La publicidad del Registro Civil, los recursos y los expedientes

Aunque la resuelva una Dirección General, la impugnación no va a lo contencioso-administrativo, sino a la jurisdicción civil: al Juzgado de Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del recurrente, por el cauce del art. 781 bis de la LEC. La excepción son las de nacionalidad por residencia, que sí van a lo contencioso (art. 87.2). El texto aún llama al órgano «Dirección General de los Registros y del Notariado»; hoy es la de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

El plazo es de un mes, y el recurso es el único que cabe («sólo podrán»). Va ante la Dirección General que el texto aún llama «de los Registros y del Notariado» y que hoy es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. No hay que confundirlo con los seis meses que tiene esa Dirección General para resolver (art. 86.2), ni con los dos meses del recurso contencioso-administrativo.

La presunción alcanza a ascendientes y descendientes hasta el segundo grado: padres e hijos, abuelos y nietos. Más allá, quien pida el acceso tiene que justificar su interés legítimo ante el juez, como cualquier otro solicitante.

La letra a) del art. 83.1 protege la filiación adoptiva y la desconocida; la matrimonial no, aunque también sea filiación. La lista sigue con la discapacidad y las medidas de apoyo, ciertos cambios de apellido e identidad, la rectificación del sexo, las causas de privación o suspensión de la patria potestad y el matrimonio secreto. La vecindad civil y la nacionalidad se inscriben, pero no están en esa lista.

La regla general es la rectificación judicial (art. 90), y por eso la primera opción es la tentadora. Pero el art. 91.1 abre, «no obstante», un procedimiento registral para tres casos: las menciones erróneas, los errores que vienen de un documento público o eclesiástico rectificado después y las divergencias entre la inscripción y los documentos con los que se practicó, que es este. No hace falta recurso ni basta con anotarlo.

En vida, el acceso lo autoriza el propio inscrito o quien le represente o le preste apoyo. Muerto el inscrito, la ley lo pasa a un juez y precisa cuál: el de Primera Instancia del domicilio de quien lo pide, no el del fallecido, y siempre que justifique interés legítimo y razón fundada. El Encargado no puede autorizarlo, y los datos no quedan cerrados para siempre.

Para la rectificación, el art. 88.1 da una regla propia: la tramita el Encargado de la Oficina que practicó el asiento, sea cual sea el domicilio del interesado. Los demás procedimientos registrales los tramita el Encargado de la Oficina donde se pretende hacer el asiento. Que el procedimiento sea registral deja fuera al juez, que interviene en la rectificación judicial del art. 90.

El domicilio de los apátridas es la letra c) del art. 92.1. La nacionalidad también está en la lista, pero solo «si no consta en el Registro Civil»: si ya está inscrita, no hay nada que presumir. La muerte de un desaparecido se declara en su propio expediente de declaración de fallecimiento, que tiene su propia inscripción, y la residencia legal de un extranjero no es un estado civil ni figura en la lista.

El art. 80.2 dice «sólo» y da dos supuestos: que los datos no obren ya en poder de la Administración o que sea imposible obtenerlos directamente por medios electrónicos. Lo normal es que la Administración acceda ella misma a los datos (art. 80.1, 1.ª), no que se los pida al ciudadano. Por eso no basta con que el procedimiento afecte al estado civil, ni con que su norma incluya el certificado entre los documentos que se aportan: el «sólo» deja fuera cualquier otro motivo.

Los cambios de apellido autorizados por ser víctima de violencia de género, o descendiente suyo, son la letra c) de la lista de datos especialmente protegidos del art. 83.1. La protección la da la ley directamente: no depende de que la acuerde un juez ni de que siga vigente una orden de protección. Por eso tampoco rige el régimen general de publicidad, y solo ella, sus representantes legales o quien ella autorice pueden acceder a ese asiento (art. 84).