La conciliación ante el letrado y el juicio

El art. 86.2 deja que el juicio continúe hasta el final; solo si el juez considera que el documento pudiera ser decisivo para el fondo, suspende las actuaciones posteriores y concede al interesado un plazo de ocho días para acreditar que presentó la querella. La suspensión dura hasta la sentencia o el auto de sobreseimiento de la causa criminal, que cualquiera de las partes debe comunicar. Cinco días es otro incidente del mismo capítulo: la audiencia a las partes antes de elegir el procedimiento testigo (art. 86 bis.1).

El art. 89.1 remite la documentación de las actuaciones orales a los arts. 146 y 147 de la LEC y encarga a la oficina judicial incorporar la grabación al expediente judicial electrónico. Si los sistemas no lo proveen, la custodia del soporte corresponde al letrado de la Administración de Justicia. El juez preside el acto, pero no custodia la grabación, y las partes solo pueden pedir, a su costa, copia o acceso electrónico.

El art. 85.3 exime de reconvención la compensación de deudas vencidas y exigibles cuando no se formula pretensión de condena reconvencional, y en general cuando el demandado solo busca ser absuelto: basta alegarla en la contestación a la demanda. El anuncio previo en la conciliación o la mediación solo se exige si la deuda no es líquida y necesita determinación judicial. Y no hace falta esperar a la ejecución para oponerla.

El art. 84.1 dice que la conciliación alcanzada ante el letrado de la Administración de Justicia, y los acuerdos que él aprueba, tienen «a todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial». No es la conciliación previa ante el servicio administrativo (art. 63), que se intenta antes de demandar; tampoco necesita que el juez la homologue, porque la aprueba el letrado por decreto, y no es una sentencia: se lleva a efecto por los trámites de ejecución de sentencias (art. 84.5), lo que no la convierte en una.

El art. 86.4 parte de que tramitar otro procedimiento social no suspende el proceso, salvo en los supuestos de la propia ley y sin perjuicio de la litispendencia. Admite una excepción: a solicitud de ambas partes, puede suspenderse hasta la resolución firme del otro procedimiento cuando en él deba resolverse lo que constituye el objeto principal del primero. No basta la petición de una sola parte, ni que el juez aprecie de oficio una conexión.

El art. 84.3 atribuye la aprobación del acuerdo alcanzado ya en el juicio al juez, la jueza o el tribunal ante el que se obtuvo, mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. El decreto del letrado de la Administración de Justicia es para la avenencia en la conciliación o el acuerdo anterior al juicio (art. 84.1). Abierto el juicio, el letrado no recibe las actuaciones para aprobarlo, y la ley no pide oír antes al Ministerio Fiscal.

El art. 83.3 dice que la incomparecencia injustificada del demandado a la conciliación no impide celebrar los actos de conciliación y juicio, que continúa «sin necesidad de declarar su rebeldía». La ausencia puede costarle después una sanción en la sentencia, en los términos del art. 97.3, pero no suspende nada. La rebeldía es la figura tentadora, pero el art. 83.3 dice que el juicio sigue sin necesidad de declararla. Y faltar no equivale a admitir los hechos de la demanda.

El art. 84.3 manda al letrado de la Administración de Justicia, si la conciliación anticipada del art. 82 termina sin acuerdo, dejar constancia en el acta de los aspectos controvertidos que lo han impedido, y advertir a las partes, en los términos del art. 81, de las cuestiones procesales que podrían suspender el juicio, como terceros que deban ser llamados o la situación concursal de alguno de los intervinientes. No se trata de señalar a un culpable ni de recoger su propia propuesta, y la prueba se propone en el juicio.

El art. 84.1 distingue dos casos. Si el acuerdo viene firmado digitalmente por todas las partes, se dicta decreto en el plazo máximo de tres días. Si no, se cita a las partes a una comparecencia, en un plazo máximo de cinco días, para ratificarlo y firmarlo. Aquí el acuerdo llega firmado por todas, así que no hace falta comparecer: rige el plazo de tres días para el decreto del letrado de la Administración de Justicia.

El art. 86.1 es tajante: «En ningún caso» se suspende el procedimiento social por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos. El juez social los valora por sí mismo. La única vía de suspensión penal es la de la falsedad de un documento que pueda ser decisivo (art. 86.2), que aquí no se alega; y si después la sentencia penal absuelve por inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto, queda abierta la revisión (art. 86.3). Ni la petición de una parte ni la prisión provisional cambian la regla.

