Los expedientes de Derecho sucesorio y de obligaciones

El art. 91.4 reparte la decisión: corresponde al juez, salvo los supuestos del número 1.º del apartado 1 —la renuncia del albacea a su cargo y la prórroga del plazo del albaceazgo—, que resuelve el letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial», nombre que cambió la LO 7/2015). La remoción, la rendición de cuentas y la autorización para actos de disposición son los números 2.º a 4.º, y esos los decide el juez: son los que pueden afectar a los derechos de herederos y legatarios.

La regla general del art. 94.1 lleva el expediente al último domicilio del causante, pero el mismo apartado tiene una regla especial: cuando el llamado a la herencia es un menor o una persona con medidas judiciales de apoyo, es competente el órgano del lugar en que este reside. No hay elección del solicitante; la mayor parte de los bienes solo cuenta si el causante tuvo su domicilio en el extranjero. Hoy es la sección civil del tribunal de instancia de ese lugar (la ley dice «Juzgado de Primera Instancia»).

El art. 95.3 hace recurrible la resolución en apelación «con efectos suspensivos». Es la excepción a la regla de las normas comunes, en las que la apelación contra la resolución definitiva de un expediente no suspende, salvo que la ley diga otra cosa (art. 20.2): aquí la ley lo dice, porque aceptar o repudiar una herencia no se puede deshacer. La revisión es el recurso contra lo que decide el letrado, y la reposición, contra las resoluciones interlocutorias (art. 20.1); esta es la resolución definitiva del juez.

Según el art. 99.4, si el acreedor autoriza la retirada, el letrado de la Administración de Justicia (en el texto, «Secretario judicial») archiva el expediente por decreto, el acreedor pierde toda preferencia que tuviere sobre la cosa y los copromotores y fiadores quedan libres (el art. 1181 del Código Civil, que dice lo mismo, habla de codeudores). El crédito no se extingue: el pago no se ha hecho. Y los gastos no son suyos: cuando el promotor retira la cosa consignada, los paga el promotor (art. 99.6).

El art. 99.1 pide acreditar el ofrecimiento de pago solo «si procediera», y «en todo caso» el anuncio de la consignación al acreedor y a los demás interesados en la obligación. La cosa debida se pone a disposición del órgano judicial con la propia solicitud, y luego puede designarse depositario al mismo promotor: no se exige ni caución ni depósito previo en un establecimiento.

El art. 97.1 lleva la fijación del plazo al juez del domicilio del deudor, pero si la relación es entre un consumidor o usuario y un empresario o profesional, y el deudor es este, la competencia puede corresponder también al del domicilio del acreedor, a elección de este. El lugar de cumplimiento de la obligación es el fuero de otro expediente, la consignación (art. 98.2). Hoy, ese juez es el de la Sección Civil del Tribunal de Instancia (la ley dice «Juez de Primera Instancia»).

El art. 92.1.c) aplica el expediente a la aprobación de la partición «cuando resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios». Basta con que uno no la confirme expresamente; no hace falta que la mayoría la rechace, y si todos la confirman, la aprobación sobra.

El art. 92.3 atribuye la tramitación y la decisión del expediente al letrado de la Administración de Justicia (la ley dice «Secretario judicial») de la sección civil del tribunal de instancia que corresponda, sin que intervenga el juez: ni lo decide ni aprueba lo que decide el letrado. Fuera del juzgado, el art. 1057 del Código Civil permite pedir el mismo nombramiento a un notario; aquí se ha pedido en sede judicial. Este contador dativo no es el contador del juicio de división de la herencia de la LEC, que se designa dentro de ese proceso: aquí no hay pleito, sino la falta de contador que prevé el Código Civil.

El art. 93.2.a) exige autorización judicial a los progenitores para repudiar en nombre de sus hijos menores de 16 años, o de los mayores de esa edad que, sin llegar a la mayoría, no prestan su consentimiento. Una hija de diecisiete que consiente queda fuera de los dos supuestos; el art. 166 del Código Civil pide que ese consentimiento conste en documento público, y aquí consta. Por debajo de los dieciséis, en cambio, su consentimiento no basta. La intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva en estos expedientes (art. 94.3), pero no dispensa de la autorización.