La prueba, la sentencia y el proceso monitorio

El art. 97.2 exige que la sentencia declare expresamente los hechos probados y que en los fundamentos de derecho haga referencia a los razonamientos que la han llevado a esa conclusión, en particular cuando no recoge lo consignado en un documento público con presunción legal de certeza. La ley no le pide un informe previo, ni suspender el plazo, ni un pronunciamiento sobre el documento en el fallo: le pide que lo motive.

El art. 90.2 solo admite contra esa resolución el recurso de reposición, y lo concentra en el acto: se interpone, se da traslado a las demás partes y se resuelve oralmente en el mismo juicio o comparecencia. La reposición por escrito en tres días es la ordinaria del art. 187.1 ante un órgano unipersonal, no esta. No cabe revisión ni suplicación directa, aunque la parte conserva el derecho a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en el recurso que proceda contra la sentencia.

El art. 96.2 pone esa prueba a cargo de los deudores de seguridad y de los concurrentes en la producción del resultado lesivo: son ellos quienes deben probar que adoptaron las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, y cualquier factor que excluya o reduzca su responsabilidad. El informe de la Inspección que el juez puede recabar (art. 95.4) es un medio de prueba y no traslada la carga. Además, no exonera la culpa no temeraria del trabajador ni la que responde al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que este inspira.

El art. 91.1 manda proponer verbalmente las preguntas del interrogatorio de parte, sin admisión de pliegos. La ley cierra la puerta al escrito sin matices: ni en el acto, ni antes de él, ni a elección de quien interroga. El art. 92.1 dice lo mismo de los testigos, para los que no se admiten escritos de preguntas y repreguntas.

El art. 90.7 permite valorar en la sentencia la negativa injustificada de la persona afectada a las actuaciones acordadas, para tener por probados los hechos que se pretendía acreditar con esa prueba y también para apreciar temeridad o mala fe. La ley no la convierte en un desistimiento ni manda suspender el proceso; y precisamente porque la negativa tiene ese efecto, no se queda en una prueba perdida sin consecuencias.

El art. 95.5 permite a la parte interesada proponer que la persona jurídica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los hechos en los diez días anteriores al juicio. El informe se presenta hasta el momento del acto del juicio, sin previo traslado a las partes, y puede acordarse su ampliación como diligencia final. Precisamente porque el conocimiento no se puede atribuir a una persona concreta, la ley no acude al testigo, al interrogatorio de parte ni a un perito.

El art. 90.3 permite solicitar diligencias de preparación de la prueba al menos con diez días de antelación a la fecha del juicio. El plazo baja a tres días solo cuando el señalamiento deba hacerse con una antelación menor, que no es el caso. Y pedirlas a tiempo no asegura su práctica: el juez decide sobre su admisión o inadmisión en el acto del juicio.

El art. 91.5 encaja la declaración de los administradores, gerentes o directivos que actuaron en nombre de la empresa persona jurídica privada dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta actuaron, como conocedores personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal. Declarar como testigo es la excepción: la acuerda el juez por la naturaleza de su intervención y su posición en la empresa, porque ya no presta servicios en ella o para evitar indefensión. No interviene como perito ni pasa a ser parte.

El art. 97.1 da al juez o tribunal cinco días para dictar sentencia, que se publica inmediatamente y se notifica a las partes o a sus representantes dentro de los dos días siguientes. Las dos cifras del precepto son de dos actos distintos: los cinco días son para dictarla y los dos, para notificarla. Tres días es otro plazo del juez: el de resolver sobre la admisión de una demanda cuyos defectos no se subsanaron (art. 81.2).

El art. 94.2 obliga a aportar los documentos que una parte tiene en su poder en dos casos: cuando la contraria los propuso como medio de prueba y el juez la admitió, y cuando es el propio juez quien requiere su aportación. No basta con pedirlos por escrito antes del juicio, la trabajadora no tiene que probar que no puede conseguirlos por su cuenta y la Inspección de Trabajo no interviene en esto.

