La jurisdicción voluntaria: disposiciones generales

El art. 3.2 no impone abogado y procurador en todo expediente: los exige en aquellos en que la propia ley lo prevea, y deja a las partes que lo deseen actuar asistidas o representadas aunque no sea obligatorio. Que el expediente lo resuelva el juez o el letrado no cambia esa regla, ni la ley deja al juez decidirlo caso a caso. (El «Letrado» de la cita es el abogado, no el letrado de la Administración de Justicia.)

El art. 7 bis.1 abre todas las vías a la vez: los ajustes se hacen a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, y también de oficio por el tribunal, en todas las fases y actuaciones en que hagan falta, incluidos los actos de comunicación. Ninguna de esas vías excluye a las demás, así que fallan la opción que niega la actuación de oficio y la que solo la admite de oficio; y los actos de comunicación no son una excepción, sino una de las actuaciones que la ley nombra expresamente.

A falta de atribución expresa, el art. 2.3 reserva al juez los expedientes que afectan al interés público o al estado civil, los que precisan la tutela de normas sustantivas o pueden deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, y los que afectan a menores o a personas con discapacidad con medidas de apoyo; el resto los resuelve el letrado. La oposición de un interesado, la intervención del fiscal o la prueba propuesta no figuran en esa lista: no cambian quién decide.

El art. 6.1 resuelve la duplicidad por prioridad temporal: sigue el expediente que se inició primero y se archivan los incoados después. La acumulación es la trampa, porque la ley la prevé para expedientes distintos pero conexos; si el objeto es idéntico no hay nada que decidir junto, y sobra uno. Tampoco importa ante quién se tramite cada uno.

El art. 3.1 da la legitimación a los titulares de derechos o intereses legítimos y a quienes la ley se la confiera, pero lo dice «sin perjuicio de los casos en que el expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal». Hay, por tanto, dos vías además de la del interesado, y la ley no limita ninguna de ellas a los menores: lo que decide cuándo caben es la regulación de cada expediente.

El art. 2.2 deja la competencia territorial en manos del precepto que regula cada expediente y cierra la puerta a modificarla por sumisión, «expresa o tácita». El distractor tentador es el de la sumisión expresa, porque en muchos procesos civiles es el modo normal de elegir tribunal; aquí tampoco vale, ni pactada por escrito ni con el visto bueno del fiscal.

El art. 6.2 no deja que un expediente conviva con un proceso que tiene su mismo objeto: acreditada la demanda, se archiva el expediente y sus actuaciones se remiten al tribunal del proceso para que las incorpore a los autos. La suspensión es el distractor tentador, pero es la respuesta del art. 6.3 para otro caso: cuando existe un proceso contencioso cuya resolución solo pudiera afectar al expediente. Y acumular no cabe: un expediente no es acumulable a ningún proceso contencioso (art. 15.3).

El art. 3.2 hace necesaria en todo caso la actuación de abogado y procurador en dos supuestos: para recurrir en revisión o en apelación la resolución definitiva y «a partir del momento en que se formulase oposición». La admisión de la solicitud, la prueba o la intervención del Ministerio Fiscal no cambian la postulación; la oposición sí, porque el expediente pasa a tener a alguien enfrente.

El art. 1.2 define el expediente por dos notas: hace falta que intervenga un órgano jurisdiccional para tutelar derechos o intereses de Derecho civil y mercantil, y no existe una controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Por eso falla la idea tentadora de un «proceso rápido» entre partes enfrentadas: si hay litigio que resolver, el cauce es el proceso, no el expediente. La ley regula los expedientes que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales (art. 1.1), aunque otras normas atribuyan algunos a notarios y registradores.

El art. 8 hace de la Ley de Enjuiciamiento Civil el derecho supletorio de todos los expedientes, en todo lo no regulado por la Ley 15/2015. La oposición tienta porque cambia cosas en el expediente (la postulación, art. 3.2), pero no convierte la LEC en ley aplicable: lo que activa la LEC es el silencio de la Ley 15/2015, sea quien sea el que decide.