Los actos procesales: las actuaciones, las resoluciones y la comunicación

El art. 50 manda redactar después el encabezamiento, los hechos probados y el fallo íntegro, pero de la motivación basta «la mera referencia» a la pronunciada de viva voz, que se da por reproducida porque queda en el soporte audiovisual del acto. No se transcribe ni se vuelve a motivar; tampoco se omite del todo, que es la trampa de «Nada: la motivación queda solo en la grabación».

El art. 52 añade a lo que toda resolución dice de sus recursos algo propio del orden social: los depósitos y las consignaciones que sean necesarios para recurrir y la forma de hacerlos, porque su falta puede cerrar el recurso. Los motivos del recurso no se indican en la resolución: son cosa de quien recurre. Tampoco se fijan ahí las costas.

El art. 60.2 permite practicar los actos de comunicación con una persona jurídica en sus delegaciones, sucursales, representaciones o agencias de la población donde radica el órgano que conoce del asunto, «aunque carezcan de poder para comparecer en juicio» quienes estén al frente. La ley no exige autorización del administrador ni que falte el domicilio social en España.

El último párrafo del art. 43.4 declara hábiles, para las acciones laborales derivadas de los derechos de la Ley Orgánica 1/2004, los dos periodos que la regla general del orden social hace inhábiles: el mes de agosto y los días del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos inclusive. La ley no distingue entre los dos: no hay ninguno de los dos que siga siendo inhábil.

El art. 61 declara nulas las comunicaciones que no se ajustan a la ley, pero las salva si el interesado se dio por enterado o si consta de forma suficiente su conocimiento, «procesal o extraprocesal», de los elementos esenciales de la resolución. Basta que conste, y el efecto se produce desde ese momento, no desde el intento defectuoso. Exigir además que comparezca sin denunciar la nulidad es la regla de la LEC (art. 166.2), no la del orden social.

El art. 43.3 hace perentorios e improrrogables todos los plazos y términos del proceso social, con una sola salvedad: los señalados para dictar resolución. Los de las partes son justo los que no se prorrogan, y solo se suspenden y se abren de nuevo en los casos taxativos de las leyes. Que una modalidad tenga agosto hábil (43.4) cambia el calendario, no la prorrogabilidad de sus plazos.

El art. 56.5 remite las comunicaciones electrónicas al art. 162 de la LEC para quienes están obligados a ellas o las eligen, pero cierra una puerta propia del orden social: no cabe obligar contractualmente al trabajador a esa relación electrónica. Es coherente con el art. 44, que le deja elegir en todo momento si usa medios electrónicos.

Según el art. 53.2, el domicilio y los datos designados en el primer escrito surten plenos efectos, y las notificaciones intentadas en ellos sin efecto son válidas mientras la parte no facilite otros: mantenerlos actualizados es carga procesal suya y de sus representantes. Por eso no hay que averiguar el nuevo domicilio ni acudir a los edictos.

El art. 54.2 permite notificar, cuando así se mande, a quienes la resolución afecte o tengan interés legítimo, y fija lo que se les notifica en especial: además de la resolución que pone fin al proceso, la admisión a trámite y el señalamiento de la vista, que es lo que les permite acudir a tiempo. Las medidas cautelares y la prueba admitida no están entre las que la ley nombra.

El art. 54.3 no suprime la notificación: permite retrasarla, con una resolución motivada y solo durante el tiempo indispensable para lograr la efectividad de la medida. Esperar a la sentencia sería omitirla, no demorarla, y los edictos son para quien no se encuentra (art. 59), no para ocultar una medida a quien sí se encuentra.

El art. 43.4 declara inhábiles en lo social agosto y los días del 24 de diciembre al 6 de enero, salvo en una lista cerrada de modalidades, y la impugnación de las altas médicas está en ella. De la Seguridad Social solo entra el alta médica: las demás prestaciones, como la incapacidad permanente, siguen el calendario común. La impugnación de sanciones y el procedimiento de oficio tampoco figuran en la lista.

El art. 48.1 cuenta el plazo desde la notificación de que los autos están a disposición del interesado, no desde que los recoge: así la parte no alarga el plazo tardando en ir a buscarlos. La entrega física puede sustituirse por un soporte informático o por el acceso telemático, pero eso cambia la forma de entregar, no el inicio del plazo.

El art. 45.1 fija el lugar de esa presentación: el servicio común procesal creado a tal efecto y, donde no exista, la sede del órgano judicial. Los registros administrativos y la oficina de correos valen para escritos dirigidos a la Administración, no para los escritos procesales sujetos a plazo. Tampoco vale el órgano de guardia (45.2).

El art. 50 solo obliga a la sentencia escrita cuando en el procedimiento no interviene «abogado ni graduado social»: basta que intervenga uno de los dos para que el juez pueda pronunciarla de viva voz. «No: sin abogado, la sentencia ha de ser escrita» es la regla del juicio verbal de la LEC (art. 210.3), que solo nombra al abogado. La renuncia a recurrir no es requisito de la sentencia oral, sino lo que permite declararla firme en el acto.

El art. 60.4 resuelve cómo se comunica con un órgano colectivo sin personalidad propia: la diligencia se entiende con su presidente o su secretario y, si faltan, con cualquiera de sus miembros. No hace falta notificar a cada miembro, y el empresario, que suele ser la parte contraria, no es el cauce.

El despido es una de las modalidades en las que agosto no es inhábil, y el art. 43.4 extiende la excepción a todo el proceso: «tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso o de ejecución». No hace falta habilitar nada: los días ya son hábiles por ley. La excepción no se queda en la instancia, que es la idea que hace caer.

El art. 57.2 permite entregar la copia o la cédula sin constituirse en el domicilio del interesado: a los parientes, familiares, empleados o porteros que nombra el 57.1, y también a quien, por su relación con el destinatario, pueda garantizar el eficaz cumplimiento del acto. Dejarla en la oficina no es entregarla a nadie, y fijarla en la puerta no es una forma de comunicación de la ley.

El art. 49.3 permite dictar resoluciones orales al juez, al tribunal y al secretario judicial —hoy, el letrado de la Administración de Justicia— durante el juicio u otros actos que presidan. Se documentan en el acta, con el fallo y una motivación sucinta, sin necesidad de un decreto escrito posterior. La renuncia a recurrir es lo que permite declarar firme en el acto una sentencia oral (art. 50), no un requisito de la resolución oral.

El art. 50 prevé que, si todas las partes están presentes y debidamente asistidas o representadas y expresan su decisión de no recurrir, la firmeza se declara en el mismo acto. Fuera de ese caso, el plazo para recurrir cuenta desde que se notifica la sentencia redactada, que es la situación de «La sentencia será firme cuando se notifique ya redactada». La sentencia oral se redacta igualmente después, con su encabezamiento, hechos probados y fallo.

El art. 43.6 manda que, a efectos del plazo para recurrir, la fiesta local o autonómica que medie en las actuaciones conste por diligencia: así queda en los autos que ese día no cuenta y nadie tiene que probarlo después. No es una carga de la parte que recurre, ni se publica en un tablón.