La adopción, las medidas judiciales de apoyo, la tutela y la curatela

La oposición de la persona con discapacidad, del fiscal o de un interesado pone fin al expediente (art. 42 bis b).5), y por eso tienta pensar que este también termina. Pero el mismo apartado lo excluye: no se considera oposición a esos efectos la que se refiere únicamente a la designación como curador de una persona concreta. El expediente sigue, y quién será curador lo decide el juez. Tampoco se hace contencioso: aquí la oposición que cuenta cierra el expediente, y el contencioso es una demanda aparte.

La apelación contra la resolución que constituye la tutela no tiene efectos suspensivos (art. 45.6), y la ley saca la consecuencia: mientras se sustancia, y aun si se insta después un proceso ordinario sobre lo mismo, el cuidado del menor y la administración de su caudal quedan a cargo del tutor electo, bajo las garantías que el juez considere suficientes. El defensor judicial no entra aquí: la ley lo prevé, por ejemplo, mientras se tramita la remoción del tutor (art. 49.2), no durante este recurso.

El art. 43.3 sienta la regla de los expedientes de tutela, curatela y guarda de hecho, que no exigen abogado ni procurador, y la exceptúa en dos: la remoción del tutor o curador y la extinción de los poderes preventivos, en los que «será necesaria la intervención de abogado». El nombramiento de tutor, la aprobación del inventario y la excusa del cargo siguen la regla.

El art. 50.1 fija quince días desde que el tutor o curador tiene conocimiento del nombramiento para alegar la causa de excusa que ya concurre. Si el motivo le sobreviene durante el ejercicio del cargo, puede alegarlo en cualquier momento, salvo las personas jurídicas, siempre que haya alguien de parecidas condiciones para sustituirle. Mientras se tramita la excusa, sigue obligado a ejercer la función (art. 50.3).

La regla común de la Ley 15/2015 es que la oposición no hace contencioso el expediente (art. 17.3), y por eso tienta seguir como jurisdicción voluntaria. Pero el art. 17.3 la deja a salvo de lo que la ley prevea expresamente, y para la adopción el art. 39.3 lo prevé: el expediente se hace contencioso, el letrado de la Administración de Justicia (en el texto, «Secretario judicial») cita a los interesados a una vista y se sigue lo previsto para el juicio verbal. No se archiva ni se espera a otra demanda.

El art. 42 bis b).2 dice qué aporta ese informe, y va en la línea del sistema de apoyos: la entidad informa sobre las eventuales alternativas de apoyo y sobre las posibilidades de prestarlo sin que la autoridad judicial adopte medida alguna. No examina la capacidad de la persona para gobernarse, que es la lógica de la antigua incapacitación y el distractor tentador, ni valora a los candidatos a curador o el patrimonio.

El art. 38.2 distingue según cómo se citó. A quien fue citado personalmente y no comparece se le aplica el apercibimiento: el trámite sigue sin más citaciones. La segunda citación «para dentro de los quince días siguientes» es el distractor tentador, pero solo procede cuando la primera no se hizo en la persona del citado. La incomparecencia no es oposición, así que no hace contencioso el expediente, ni lo suspende.

El art. 37.2 cierra la cuestión con la firmeza del decreto que dio por terminado el trámite: firme esa resolución, no se admite ninguna reclamación posterior de los mismos sujetos sobre la necesidad de su asentimiento para esa adopción. El momento procesal o una justa causa no la reabren, y el cauce para discutirlo ya existió: el recurso de revisión que la ley abre contra ese decreto, que no usaron.

El art. 42 bis a).4 parte de que la persona con discapacidad puede actuar con su propia defensa y representación. Si no es previsible que la designe, se pide un defensor judicial, y la ley dice cómo actúa: por medio de abogado y procurador. Tienta pensar que, como muchos expedientes de la Ley 15/2015 no exigen postulación, el defensor tampoco la necesite, pero aquí la norma la impone desde el principio.

El art. 40.3 pone la extinción de la adopción de un mayor de edad en sus manos: requiere su consentimiento expreso. No basta con oírle, que es el distractor tentador, porque sin su consentimiento no se extingue. La Entidad Pública protege a menores y no informa aquí, y el asentimiento es la figura de otras personas en la constitución de la adopción, no la del adoptado en su extinción.

