La jurisdicción y la competencia del orden social

El art. 5.4 distingue: contra el auto que declara la falta de jurisdicción o de competencia caben los recursos de la ley; si el auto la afirma, «la cuestión podrá suscitarse de nuevo en el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior». No queda cerrada en ese momento, y no hace falta recurrir el auto para poder volver sobre ella.

El art. 4.3 solo deja que una cuestión prejudicial penal suspenda el plazo para resolver cuando concurren dos cosas a la vez: que se base en falsedad documental y que su solución sea «de todo punto indispensable» para dictar la resolución. No basta la falsedad si resolverla no es indispensable, ni que sea indispensable si el delito es otro, y que pueda influir en el fallo no es lo que pide la ley. Fuera de ese caso, la cuestión la decide el propio órgano social (art. 4.1 y 2).

La letra e) del art. 2 lleva al orden social la impugnación de las actuaciones de las Administraciones en prevención de riesgos laborales respecto de todos sus empleados, «bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral», que actúan en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena. Aquí ser funcionaria no lleva el asunto al contencioso-administrativo, y la ley no lo parte: la reclamación de los daños por el incumplimiento también está dentro. Las competencias de la Inspección de Trabajo quedan a salvo, pero no deciden el orden.

El art. 3.f) excluye del orden social los actos en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con ella, y los de gestión recaudatoria de la Tesorería General; la letra s) del art. 2, que trae al social los demás actos en materia de Seguridad Social, los exceptúa expresamente. Unir el acta de liquidación a una de infracción no cambia nada: la vinculada con la liquidación está en la misma exclusión. Y la ley no distingue por el número de trabajadores afectados.

El art. 5.5 cuenta la suspensión desde la presentación de la demanda: lo que el trabajador consumió del plazo antes de demandar no lo recupera, pero el tiempo que el asunto pasa ante un órgano sin jurisdicción no le corre. No se cuenta desde que se dicta ni desde que se notifica el auto, y la fecha del despido es cuando empieza a correr la caducidad, no cuando se suspende.

Contra una Administración pública empleadora, el art. 10.1 cambia el fuero del domicilio del demandado por el del demandante: es competente «el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste». La regla general —lugar de los servicios o domicilio del demandado— es la que hace tentador Madrid. El domicilio de la Administración solo manda para quien presta servicios en el extranjero. Hoy esos juzgados son las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia.

El art. 3.g) excluye del orden social la responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras, de los organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas por los daños causados por la asistencia sanitaria, «aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad». Que la asistencia sanitaria sea una prestación pública es lo que hace tentador el «Sí»; pero la exclusión alcanza a todos los demandados y no depende de la situación del paciente en la Seguridad Social.

El art. 13.1 prohíbe suscitar cuestiones de competencia «entre jueces y tribunales subordinados entre sí» y remite al art. 52 de la LOPJ, por el que el superior fija su propia competencia. El juez de lo social —hoy, el de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia— está subordinado a la Sala de lo Social de su Tribunal Superior, así que no hay cuestión que nadie tenga que decidir. Lo del Ministerio Fiscal no lo dice la ley.

El art. 9.d) da a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo las demandas de error judicial cuando el órgano al que se imputa pertenece al orden social, «salvo cuando éste se atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones»: solo entonces va a la Sala del art. 61 de la LOPJ. Un Tribunal Superior de Justicia no es ese caso, y la ley no deja la demanda dentro del propio Tribunal Superior.

El art. 8.1 lleva a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en única instancia, los procesos de las letras f), g), h), j), k) y l) del art. 2 de ámbito superior a una comunidad autónoma y, tratándose de laudos, los que impugnen uno cuyo asunto le «hubiera correspondido» conocer. El criterio es de espejo: el laudo se impugna donde se habría litigado el asunto sin arbitraje. No cuentan la sede del árbitro, quién lo dicta ni lo que pacten las partes.

El art. 14 remite la tramitación de las cuestiones de competencia a la LEC, con dos salvedades. La primera: las declinatorias «se propondrán como excepciones y serán resueltas previamente en la sentencia, sin suspender el curso de los autos». Es lo contrario de la LEC, en la que la declinatoria se propone por escrito antes de contestar, suspende el proceso y se resuelve por auto; en lo social, el juicio sigue.

El art. 10.2.c) fija un fuero propio: «En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el juzgado que dictó la sentencia de despido», que hoy es la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia que la dictó. Aquí no juegan las reglas generales del lugar de los servicios o del domicilio, ni la sede de la Administración demandada.

Cuando un Tribunal Superior tiene varias Salas de lo Social, como en Andalucía, el art. 11.3 resuelve el caso de efectos que alcanzan a varias de ellas sin salir de la comunidad: «conocerá la que corresponda según las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia». La ley no da preferencia a la sede, a la que conoció primero ni al número de afectados.

El art. 7.a) atribuye a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia los despidos colectivos impugnados por los representantes de los trabajadores conforme al art. 124 «cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una Comunidad Autónoma». La regla no tiene suelo: aunque el despido no salga de una provincia, no baja a la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia. Si pasara de una comunidad autónoma, sería de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (art. 8.1). Y la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no conoce de estos despidos en única instancia.

La letra o) del art. 2 incluye las cuestiones litigiosas sobre la valoración, el reconocimiento y la calificación del grado de discapacidad, y también la dependencia de la Ley 39/2006, «teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración» que las relativas a las prestaciones de la Seguridad Social. Que el grado lo reconozcan los servicios sociales es lo que empuja hacia el contencioso-administrativo, pero la ley lo trae al social sin condicionarlo al origen de la discapacidad ni a que haya pensión.

La segunda regla del art. 14 permite al demandante, estimada la declinatoria, deducir su demanda ante el órgano territorialmente competente, y protege la caducidad: el plazo se entiende suspendido «hasta que la sentencia que estime la declinatoria quede firme». No basta con que se dicte o se notifique la sentencia, y la reanudación no espera a que el nuevo órgano admita la demanda.

El art. 1 lleva al orden social, además de las pretensiones de la rama social del Derecho, las impugnaciones de lo que hacen las Administraciones en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las materias laborales y de Seguridad Social. No se limita a la Administración como empleadora ni a las sanciones: cuenta la materia, no quién actúa ni con qué acto. Y no basta con que el acto afecte a un trabajador: si la materia no es laboral ni de Seguridad Social, no entra.

El art. 15 separa quién instruye y quién decide. Si el recusado es un Juez de lo Social —hoy, juez de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia—, instruye un magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior designado por turno de antigüedad (15.2.c), y decide la Sala de lo Social de ese Tribunal «en Pleno, si no estuviera dividida en Secciones o, en caso contrario, la Sección primera» (15.3.g). El magistrado por turno es el instructor, y de ahí la confusión.

El art. 5.3 exige, para declarar de oficio la falta de jurisdicción o de competencia, tanto por auto como al dictar sentencia, la «previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días». No se oye solo al demandante: a él se le previene después, en el propio auto, de ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho (art. 5.1).

El art. 8.2 da a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, «con independencia de su ámbito territorial de afectación», los actos de las letras n) y s) del art. 2 dictados por órganos de la Administración General del Estado de nivel de Ministro o Secretario de Estado con carácter originario. Que la empresa solo opere en Murcia es lo que hace tentador el Tribunal Superior de esa comunidad, pero aquí no cuenta el territorio, sino el nivel del órgano. Y como la sanción es laboral, no va al contencioso-administrativo.