antiguo.

El art. 204.3 exige la firma del letrado «bajo pena de nulidad»: no es una irregularidad que la firma del juez sane. La corrección disciplinaria es la consecuencia de dictar fuera de plazo sin justa causa (art. 211.2), no de esta falta.

El art. 210.1 manda pronunciar en el acto las resoluciones distintas de sentencia, y documentarlo con el fallo y una motivación sucinta, diciendo además si son firmes y qué recurso cabe. No se dejan para después salvo que la ley lo permita, y lo oral no exime de motivar, aunque sea en breve.

Es la regla 3.ª del art. 206.2. Dar a los autos su curso es lo propio de la diligencia de ordenación (regla 1.ª); razonar lo resuelto, del decreto (regla 2.ª); y decidir las cuestiones procesales que la ley somete a decisión judicial es la providencia, que dicta el tribunal (art. 206.1.1.ª).

Si todas las partes están presentes y renuncian a recurrir, se declara la firmeza en el acto; fuera de ese caso, el art. 210.2 hace correr el plazo desde la notificación de la resolución ya redactada, no desde que se oye en la vista.

El art. 214.2 da tres días a quien dictó la resolución para resolver la petición de aclaración. No hay que confundirlos con los dos días hábiles que tiene la parte para pedirla, ni con los cinco del complemento de una sentencia o un auto incompletos (art. 215.2).

El art. 213 bis lleva al libro de decretos solo los definitivos, igual que el libro de sentencias recoge las resoluciones definitivas del tribunal (art. 213). Los decretos de trámite, como el que admite la demanda, no van a él.

Firme es la resolución contra la que no cabe recurso, bien porque la ley no lo prevé, bien porque ha pasado el plazo sin que nadie recurra (art. 207.2). Las otras tres pueden ser definitivas, pero todavía admiten recurso o lo tienen pendiente, así que no son firmes.

El libro de sentencias recoge las sentencias definitivas, los autos de igual carácter y los votos particulares (art. 213); las providencias no van a él. Los decretos definitivos del letrado de la Administración de Justicia tienen su propio libro, el de decretos (art. 213 bis).

La regla 1.ª del art. 206.2 reserva a la diligencia de ordenación el impulso del proceso. El decreto es para admitir la demanda, terminar un procedimiento de su competencia exclusiva o razonar lo resuelto; la diligencia de constancia refleja hechos o actos con trascendencia procesal; y la providencia es del tribunal, no del letrado.

La regla 4.ª del art. 209 lo prevé justo para este caso: el fallo contiene, numerados, los pronunciamientos sobre cada pretensión «aunque» su estimación o desestimación pudiera deducirse de los fundamentos. Lo que se ejecuta es el fallo, y no puede quedar implícito.

Para completar de oficio, el art. 215.3 cuenta desde la fecha en que se dicta la resolución; la petición de parte, en cambio, se cuenta desde la notificación (215.2), y la aclaración, desde la publicación (214.2). Al completarla, el tribunal no puede modificar ni rectificar lo que ya acordó.

Perder la condición de juez es una de las excepciones del art. 194.2, pero la propia norma la levanta para los jubilados por edad: a ellos se les sigue aplicando la regla del apartado 1, y la sentencia es suya. Repetir el juicio con el sustituto es lo que ocurre cuando el juez queda impedido y no puede dictar la resolución (art. 200.1).

El art. 206.1.3.ª manda resolver por sentencia los recursos de casación y la revisión de sentencias firmes, salvo los casos del art. 487.1, en que la casación puede decidirse por auto. Las otras tres son, según la regla 2.ª, materia de auto: los recursos contra providencias, la admisión o inadmisión de la reconvención y la nulidad o validez de las actuaciones.

El art. 208.4 dice «toda resolución»: también las providencias, las diligencias y los decretos, sean o no definitivos. Y si cabe recurso, la resolución dice cuál, ante qué órgano y en qué plazo.

La regla 1.ª del art. 209 pone en el encabezamiento quiénes litigan, con su legitimación, representación y defensa, y sobre qué. Los antecedentes recogen las pretensiones, los hechos y las pruebas; los fundamentos, las razones y las normas; y el fallo, los pronunciamientos.

La parte pide la aclaración «dentro del mismo plazo» que tiene el tribunal para hacerla de oficio, que se cuenta desde la publicación (art. 214.2). El complemento de una sentencia incompleta, en cambio, se pide desde la notificación (art. 215.2): es el gemelo que más se confunde.

La sentencia pone fin a la instancia «una vez que haya concluido su tramitación ordinaria» (art. 206.1.3.ª); lo que acaba antes reviste la forma de auto, salvo que la ley mande terminar por decreto, que entonces lo dicta el letrado de la Administración de Justicia. Por eso el distractor de la sentencia falla: poner fin a la instancia no basta.

La regla 2.ª del art. 206.1 manda dictar auto cuando se deciden recursos contra providencias o decretos. Que lo recurrido sea una providencia no hace que lo sea también la resolución del recurso; y el decreto y la diligencia de ordenación son del letrado de la Administración de Justicia, no del tribunal.