El art. 35.1 da dos puertas: el escrito de propuesta de la Entidad Pública o la solicitud del adoptante cuando la ley le autoriza a pedirla sin esa propuesta (art. 176 del Código Civil). El fiscal no inicia este expediente. La declaración de idoneidad existe, pero la emite la Entidad Pública y se acompaña a la propuesta (art. 35.4); no es el escrito inicial ni la dicta el letrado. Y no hay demanda: es un expediente de jurisdicción voluntaria.

El art. 51.4 extiende a la rendición final de cuentas el trámite de los informes periódicos y le pone plazo: tres meses desde el cese en el cargo, prorrogables por el tiempo necesario si concurre justa causa. En ese trámite se oye además, si procede, al nuevo tutor o curador y a los herederos del asistido.

El art. 39.4 da apelación contra el auto que resuelve el expediente y le niega los efectos suspensivos, sin distinguir quién recurra: lo acordado se cumple mientras se resuelve. Quien piensa que un cambio de estado civil tan serio debe esperar a la firmeza cae en el efecto suspensivo, que la ley excluye; lo que sí espera a la firmeza es la inscripción en el Registro Civil (art. 39.5). Ni el fiscal ni los progenitores tienen un régimen distinto.

El art. 42 bis c).1 abre la revisión anticipada a dos grupos: cualquiera de los legitimados para promover el expediente (el fiscal, la propia persona, su cónyuge o pareja asimilable, sus descendientes, ascendientes y hermanos) y quien ejerza el apoyo. El fiscal está entre ellos, pero no en exclusiva; el letrado no la promueve de oficio, y la entidad pública de promoción de la autonomía informa en el expediente, pero no está legitimada para pedir la revisión.

El art. 42.4 reparte los papeles: consienten ante el juez el adoptante o adoptantes y el adoptado que tenga la edad para ello, y el cónyuge del adoptante, o la persona unida a él por análoga relación de afectividad, debe asentir. Consentir y asentir no son lo mismo: consiente quien adopta o es adoptado; asiente quien, sin ser parte de la relación, tiene que aceptarla. Ser oído sin que su parecer vincule es lo que la ley reserva al adoptado que aún no consiente.

El art. 42 bis b).5 permite al juez, aunque la oposición cierre el expediente, adoptar provisionalmente las medidas de apoyo que considere convenientes para la persona o su patrimonio. Son un puente hasta el juicio contencioso: se mantienen como máximo treinta días, salvo que antes se haya presentado la demanda. Las cifras mayores harían de lo provisional una medida estable sin proceso.

El art. 46.3 encarga la aceptación y la posesión al letrado de la Administración de Justicia: el nombrado acepta en acta otorgada ante él la obligación de cumplir los deberes del cargo, y el letrado acuerda darle posesión, le confiere las facultades de la resolución judicial y le entrega su certificación. El juez nombra y fija la fianza, pero no recibe la aceptación. Al Registro Civil va después el testimonio de la resolución y del acta (art. 46.5), no una escritura notarial.

El art. 34.1 acopla los dos rasgos en una sola frase: la tramitación es preferente y se practica con intervención del Ministerio Fiscal. Prescindir del fiscal no cabe: la adopción afecta al estado civil y al interés de un menor, que son justo los casos en que el art. 4 manda que intervenga. Y no es un expediente de turno ordinario: la ley le da preferencia.

El art. 47 deja el inventario en manos del letrado: fija día y hora para su formación, cita a los interesados y, si no hay oposición o una vez resuelta, lo aprueba. Al juez solo llega la controversia sobre la inclusión o la exclusión de bienes, que se ventila en una vista por los trámites del juicio verbal (art. 47.2), y el fiscal es citado, pero no aprueba. La ley dice «Secretario judicial»: hoy es el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015).

El art. 33 fija como foro principal la sede de la Entidad Pública que tenga encomendada la protección del adoptando; el domicilio del adoptante solo entra «en su defecto», cuando no hay Entidad Pública, y por eso Málaga es el distractor tentador. La residencia de la niña no es criterio en la adopción, y la competencia territorial de estos expedientes no admite elección (art. 2.2). La ley dice «Juzgado de Primera Instancia»: desde la LO 1/2025 es el Tribunal de Instancia, y en él la Sección de Familia, Infancia y Capacidad donde exista (art. 86.5 de la LOPJ).