Las Oficinas del Registro Civil y su dependencia

Instruir el expediente previo de matrimonio y expedir los certificados de capacidad para casarse en el extranjero es la función 4.ª de los Registros Consulares. Las otras tres son de vecinos: la cooperación internacional y la inscripción del fallecimiento de extranjeros al servicio de las Fuerzas Armadas son de la Oficina Central (art. 21), y las instrucciones vinculantes, de la Dirección General (art. 26). Sobre la legislación extranjera, el Consulado no dicta nada: la comunica a la Dirección General (función 5.ª).

Con más de un Encargado, la relación de puestos de trabajo considera uno de los puestos como Encargado coordinador, a efectos de organización interna y de reparto de tareas. Lo decisivo es «sin relevación de funciones»: el coordinador sigue haciendo el trabajo de Encargado, así que no queda relevado como dice el distractor de la antigüedad, que además no es el criterio. Las instrucciones para el reparto las aprueba la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pero no asigna los asuntos uno a uno.

Las oficinas colaboradoras no tienen Encargado: para sus funciones se relacionan con la Oficina General y el Encargado de su ámbito territorial, que puede delegar en el funcionario de los Cuerpos Generales de superior categoría destinado en ellas o en el funcionario local que designe el Ayuntamiento. Por eso no lo es el juez de paz, aunque la oficina sea la secretaría de su juzgado. Y no dependen de la Oficina Central: la DA 5.ª las enlaza con la Oficina General de su ámbito, y entre las funciones de la Central (art. 21) no está esa.

Son tres clases y ninguna más: la Oficina Central, las Oficinas Generales y las Oficinas Consulares, todas bajo el Ministerio de Justicia. No existen Oficinas «provinciales»: la Oficina General no se asienta en la provincia sino en la capital del partido judicial (art. 22.1). Y los «Registros Civiles Municipales» eran la planta de la ley de 1957, que la Ley 20/2011 sustituyó; lo que hoy hay en los municipios sin Oficina General son oficinas colaboradoras (DA 5.ª), que no son una clase de Oficina del Registro Civil.

La fe de vida es la letra e) de la DA 5.ª. Lo que distingue a las oficinas colaboradoras es que no resuelven: reciben y registran solicitudes, informan, expiden ciertas certificaciones y practican actuaciones auxiliares «no resolutivas». Tramitar y resolver expedientes y practicar inscripciones son funciones de las Oficinas Generales (art. 22.3), y el expediente previo de matrimonio en el extranjero lo instruyen las Consulares (art. 24).

El art. 20.3 no ata la presentación al domicilio ni al lugar del hecho: la solicitud y la documentación se presentan ante cualquier Oficina del Registro Civil o se remiten electrónicamente, así que puede hacerlo en Oviedo sin acreditar nada. Limitarla a la Oficina de su domicilio es el error tentador, y no lo dice la ley. El mismo apartado añade que también pueden presentarse en las Oficinas Colaboradoras.

La función 3.ª de la Oficina Central es subsidiaria: actúa si el sistema registral del Estado donde se produjo el fallecimiento no practica la inscripción. Ni la petición de la familia, ni la residencia previa, ni la red consular del Estado de origen entran en la condición. Y la inscripción no se queda en España: se traslada después al Registro del Estado del que fuera nacional la persona fallecida.

El art. 25 la define como centro directivo y consultivo: dirige (dicta instrucciones, supervisa, planifica) y responde consultas (art. 26). No es la Oficina Central, que es una de las tres clases de Oficina (art. 20) y practica inscripciones; y lo que resuelve son recursos administrativos previstos en la ley, no recursos judiciales. El texto vigente conserva el nombre de «Dirección General de los Registros y del Notariado»; hoy esas funciones son de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que es como ya la nombran el art. 22 y las DA 2.ª y 5.ª.

Decide siempre el Ministerio de Justicia, por dos vías: de oficio, con informe previo de la comunidad autónoma afectada, o a iniciativa de esa comunidad. El distractor que invierte los papeles es el tentador: la comunidad autónoma informa o toma la iniciativa, pero no modifica. No intervienen ni el Consejo General del Poder Judicial ni las Salas de Gobierno, porque el Registro Civil es un servicio que depende del Ministerio (art. 20.1).

La función 2.ª las declara vinculantes sin más condición: ni publicación previa en el BOE ni distinción entre Oficinas. Por eso la DA 2.ª.4 considera falta disciplinaria incumplirlas cuando derivan de la supervisión e inspección. El artículo aún dice «Dirección General de los Registros y del Notariado»; hoy es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

La DA 6.ª pide uniformidad: todas las Oficinas usan los mismos sistemas y aplicaciones, y las provee el Ministerio de Justicia, en su desarrollo y en su explotación, también en las comunidades con competencias. Lo que hacen esas comunidades, junto con el Ministerio, es coordinarse para dar el acceso a los sistemas, el soporte microinformático, la formación y la atención a usuarios. El Consejo General del Poder Judicial no interviene: el Registro Civil depende del Ministerio (art. 20.1).