El nombre y los apellidos

Quien adquiere la nacionalidad conserva sus apellidos en forma distinta de la legal si lo declara al adquirirla o en los dos meses siguientes a la adquisición o a la mayoría de edad, y con un único límite de fondo: que no sean contrarios al orden público internacional. No se exige un tiempo de uso. La nacionalidad de otro Estado de la Unión es el supuesto del segundo párrafo del art. 56, que trata de otra cosa: el reconocimiento de los cambios voluntarios hechos allí.

Al nacido de filiación desconocida le impone nombre y apellidos el propio Encargado del Registro Civil, y han de ser de uso corriente: como la filiación es la que determina los apellidos (art. 49.2), sin filiación no hay de dónde tomarlos. Ni la entidad de protección, ni el Ministerio Fiscal, ni un juez son quienes los fijan.

La primera de las limitaciones del art. 51 es numérica: no más de dos nombres simples o uno compuesto. Un compuesto ya agota el cupo, así que no caben dos compuestos ni un simple más un compuesto, y tres simples superan el límite. Estas limitaciones se interpretan restrictivamente, porque la regla es la libre elección del nombre.

El art. 57.3 permite al propio interesado solicitar el cambio de nombre y de apellidos desde que es mayor de dieciséis años, sin exigir mayoría de edad, emancipación ni asistencia de sus representantes. La asistencia de los representantes es lo que la Ley 4/2023 pide para la rectificación de la mención del sexo entre los catorce y los dieciséis años, no para esto.

El 54.4 dispensa del uso habitual (letra a) a quien cambia un apellido contrario a la dignidad o que ocasione graves inconvenientes, pero le sigue exigiendo que el apellido le pertenezca legítimamente (b) y que los resultantes no provengan de la misma línea (c). Es justo lo contrario del 54.3, el apellido de quien acogió al interesado, donde basta el uso habitual y se dispensan b) y c).

El cambio de nombre lo autoriza el Encargado mediante procedimiento registral, previa declaración del interesado, y la prueba que exige la ley es el uso habitual del nuevo nombre. Que el nombre actual sea contrario a la dignidad no es requisito del cambio de nombre (la dignidad aparece en el 54.4, para el apellido); el «uso corriente» es lo que exige el art. 50.3 a los nombres que impone el propio Encargado.

La ley lo dice expresamente: la inscripción del cambio de nombre y apellidos tiene carácter constitutivo, es decir, el cambio nace con la inscripción y no antes. Por eso no puede ser declarativa ni voluntaria. Las declaraciones con valor de simple presunción son otra figura de la ley, propia de los expedientes registrales, no de este asiento.

El art. 51.3.º prohíbe imponer al nacido el nombre de un hermano o hermana con idénticos apellidos, pero hace una excepción expresa: que ese hermano haya fallecido. La razón de la prohibición es evitar que dos personas vivas tengan la misma identidad, y con el hermano fallecido desaparece. No hace falta añadir otro nombre ni pasar por un expediente.

El orden que se fija en la primera inscripción de nacimiento vale para los hermanos posteriores con idéntica filiación (art. 49.2): los progenitores eligen una sola vez y todos sus hijos comunes llevan los apellidos en el mismo orden. No se vuelve a acordar con cada nacimiento, y el Encargado solo decide el orden cuando no hay acuerdo en esa primera inscripción.

Desde la Ley 4/2023, el art. 51.2.º dice expresamente que la correspondencia del nombre con el sexo o la identidad sexual no tiene relevancia para decidir si la identificación resulta confusa. Eso no deja al Encargado sin más límite que la dignidad: sigue pudiendo rechazar un nombre que haga confusa la identificación por otro motivo, solo que no por ese. Y las limitaciones se interpretan restrictivamente.

El art. 50.4 trata aparte la traducción del nombre propio: basta que la pida el interesado o su representante legal, y el encargado sustituye el nombre por su equivalente en cualquiera de las lenguas españolas, sin condición de residencia. Probar el uso habitual es lo que exige el cambio de nombre del art. 52, que es otra cosa: elegir un nombre distinto, no el mismo en otra lengua. La Orden ministerial es la vía excepcional del art. 55 para apellidos o identidad.