El art. 87.4 exige que las conclusiones fijen, de manera líquida, las cantidades objeto de la petición de condena. Si la parte no lo hace, el juez «deberá requerirles para que lo hagan», y nunca puede reservarse esa determinación para la ejecución de sentencia, que es justo la opción tentadora. Tampoco se le tiene por desistido ni se condena sin más por lo que decía la demanda: la cifra la concreta la parte a la vista de la prueba.

El art. 83.1 permite suspender los actos de conciliación y juicio, a petición de ambas partes o por motivos justificados, «por una sola vez». Pero añade enseguida la salvedad: excepcionalmente, y por circunstancias trascendentes adecuadamente probadas, cabe una segunda. Por eso no se suspende una vez por cada causa, ni el acuerdo de las partes da derecho a dos suspensiones, ni basta acreditar un motivo cada vez para suspender sin límite.

El art. 86 bis.1 obliga al órgano que tiene pendientes muchos procesos con idéntico objeto y la misma parte demandada, no acumulables o no acumulados, a tramitar con preferencia uno o varios «atendiendo al orden de presentación de las respectivas demandas», previa audiencia de las partes por cinco días, y a suspender los demás. La ley no deja la elección a la cuantía, al acuerdo de los demandantes ni al azar.

El art. 85.3 solo deja reconvenir a quien la hubiera anunciado en la conciliación previa al proceso, o en la contestación a la reclamación previa o resolución que agote la vía administrativa, expresando en esencia los hechos y la petición. La empresa calló en la conciliación, así que no puede reconvenir en el juicio. La competencia y la conexión son condiciones que se añaden a ese anuncio, no lo sustituyen, y la conformidad del demandante no salva el requisito.

El art. 84.6 fija para la acción de impugnación un plazo de caducidad de treinta días, que para las partes cuenta desde la fecha de celebración de la conciliación. Pero el tercero perjudicado no estuvo allí, y por eso para él el plazo cuenta «desde que pudieran haber conocido el acuerdo». La fecha de celebración es la trampa, porque es la regla general. Ni la firmeza ni la notificación del decreto marcan el inicio: al tercero no se le notifica.

El art. 87.2 da a la parte proponente un remedio en el mismo acto: hacer constar su protesta contra la inadmisión de cualquier medio de prueba, diligencia o pregunta. En el acta se consignan la prueba pedida, la resolución denegatoria, su fundamentación y la protesta, todo a efectos del recurso contra la sentencia. Las diligencias finales las acuerda el juez una vez terminado el juicio (art. 88), y la queja es un recurso contra la inadmisión de otros recursos, no de pruebas.

El art. 88.3 prevé que, si la diligencia final consiste en el interrogatorio de una parte o en que aporte un documento, y esa parte no comparece o no lo presenta sin causa justificada en el plazo fijado, pueden estimarse probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la prueba acordada. La ley no prevé aquí una multa ni una nueva citación, ni declarar la rebeldía, ni reabrir el juicio.

El art. 85.1 ordena el juicio: dada cuenta de lo actuado, se resuelve en primer término, de forma oral, motivada y oídas las partes, sobre las cuestiones previas que se formulen y los recursos u otras incidencias pendientes. Solo «a continuación» el demandante ratifica o amplía su demanda. La fijación de los hechos conformes viene después de las cuestiones procesales (art. 85.6), y la prueba, más tarde todavía (art. 87).

El art. 85.7 distingue: con allanamiento total se dicta sentencia condenatoria conforme a lo que pide el actor; con el parcial puede dictarse auto aprobatorio, que se lleva a efecto por los trámites de la ejecución definitiva parcial, y el juicio sigue sobre lo no allanado. No es una ejecución provisional, porque lo allanado no depende de lo que se decida después, ni hay que esperar a la sentencia sobre el resto.

El art. 83.2 reparte la consecuencia según el acto al que falte el actor: si es la conciliación, lo tiene por desistido de su demanda el secretario judicial —hoy, el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)—; si es el juicio, el juez o tribunal. Por eso es tentador poner al juez, pero aquí el actor falta ya a la conciliación, que preside el letrado. Sin justa causa no hay suspensión ni nueva citación, y tampoco se juzga el fondo sin él. Ojo: esta es la conciliación del art. 84, dentro del proceso, no la previa ante el servicio administrativo del art. 63.