Las prestaciones de la Seguridad Social

El art. 140.3 hace urgente y preferente el proceso de impugnación del alta médica, y su letra c) manda señalar la vista dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda. Diez días es la antelación mínima que el art. 82.1 exige, con carácter general, entre la citación y los actos de conciliación y juicio: aquí no rige ese ritmo.

El art. 142.2 manda que la resolución que admite la demanda pida el informe a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, sobre las circunstancias del accidente o la enfermedad, el trabajo que se hacía, el salario y la base de cotización; y si no llega a tiempo, el letrado de la Administración de Justicia reitera la petición antes del juicio. A la Tesorería General se la oye en otro trámite del mismo artículo, el del apartado 1. La mutua es parte interesada en la contingencia, no quien informa sobre ella.

El art. 140.3.d) cierra la puerta a cualquier acumulación en este proceso, y nombra precisamente la reclamación de diferencias de prestación económica por incapacidad temporal. Que deriven de la misma baja es lo que hace tentador el «sí», pero la ley la excluye de forma expresa. Lo que sí hace la sentencia que estima indebida el alta es reponer a la beneficiaria en la prestación que venía percibiendo, mientras no concurra una causa de extinción.

El art. 147.3.b) da a las afirmaciones de hechos de la comunicación el valor de hacer fe salvo prueba en contrario, y pone la carga de la prueba en el empresario demandado. No es una prueba plena que cierre el debate, y no depende de lo que diga el trabajador, que es parte en el proceso pero no puede pedir su suspensión, y sin cuya asistencia el procedimiento sigue de oficio (147.3.a).

El art. 141.1 permite a las entidades gestoras y a la Tesorería General personarse y ser tenidas por parte con plenitud de alegación y defensa, recurso incluido, en los pleitos de prestaciones y en los demás en que tengan interés por sus competencias, pero sin que su intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones. Por eso ni hay vuelta a la admisión ni suspensión: la Tesorería se incorpora al proceso en el punto en que está.

El art. 146.2.b) exceptúa de la regla general del 146.1 las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo, y por cese de actividad de los autónomos, siempre que se hagan dentro del plazo máximo de un año desde la resolución que no fue impugnada. Pasado ese año, la excepción ya no ampara a la entidad.

El art. 142.1 prevé que, si el empresario no presenta el documento de cobertura en el plazo del requerimiento, el juez, vistas las circunstancias y oyendo a la Tesorería General, acuerde el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio y las medidas cautelares necesarias. Es una medida de aseguramiento, no una condena anticipada: quién responde de la prestación se decide en la sentencia, y el juicio no se suspende por ello.

El art. 146.1 prohíbe a las entidades gestoras, y también al Fondo de Garantía Salarial, revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio de los beneficiarios: deben pedir la revisión ante el Juzgado de lo Social —hoy la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia— con una demanda contra la beneficiaria. La declaración de lesividad no es su vía: el art. 151.10 la admite para que una Administración impugne sus propios actos declarativos de derechos, y ante el orden social, no ante lo contencioso-administrativo, pero deja fuera expresamente la revisión de las prestaciones por las entidades gestoras, que se rige por los arts. 146 y 147. Ni la audiencia previa ni un informe interno convierten la revisión en propia.

El art. 145 manda notificar la falta de remisión del expediente, y cualquier otro incumplimiento de la obligación de colaborar con el proceso, al director de la entidad gestora u organismo gestor, a los efectos de la posible exigencia de responsabilidades disciplinarias. Lo notifica el secretario judicial, hoy letrado de la Administración de Justicia. A la Inspección de Trabajo se le comunica otra cosa: la sentencia firme en la impugnación de prestaciones por desempleo (art. 147.5).

El art. 140.2 manda que el secretario judicial —hoy letrado de la Administración de Justicia (disp. adic. 1.ª de la Ley Orgánica 7/2015)— disponga la subsanación en cuatro días: si se subsana, se admite la demanda, y si no, da cuenta al tribunal para que resuelva sobre la admisión. Diez días es el plazo que el art. 147.2 da a la entidad gestora para subsanar la comunicación con la que impugna las prestaciones por desempleo, no el de esta omisión.

El art. 143.2 obliga al organismo requerido a informar de oficio si conoce otras demandas con pretensiones sobre el mismo acto o actuación, para hacer posible la acumulación de oficio o a instancia de parte. A las personas interesadas no las identifica la entidad en un informe: es el tribunal el que, a la vista del expediente, dispone su emplazamiento (art. 143.3).

El art. 146.2.c) permite revisar en cualquier momento, sin acudir al juez, el reconocimiento de una prestación de muerte y supervivencia cuando el beneficiario ha sido condenado por sentencia firme por un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas y la víctima era el causante; y reclamar lo cobrado por ella. Las demás opciones son errores de derecho al reconocer la prestación: no son errores materiales, de hecho ni aritméticos, así que su revisión en perjuicio del beneficiario queda en la regla general del 146.1.

El art. 140.3.a) dirige la demanda exclusivamente contra la entidad gestora y, en su caso, contra la colaboradora en la gestión. Al servicio público de salud solo hay que demandarlo cuando el alta la emitieron sus servicios médicos, y a la empresa, solo cuando se cuestiona la contingencia: aquí el alta es de la entidad gestora y la contingencia no se discute, así que ninguno de los dos es parte necesaria.

El art. 144.3 permite tener por probados los hechos alegados por el demandante cuya prueba fuera imposible o de difícil demostración por medios distintos del expediente. No hay una segunda suspensión ni archivo, que premiarían a quien no colabora, y tampoco un allanamiento: la entidad no pierde el pleito por eso, solo carga con la prueba de esos hechos.

El art. 146.3 hace prescribir a los cuatro años la acción de revisión del apartado 1, y el 146.4 añade que la sentencia que declara la revisión es inmediatamente ejecutiva. Cinco años es el plazo de prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones en la Ley General de la Seguridad Social (art. 53.1), que no es el de esta acción procesal.