Las partes, la representación y la defensa

Con empresas en concurso, ya declaradas insolventes o desaparecidas, el art. 23.2 manda al secretario judicial —hoy el letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)— citar como parte al Fondo de Garantía Salarial y darle traslado de la demanda, para que asuma sus obligaciones legales. Fuera de esos casos el Fondo puede personarse por su cuenta en cualquier fase (art. 23.1), que es lo que hace tentadora la opción de que solo interviene si quiere. Y no se le notifica solo la sentencia: también la admisión, el señalamiento y las demás resoluciones de las que puedan derivarse responsabilidades para él.

El art. 21.2 exige al demandante que haga constar en la demanda que comparecerá asistido de abogado, representado por graduado social o por procurador, con los datos de contacto del profesional, y la falta de ese requisito supone la renuncia de la parte a valerse de ellos en el acto del juicio. Que la defensa sea facultativa en la instancia (art. 21.1) quiere decir que puede elegir ir con abogado, no que pueda decidirlo el mismo día sin avisar: el aviso existe para que la otra parte pueda igualar fuerzas. Por eso tampoco se suspende el juicio.

El art. 16.5 dice quién comparece por cada sujeto sin personalidad jurídica. Por las comunidades de bienes y los grupos, quienes aparezcan, de hecho o de derecho, como sus organizadores, directores o gestores, y solo en su defecto como socios o partícipes, sin perjuicio de la responsabilidad que les pueda corresponder. No cuenta la cuota de cada comunero, no hace falta que comparezcan todos juntos y el juez no nombra a nadie para el proceso.

El art. 18.1 enumera tres formas de otorgar el poder: la comparecencia ante el letrado o letrada de la Administración de Justicia, el registro electrónico de apoderamientos apud acta y la escritura pública. El documento privado no está entre ellas, por habitual que sea fuera del proceso. Solo para el representante común añade el art. 19.2 una vía más, la comparecencia ante el servicio administrativo de conciliación, mediación o arbitraje.

El art. 16.2 da capacidad procesal a los trabajadores de dieciséis y diecisiete años para los derechos que nacen de su contrato de trabajo y de la relación de Seguridad Social, cuando pueden contratar sin autorización o la obtuvieron conforme a la legislación laboral, civil o mercantil. Los salarios nacen de su contrato, así que comparece él mismo. Que sea menor empuja a pensar en sus padres, pero la comparecencia por representantes legítimos del art. 16.4 es para quien no está en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y en este ámbito la ley le da capacidad propia. Tampoco necesita abogado: en la instancia la defensa es facultativa (art. 21.1).

El art. 22.2 atribuye la representación y defensa de las Entidades Gestoras y de los Servicios Comunes de la Seguridad Social a los letrados de la Administración de la Seguridad Social, aunque para supuestos determinados cabe conferirla por las reglas generales del art. 18 o designar abogado al efecto. El Estado y los demás entes del sector público van por otro camino, el de la LOPJ y la ley de asistencia jurídica al Estado a las que remite el art. 22.1; y el Ministerio Fiscal interviene donde la ley lo prevé (art. 17.4), sin representar a esas entidades.

El art. 24.2 manda dictar decreto que haga constar la subrogación —lo dicta el secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia (DA 1.ª de la LO 7/2015)— y notificarlo a los trabajadores afectados o a sus representantes, a quienes se ofrece constituirse como ejecutantes en el plazo de quince días por los créditos que conserven frente a la empresa. Lo que se obtenga se reparte a prorrata entre el Fondo y los trabajadores, en proporción a sus créditos.

El art. 17.2 legitima al sindicato con implantación suficiente para accionar en cualquier proceso en que estén en juego intereses colectivos de los trabajadores, con una condición: que exista un vínculo entre el sindicato y el objeto del pleito. La autorización de los trabajadores es de otro supuesto, el del art. 20, en el que el sindicato defiende en nombre de sus afiliados sus derechos individuales. Ni la representatividad estatal ni los representantes unitarios en la empresa son lo que pide este precepto.

El art. 17.5 abre la legitimación, con autorización expresa de la persona afectada, a sindicatos, partidos, asociaciones LGTBI y otras organizaciones para defender a las víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Pero cierra el apartado con una excepción: en los litigios sobre acoso discriminatorio por esas causas, la persona acosada es la única legitimada. Por eso no basta la autorización expresa, que es la regla general del apartado y la trampa de la pregunta, ni los fines de la asociación, ni que la trabajadora renuncie a demandar.

El art. 21.2 da al demandado los dos días siguientes al de su citación para el juicio para comunicar por escrito al órgano judicial —hoy la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia, por la LO 1/2025— que irá con abogado, graduado social o procurador, con los datos de contacto del profesional. Así el actor, que ya debía decirlo en su demanda, puede igualar fuerzas: designar abogado en otro plazo igual, valerse de graduado social o de procurador o pedir abogado del turno de oficio.

Para el representante común, el art. 19.2 cierra la lista: ha de ser necesariamente abogado, procurador, graduado social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. El cónyuge de uno de ellos podría representar a un solo trabajador, porque el art. 18.1 admite a cualquier persona en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, pero no ser el representante común. El comité de empresa y el gestor administrativo tampoco están en la lista.

El art. 18.1 permite a las partes comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que esté en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. No hace falta ser profesional ni que el juez lo autorice: lo que la ley pide a la representante es esa capacidad. Otra cosa es el representante común de los actores que demandan juntos, para el que el art. 19.2 sí cierra la lista.

El art. 19.3 prevé que, si alguno de los citados en forma no asiste a la comparecencia, se procede igualmente a designar al representante común y se entiende que quien no comparece acepta el nombramiento efectuado por el resto. No hay nueva citación ni desistimiento, y nadie nombra un representante de oficio. Quien no quiera ese representante tiene otra salida: expresar su voluntad justificada de comparecer por sí mismo o con un representante propio (art. 19.4).