Las normas comunes de los expedientes de jurisdicción voluntaria

El art. 17.3 dice que la oposición no hace contencioso el expediente ni impide que continúe hasta su resolución, salvo que la ley lo prevea expresamente. Convertirlo en juicio verbal es el distractor tentador, porque la comparecencia se sustancia por los trámites de la vista del verbal (art. 18.2), pero eso es solo la forma del acto. La oposición tampoco archiva ni suspende el expediente: se da traslado de ella al solicitante y se sigue.

El art. 20.2 dice que la apelación no tiene efectos suspensivos, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario: lo resuelto se puede cumplir mientras se decide el recurso. La suspensión no es la regla, y la única salvedad es la que la ley disponga expresamente: el art. 20.2 no la liga a que el apelante preste caución ni a que el expediente afecte a un menor.

El art. 17.3 fija cinco días desde la citación para formular la oposición, y del escrito se da traslado inmediato al solicitante. No se reserva para el acto de la comparecencia, que es la idea tentadora porque allí se oye a los citados; quince días es la antelación mínima de la citación, no un plazo para oponerse, y diez días es el del informe escrito del fiscal.

El art. 15.1 prohíbe acumular expedientes cuya resolución corresponda a sujetos distintos; el mismo apartado encarga acordar la acumulación al juez o al letrado de la Administración de Justicia «según quien sea competente para conocer el expediente». Que estén ante distintos órganos no lo impide, porque el art. 15.2.b regula justo esa acumulación; puede pedirla también el Ministerio Fiscal, y que la resolución de uno pueda afectar al otro es precisamente la causa que la justifica. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 18.1 sitúa la comparecencia dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la solicitud, no a su presentación: entre una y otra media el examen de la competencia y de los defectos (art. 16). Los quince días son la antelación mínima con la que se cita (art. 17.3), una cifra distinta que se cuenta hacia atrás desde el acto.

La caducidad la declara el letrado de la Administración de Justicia por decreto (art. 21.2), y el art. 21.3 solo admite contra él recurso de revisión, que resuelve el juez. No cabe la reposición, que es para las resoluciones interlocutorias (art. 20.1), ni la apelación, que es para las resoluciones definitivas del juez (art. 20.2). La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 13 hace del capítulo una norma común de alcance general pero que cede: se aplica a todos los expedientes, en lo que no se oponga a las normas que regulen específicamente cada actuación. No queda reservado a los expedientes sin trámite propio, que es el distractor tentador, porque rige en todos y solo cede donde la norma específica dice otra cosa; tampoco prevalece sobre ella ni distingue según resuelva el juez o el letrado de la Administración de Justicia.

El art. 19.3 impide iniciar otro expediente sobre idéntico objeto una vez firme la resolución, salvo que cambien las circunstancias, y la regla vale también para los notarios y registradores en las materias concurrentes. Pero no cierra la vía judicial: el art. 19.4 permite un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto, y por eso falla la última opción, la más tentadora.

El art. 17.3 exige citar con al menos quince días de antelación, avisando a los interesados de que acudan con los medios de prueba de que intenten valerse. No hay que confundirlo con los treinta días en los que debe celebrarse la comparecencia, que se cuentan desde la admisión (art. 18.1), ni con los cinco días para oponerse, que corren desde la citación.

El art. 9.1 manda atender primero a los foros de los Tratados y demás normas internacionales en vigor para España. La Ley Orgánica del Poder Judicial entra solo en los supuestos que esos instrumentos no regulan: es supletoria, no prevalente, y ese es el distractor tentador. El lugar de los efectos principales es el criterio del art. 9.2, que sirve para elegir el órgano por el territorio una vez que ya se sabe que España es competente. La nacionalidad no es, por sí sola, el criterio de la ley.

El art. 17.2 evita la comparecencia cuando solo hay que oír al fiscal y no hay prueba: emite su informe por escrito en diez días. Los treinta y los quince días son cifras de la comparecencia (arts. 18.1 y 17.3), que aquí no se celebra; cinco días es el plazo de los interesados para oponerse (art. 17.3) y el de la resolución (art. 19.1), no el del informe del fiscal.

El art. 15.2.b manda que la discrepancia la resuelva, en todo caso, el Tribunal superior común. No la zanja ninguno de los dos órganos enfrentados, ni el que recibió la petición ni el del expediente más antiguo, y tampoco un órgano de gobierno como la Sala de Gobierno, que no ejerce jurisdicción sobre los asuntos.

El art. 11.1 abre la inscripción a las resoluciones definitivas, por exequátur o reconocimiento incidental o por el Encargado del registro que verifica los requisitos; esas dos vías son los distractores tentadores, pero no sirven a una resolución que aún no es definitiva. Tampoco la deja sin acceso: el art. 11.2 dice que para ella únicamente procede la anotación preventiva.

El art. 9.2 cierra el hueco con un criterio de eficacia: es competente el órgano del lugar donde los actos de jurisdicción voluntaria deban producir sus efectos principales o el de su ejecución. No atiende al domicilio del solicitante, que es el foro que parece natural, ni remite a los órganos de la capital ni a una designación gubernativa, que la ley no prevé.

El art. 14.3 ofrece un impreso normalizado o formulario cuando no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, y en ese caso no es necesario concretar la fundamentación jurídica de lo solicitado. El resto de la solicitud no se relaja: siguen haciendo falta los datos del solicitante con un domicilio para notificaciones, lo que se pide y la identificación de los interesados (arts. 14.1 y 14.2).

El art. 19.1 da cinco días desde que termina la comparecencia o, si no se celebró, desde la última diligencia practicada. Resuelve por auto el juez y por decreto el letrado de la Administración de Justicia, según a quién corresponda la competencia. No hay conclusiones escritas que abran el plazo: se formulan oralmente en la propia comparecencia (art. 18.2, regla 5.ª). La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.

El art. 12.3 dice que el reconocimiento «sólo» se denegará en cuatro casos: autoridad manifiestamente incompetente, manifiesta infracción de los derechos de defensa, efectos manifiestamente contrarios al orden público español y violación de un derecho fundamental o libertad pública de nuestro ordenamiento. La lista es cerrada: no permite revisar qué ley aplicó la autoridad extranjera, que es el distractor tentador, ni exige reciprocidad ni una nacionalidad concreta de los interesados.

El art. 17.2 cita a comparecencia en tres casos: si deben ser oídos interesados distintos del solicitante, si hay que practicar pruebas, o si quien resuelve la considera necesaria para resolver mejor. Que solo haya que oír al fiscal, sin prueba, es justo el caso contrario: el mismo artículo dice que entonces informa por escrito, y por eso es el distractor tentador. La petición del solicitante o el uso del impreso no figuran en la lista.

El art. 15.3 es tajante: los expedientes de jurisdicción voluntaria no son acumulables a ningún proceso jurisdiccional contencioso. El riesgo de resoluciones contradictorias, que es el distractor tentador, justifica la acumulación solo entre expedientes (art. 15.1). Y la última opción parte de una premisa falsa: la oposición de un interesado no hace contencioso el expediente (art. 17.3).

La regla 1.ª del art. 18.2 distingue: si falta el solicitante, se archiva el expediente teniéndole por desistido; si falta alguno de los demás citados, se celebra el acto y el expediente continúa. Esa segunda consecuencia es el distractor tentador, pero es la de los otros citados, no la de quien promovió el expediente. Lo acuerda quien deba resolverlo, el juez o el letrado de la Administración de Justicia. La ley todavía dice «Secretario judicial»; desde el 1 de octubre de 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado de la Administración de Justicia.