El art. 99 permite que, cuando se reclaman prestaciones o cantidades periódicas, la sentencia condene también a pagar las que se devenguen después de dictarse, para que el trabajador no tenga que volver a pleitear cada mes. La condena no se corta en la fecha de la demanda, en la del juicio ni en la de la sentencia.

El art. 93.1 lleva la pericial al acto del juicio: los peritos presentan allí su informe y lo ratifican. Lo que no necesita ratificación son los informes, las actuaciones de expedientes y la demás documentación administrativa cuya aportación es preceptiva según la modalidad procesal, que no son una pericial de parte. No hay una comparecencia previa ante el letrado de la Administración de Justicia para practicarla.

El art. 98.1, bajo el principio de inmediación, dice que si el juez que presidió el acto del juicio no puede dictar sentencia, el juicio deberá celebrarse nuevamente. No basta con que el sustituto sentencie viendo el acta o la grabación, ni con repetir una parte de la prueba o pedir conclusiones escritas. Para las Salas de lo Social, el apartado 2 remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Otra cosa es que el juez haya sido trasladado o jubilado: entonces sigue sentenciando los pleitos a cuya vista asistió (art. 256 LOPJ).

El art. 100 obliga al empresario a abonar al demandante que comparece personalmente los salarios del tiempo necesario para asistir a la conciliación y el juicio, a cualquier comparecencia judicial y a la conciliación o mediación previa. No depende de ganar el pleito ni de lo que diga el convenio. Lo pierde si se declara que obró de mala fe o con temeridad. La otra salvedad, la de quien debía otorgar representación conforme al art. 19 y no fue requerido de asistencia personal, la deja fuera el enunciado.

El art. 101.a) manda dar traslado del requerimiento al Fondo de Garantía Salarial por el mismo plazo de diez días que tiene el empresario, y ampliárselo por otros diez días más si manifiesta que necesita hacer averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial. La ley no suspende el monitorio ni lo convierte en ordinario por eso, ni requiere a nadie más que al empresario. El Fondo también puede oponerse: el monitorio solo termina por decreto si no se oponen ni él ni el empresario.

El art. 90.4 reserva al juez o tribunal la autorización para acceder a documentos o archivos que puedan afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental, y le exige hacerlo mediante auto, previa ponderación de los intereses afectados con un juicio de proporcionalidad y siempre que no haya medios de prueba alternativos. La providencia no es la forma que pide la ley, y la decisión no es del letrado de la Administración de Justicia, ni por decreto ni por diligencia.

El art. 92.2 dice que en el proceso social los testigos no podrán ser tachados, ni antes ni después de declarar: a diferencia del proceso civil, aquí no hay tacha. Lo que queda a las partes es hacer, únicamente en conclusiones, las observaciones oportunas sobre las circunstancias personales del testigo y la veracidad de lo que dijo. La recusación tampoco es una vía contra un testigo.

El art. 101.f) permite al demandante, cuando la oposición se limita a una parte de lo reclamado, pedir que se dicte auto acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas. Ese auto es título de ejecución, que puede instarse con un simple escrito sin esperar a lo que se resuelva sobre la cantidad controvertida. No hace falta un nuevo requerimiento, y no es el letrado de la Administración de Justicia quien lo resuelve por decreto.

El art. 101.d) prevé que, formulada la oposición, se dé traslado al demandante por tres días; si las partes no solicitan vista, los autos pasan al juez para dictar resolución fijando la cantidad concreta por la que despachar ejecución. La vista por los trámites del procedimiento ordinario solo se convoca si alguien la pide. La oposición no obliga al trabajador a presentar una demanda nueva, como ocurre en el monitorio civil cuando la cuantía excede de la del juicio verbal, y la cantidad no la fija el letrado de la Administración de Justicia, sino el juez.

El art. 95.2 permite al órgano judicial oír o recabar informe de la comisión paritaria del convenio cuya interpretación se discute. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social aparece en el mismo artículo, pero para otros procesos: el apartado 4 la prevé en los derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Ni la autoridad laboral ni los servicios de mediación tienen ese papel en el art. 95.