La evitación del proceso y los principios del proceso social

El art. 68.1 hace de lo acordado título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación ante el juez o tribunal, y se ejecuta por los trámites del libro IV de la ley. No hace falta ni ratificación ni homologación, y no se pasa por un proceso declarativo: quien no cumple puede ser ejecutado directamente.

El art. 75.3 no manda al perjudicado a un pleito aparte ni a otro orden: reclama la indemnización ante el juzgado o tribunal que está conociendo o conoció del asunto principal (hoy, la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia o la Sala que corresponda). El domicilio del causante no decide nada aquí, y la Sala de Gobierno solo interviene en la alzada contra la multa del art. 75.4.

El art. 73 da a la reclamación previa el mismo doble efecto que a la conciliación: interrumpe la prescripción y suspende la caducidad. La caducidad se reanuda al día siguiente de notificarse la resolución o de transcurrir el plazo en que debe entenderse desestimada; si se reanudara al presentarla, la suspensión no serviría de nada, y el recibo de presentación solo acredita la fecha.

Cuando la lesión nace de la inactividad o de una vía de hecho, el art. 70 no hace correr el plazo desde la reclamación ni desde que empezó la inactividad: lo inicia transcurridos veinte días desde la reclamación, igual que cuando se interpone potestativamente un recurso administrativo. No hay que esperar a una resolución expresa.

El art. 65.1 reanuda el cómputo al día siguiente de intentada la conciliación o, si no se celebra, transcurridos quince días hábiles desde la presentación. Los treinta días hábiles son otra cosa: el plazo del art. 65.2 tras el cual el procedimiento se tiene por terminado y el trámite por cumplido.

El art. 64.1 enumera los procesos exceptuados del intento de conciliación o mediación, y la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas está en la lista. El despido individual, la reclamación de salarios y la impugnación de sanciones no figuran en ella, así que exigen el intento previo; del despido solo se exceptúa la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores, lo que hace tentador el despido disciplinario.

El art. 75.5 reparte las medidas por destinatario: apremios pecuniarios a las partes y multas coercitivas a los demás intervinientes o terceros, en los términos del art. 241.2 y 3, con posibilidad de ser oídos en justicia. Cambiarlas de sitio es la trampa; la ley no prevé ni la condena automática en costas ni la pérdida de la prueba.

El art. 66.3 tiene la conciliación por intentada sin efecto y hace pagar a quien no compareció sin causa justificada las costas, con los honorarios del abogado o graduado social contrario hasta seiscientos euros, si la sentencia coincide esencialmente con lo pedido en la papeleta. No basta una condena parcial, no depende de que se pidan en el juicio, y la incomparecencia que cuenta es la de la conciliación previa, no la del art. 84 ante el letrado de la Administración de Justicia.

Pasados treinta días hábiles sin celebrarse el acto, sin iniciarse la mediación o sin acuerdo en ella, el art. 65.2 da por terminado el procedimiento y por cumplido el trámite, de modo que se puede demandar sin esperar más. No obliga a presentar otra solicitud ni a una nueva citación, y el trámite no queda pendiente: esa es justo la garantía frente a la inactividad del servicio.

La caducidad quedó suspendida al presentar la papeleta, y el art. 65.1 la reanuda al día siguiente de intentada la conciliación: si el acto se celebró el día 9, el cómputo sigue el 10, con lo que quedaba del plazo. El día siguiente a la presentación es cuando empezaría a correr si la solicitud no suspendiera nada; la entrega del acta o su comunicación a la empresa no son el día que fija la ley.

El art. 72 vincula el proceso a lo que se discutió en la vía previa: no caben variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos, salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. Que la entidad callara no levanta la vinculación, y negar también los hechos nuevos olvida la salvedad.

El art. 64.2.b exceptúa del intento previo los supuestos en que, en cualquier momento del proceso, después de dirigir la papeleta o la demanda contra unas personas, haga falta dirigirla o ampliarla frente a otras distintas. Por eso no hay que volver a conciliar con la segunda empresa. La opción que limita la excepción a antes de la contestación falla en eso: la ley dice «en cualquier momento del proceso».

El art. 65.4 manda tramitar la impugnación y el recurso de anulación de los laudos del orden social sin procedimiento especial por los trámites del procedimiento ordinario, y solo por exceso, vicio esencial de procedimiento o infracción de normas imperativas. No se acude a la acción de anulación de la Ley de Arbitraje, que es la de los laudos civiles, ni a la modalidad de conflicto colectivo aunque el laudo resuelva uno, ni a la oposición a la ejecución.

La reclamación previa ante la entidad gestora es requisito para demandar en materia de prestaciones (art. 71.1), y la propia norma exceptúa la impugnación de las resoluciones expresas de alta médica dictadas al agotarse los trescientos sesenta y cinco días de la incapacidad temporal. La incapacidad permanente, la viudedad o la jubilación siguen la regla, y también el alta médica dictada antes de agotarse esos trescientos sesenta y cinco días: primero, reclamación previa.

La extinción del contrato por voluntad del trabajador (art. 50 del Estatuto de los Trabajadores) no está en la lista del art. 64.1 y exige el intento previo de conciliación o mediación. El disfrute de vacaciones, la movilidad geográfica y los procesos monitorios sí están exceptuados. La trampa es la lista del art. 43.4, la de las modalidades en que agosto es hábil: allí la extinción del art. 50 sí aparece, pero esa lista no es la de las excepciones a la conciliación.

Las altas médicas tienen plazos propios y más cortos en el art. 71: once días para reclamar (71.2), siete para que la entidad conteste (71.5) y veinte para demandar (71.6). Treinta días es el plazo general de la reclamación previa en las demás prestaciones.

Según el art. 69.1, la notificación que trae el texto íntegro pero omite alguno de los demás requisitos (si es definitiva, los recursos, el órgano y el plazo) mantiene suspendida la caducidad e interrumpida la prescripción, y solo surte efecto cuando el interesado realiza actuaciones que suponen conocer el contenido y alcance de la resolución, o interpone el recurso que proceda. Llevar el texto íntegro no basta, y no hay un plazo fijo que la convalide.

El art. 70 dispensa de agotar la vía administrativa la demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones en materia laboral y sindical: la regla general de demandar a una Administración después de agotarla (art. 69) cede aquí, sin condiciones. Dispensar no es prohibir: la ley admite que se interponga potestativamente un recurso administrativo, y entonces fija desde cuándo corre el plazo. Tampoco hay reclamación previa, que es el trámite de las prestaciones de Seguridad Social (art. 71). La contrapartida es un plazo corto, que corre desde el día siguiente a la notificación del acto.

El art. 71.6 fija treinta días para demandar en materia de prestaciones y los reduce a veinte en las altas médicas. Siete días es el plazo de la entidad para contestar la reclamación en las altas, y once el del interesado para presentarla.

Aunque demande a una Administración, el despido es una acción sujeta a caducidad, y el art. 69.3 no le aplica el plazo general de la demanda contra la Administración (art. 69.2), sino veinte días hábiles (o el especial que corresponda) desde el día siguiente al acto.