La naturaleza, el contenido y los principios del Registro Civil

El Registro Civil es único para toda España (3.1) y electrónico (3.2), y por eso sus datos van a una sola base de datos, con tratamiento automatizado. No hay una base por comunidad autónoma ni una por Oficina que luego se vuelque a la Central: las Oficinas trabajan sobre la misma base. Y los libros en papel eran el modelo de la ley de 1957, que esta sustituyó por un registro electrónico.

Los arts. 11 y 12 son dos listas paralelas, y la trampa es el verbo «promover», que sale en las dos. Promover la rectificación de los asientos (11.j) y promover la inscripción de los hechos que protegen a menores, mayores y otras personas (11.i) son derechos, como obtener certificaciones (11.d). El deber del art. 12.a es otro: promover la práctica de los asientos en los casos que la ley prevé. Dar datos veraces y exactos es el deber de la letra e).

La obligación es de los Encargados del Registro Civil. Notarios y registradores pueden aportar títulos que dan acceso al Registro, pero el art. 16 no les encarga la concordancia. Las personas tienen sus propios deberes (art. 12: comunicar los hechos, dar datos veraces), pero la ley no les encomienda velar por la concordancia. Y el Ministerio Fiscal no aparece en el art. 16.

La referencia es la Oficina, no la persona: se puede usar cualquier lengua oficial del lugar donde está la Oficina. Un gallego que acude a una Oficina de Bilbao puede usar el castellano o el euskera, pero no el gallego, que no es oficial allí; por eso fallan tanto el distractor del domicilio como el de «cualquier lengua cooficial en cualquier Oficina». Y la ley no distingue entre lo oral y lo escrito.

Todo lo que afecta a una persona va a su registro individual, uno detrás de otro y por orden de fecha. Las secciones por clase de hecho (nacimientos, matrimonios, defunciones…) y las notas al margen de la inscripción de nacimiento son el modelo de la ley de 1957, que esta abandonó al organizar el Registro por personas y no por hechos. Y la ley no ordena los asientos por importancia, sino en el tiempo.

Para lo que ocurre en el extranjero, el art. 10.1 pone primero la Oficina Consular de la circunscripción, pero añade que la inscripción «también» se puede solicitar y practicar en cualquiera de las Oficinas Generales. Es una alternativa libre: no hace falta que el consulado no pueda, y por eso falla el último distractor. Tampoco se ata a la Oficina del último domicilio en España, porque ninguna Oficina General tiene competencia territorial exclusiva.

El código personal lo genera el propio Registro Civil al abrir el registro individual, y no cambia nunca: por eso sirve para identificar a la persona aunque cambie su nombre, sus apellidos o la mención de su sexo, y el distractor que lo renueva con esos cambios dice justo lo contrario. No lo asigna el Ministerio del Interior al expedir el DNI, aunque la DA 7.ª le obliga a poner sus secuencias a disposición para elaborarlo, y no lo numera cada Oficina, porque el Registro es único y electrónico (art. 3).

Es el principio de inoponibilidad: en los casos que la ley prevé, lo que no está inscrito no perjudica a terceros, y lo inscrito les es oponible desde que entra en el Registro. Por eso el distractor de «desde que ocurren» dice lo contrario. La oponibilidad nace de la propia publicidad del Registro (art. 15), sin necesidad de publicarlo en el BOE ni de notificarlo a nadie.

La presunción de exactitud dura lo que dura el asiento: hasta que se rectifique o se cancele por el cauce legal. Impugnar el hecho ante un juez no la destruye por sí solo; por eso el art. 16.3 obliga a quien impugna a instar también la rectificación del asiento. No tiene plazo, y no cae con una prueba en contrario cualquiera, porque la inscripción es prueba plena (art. 17).

El art. 2.2 le da un objeto propio: el estado civil de las personas, más lo que la ley añada (el art. 4 lo concreta en la lista de inscribibles). El domicilio y la residencia son materia del padrón municipal, no del Registro Civil; el dominio y los derechos reales sobre inmuebles, del Registro de la Propiedad; y dar fe de los contratos es función del notario. Tres registros o fedatarios públicos vecinos, ninguno el que regula esta ley.

Lo que ocurre en España se inscribe aquí sea cual sea la nacionalidad de quien lo protagoniza: el art. 9 no distingue entre extranjeros residentes o no, ni entre ciudadanos de la Unión y de fuera. Que el consulado del país de origen lo anote además en su propio registro no quita la inscripción española. Lo que ocurre fuera de España se inscribe solo cuando lo exige el Derecho español (segundo párrafo del mismo artículo).

El registro individual se abre con el nacimiento o, si no es eso lo primero que llega, con el primer asiento que se practique: un extranjero nacido fuera que se casa en España no tiene nacimiento inscrito y su registro se abre con el matrimonio. Por eso el distractor de «siempre con el nacimiento» es falso. Que te den el DNI no abre el registro individual, y una certificación da publicidad de lo inscrito, no lo inscribe.

El Registro es público (15.2), pero eso no lo abre a cualquiera de forma anónima: para los datos de otra persona hace falta que conste quién los pide y que tenga un interés legítimo. No se exige el consentimiento del inscrito ni un parentesco. Y quedan fuera de ese régimen general los datos especialmente protegidos, con su acceso restringido (15.4, que remite a los arts. 83 y 84).