La conciliación

El art. 145.3 admite la avenencia parcial: si hay conformidad en todo o en parte del objeto, se hace constar detalladamente en un acta lo acordado, que el acto terminó con avenencia y sus términos, y el acta la firman los comparecientes. Solo si no hay acuerdo alguno se hace constar que el acto terminó sin avenencia, y la ley no prevé suspender el acto para buscar uno total.

El art. 144.3 no hace esperar a nadie: el acto se celebra con quien ha venido, y en cuanto a los que no comparecen la conciliación se tiene por intentada, que es lo mismo que pasaría si faltara un requerido único. No se suspende para volver a citarlos, salvo que acrediten justa causa (art. 144.4), y el desistimiento es la consecuencia de que falte el solicitante, no los requeridos.

El art. 147.2 distingue dos casos. Si el asunto es de la competencia del juzgado que tramitó la conciliación, la ejecuta ese mismo juzgado; si no lo es, el Juzgado de Primera Instancia al que habría correspondido conocer de la demanda (hoy, la Sección Civil del Tribunal de Instancia). El juzgado que tramitó la conciliación es la respuesta tentadora, pero solo vale en el primer caso, y la ley no deja elegir el órgano ni atiende al domicilio de quien ejecuta.

El art. 142.1 da cinco días hábiles, contados desde el siguiente a la presentación, para que el letrado de la Administración de Justicia o el juez de paz decida sobre la admisión y cite a los interesados con día y hora. Los diez días son otra cifra del mismo artículo: el máximo que puede demorarse el acto desde la admisión (art. 142.2). La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 147.1 exige los dos testimonios juntos: el del acta y el del decreto del letrado de la Administración de Justicia o el auto del juez de paz que hace constar la avenencia. Con ellos se forma el título ejecutivo al que se refiere el art. 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así que no hace falta una demanda declarativa previa. El acta sola no basta, y la grabación del art. 145.4 documenta el acto, pero no es título. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 146 los pone siempre a cargo de quien promovió el acto, sea cual sea su resultado: no se reparten por mitad ni se cargan al requerido por no avenirse, y la ley tampoco los aplaza a lo que decida un pleito posterior. El requerido solo puede reclamar al solicitante algo más cuando este no comparece sin justa causa: los daños y perjuicios que le haya originado comparecer (art. 144.2).

El art. 147.1 separa dos planos: a efectos de ejecución, los testimonios del acta y de la resolución que hace constar la avenencia llevan aparejada ejecución; a otros efectos, lo convenido vale como un convenio consignado en documento público y solemne. No es una sentencia, porque nadie ha juzgado el fondo, ni una transacción homologada por el juez, y tampoco se queda en un simple contrato privado.

El art. 140.1 atribuye la conciliación al juez de paz o al letrado de la Administración de Justicia del domicilio del requerido; si no lo tiene en España, el de su última residencia en España. El del solicitante solo entra como fuero adicional cuando el requerido es una persona jurídica con delegación, sucursal, oficina abierta al público o representante autorizado en ese lugar, y la ley no deja elegir libremente ni atiende al lugar de la obligación. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia. Los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil son hoy las Secciones Civil y de lo Mercantil del Tribunal de Instancia.

El art. 144.2 permite al requerido que acudió en balde reclamar al solicitante ausente la indemnización de los daños y perjuicios que le originó comparecer, salvo que el solicitante acredite que faltó por justa causa. De la reclamación se da traslado por cinco días al solicitante y resuelve el letrado de la Administración de Justicia o el juez de paz, sin ulterior recurso. No son costas, porque los gastos del acto ya son siempre de quien lo promovió (art. 146), ni una multa: es una indemnización a favor del requerido. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 143 vincula el efecto a la presentación seguida de admisión: la prescripción, adquisitiva y extintiva, queda interrumpida, y con efectos desde el momento de la presentación, no desde la admisión. Es interrupción y no suspensión, porque el plazo vuelve a computarse desde el decreto del letrado de la Administración de Justicia o el auto del juez de paz que pone término al expediente, y no depende de que haya acuerdo.

El art. 139.1 sanciona el uso del expediente para fines distintos del suyo, cuando supone un manifiesto abuso de derecho o entraña fraude de ley o procesal, con la inadmisión de plano: la petición no llega a tramitarse. Tener la conciliación por intentada sin más trámites es lo que pasa en otros supuestos, como una cuestión de competencia o de recusación (art. 140.2) o una cuestión que impide seguir con el acto (art. 145.2), y ahí la petición sí se había admitido.

El art. 142.2 fija dos límites que se cruzan: entre la citación y el acto deben mediar al menos cinco días, y el acto no puede demorarse en ningún caso más de diez días desde la admisión. Los cinco días son un mínimo para que el citado pueda prepararse, no un máximo, y el tope de diez se cuenta desde la admisión, no desde la citación ni desde la presentación.

El art. 148.2 da quince días, contados desde que se celebró la conciliación, y la demanda se sustancia por el juicio que corresponda a su materia o cuantía. Los cuatro años son el plazo general de la acción de nulidad de los contratos en el Código Civil, el distractor tentador porque las causas sí son las de los contratos (art. 148.1); el plazo, en cambio, es el corto de esta ley. Mientras se resuelve, la ejecución de lo convenido queda en suspenso (art. 148.3).